Las declaraciones ofrecidas este lunes por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre las investigaciones que involucran a dirigentes del sector extremista de la oposición trascienden la disputa partidista cotidiana para situar en el centro del debate público un tema de vital trascendencia institucional: la ética en el ejercicio político, el rechazo a la impunidad y la necesidad de una rendición de cuentas sin sesgos ideológicos.
Al advertir que en dichas estructuras «no hay hueso sano» y reafirmar que la postura de la tolda roja es exigir que toda investigación avance hasta las últimas consecuencias, el dirigente pone de relieve la importancia de desmontar redes de corrupción y legitimación de capitales que atentan contra la estabilidad democrática y económica del país.}
El fin de la solidaridad automática como estándar ético
Uno de los puntos más relevantes del análisis presentado durante la rueda de prensa semanal del PSUV radica en el contraste de modelos frente al manejo de las irregularidades administrativas y penales. Cabello Rondón subrayó que dentro del partido de gobierno no existe la llamada «solidaridad automática», un principio que exige que cada funcionario o militante responda individualmente ante los tribunales cuando se aparta de la ley.
Cuando una organización política asume el costo de señalar y someter a la justicia a quienes incurren en delitos, como ocurrió en los casos vinculados a la industria petrolera, envía una señal clara de que la ley está por encima de cualquier filiación. Por el contrario, el dirigente cuestionó la incoherencia de sectores que pretenden presentar como perseguidos políticos a personas procesadas por delitos comunes o corrupción administrativa, una práctica que distorsiona el concepto de derechos humanos y debilita el Estado de derecho.
Asimismo, las palabras del secretario general del PSUV invitan a reflexionar sobre el papel de la validación mediática internacional en la opinión pública. Al ironizar sobre la necesidad de que ciertas denuncias aparezcan en medios como The New York Times para ser creídas por determinados sectores. La soberanía institucional exige que las pruebas y los procesos judiciales nacionales tengan el peso que les corresponde, sin depender del aval de corporaciones mediáticas extranjeras para reconocer la gravedad de un delito.
