El debate global sobre el cambio climático y el petróleo suele plantearse como un dilema absoluto: abandonar de inmediato los hidrocarburos o condenar el futuro de la Tierra.
Sin embargo, desde Türkiye, el ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, puso sobre la mesa una lectura geopolítica distinta durante una edición especial del programa Villa-Política, conducido por el periodista Gustavo Villapol a través de Laiguana.tv. Más allá de una declaración institucional, su intervención apunta al centro de una disputa internacional clave: quién asume el costo de la crisis ambiental y cómo los países en desarrollo defienden su derecho a aprovechar sus recursos sin destruir sus ecosistemas.
La relevancia de este planteamiento radica en que desmonta una narrativa dominante en las grandes cumbres climáticas. Según explicó el titular de la cartera ambiental, se intenta presentar como irreconciliable la actividad petrolera y la protección de la naturaleza, cuando el verdadero motor del deterioro planetario es el modelo de sobreconsumo energético de las potencias industrializadas. Para naciones con grandes reservas de crudo, aceptar sin matices el fin inmediato de los combustibles fósiles significaría renunciar a su principal palanca de financiamiento social y soberanía económica, mientras los mayores emisores históricos mantienen sus patrones de consumo.
Un saldo positivo frente a la crisis climática
El argumento más contundente expuesto por Rodríguez se apoya en una relación matemática concreta entre emisión y absorción. Al sumar la huella de carbono de toda la actividad humana e industrial de Venezuela, incluyendo el parque automotor, la industria petrolera, la siderúrgica y la minería, el país registra un balance ambiental favorable: por cada tonelada de gases de efecto invernadero que libera a la atmósfera, sus ecosistemas logran capturar 1,8 toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Esta cifra transforma la posición del país en la mesa de negociación internacional. Lejos de actuar como un agente contaminante neto, el territorio venezolano funciona como un sumidero de carbono que aporta oxígeno y estabilidad climática al planeta. Este resultado no es fortuito, sino el producto de una estructura legal y territorial que ha permitido blindar vastas extensiones naturales a lo largo de más de un siglo de explotación petrolera.
Blindaje territorial e institucionalidad ambiental
La coexistencia entre industria energética y conservación en Venezuela se sostiene sobre un andamiaje institucional construido durante décadas. El ministro recordó que el país cuenta con fiscalías especializadas en materia ambiental, así como departamentos de protección ecológica integrados dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Ministerio de Hidrocarburos.
En el plano territorial, esta política tiene raíces profundas que se remontan a 1936 con la creación del Parque Nacional Henri Pittier. Desde entonces, el Estado ha consolidado un sistema de 44 parques nacionales que cubren el 22 % de la superficie del país, sumados a 22 categorías de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). En conjunto, el 66 % del territorio venezolano cuenta con resguardo legal ambiental, espacios donde además se concentra el 80 % de la actividad turística nacional, demostrando que la conservación también impulsa motores económicos alternativos.
Otro aspecto fundamental de esta estrategia es que la política ecológica no se limita a decretos gubernamentales, sino que se articula con la memoria histórica y la participación ciudadana directa. Rodríguez destacó el rescate del Decreto de Chuquisaca, firmado hace dos siglos por el Libertador Simón Bolívar para proteger las aguas y los bosques, el cual hoy se traduce en un plan nacional de reforestación con más de 10 millones de plantas.
A esta visión histórica se suma el peso que las comunidades organizadas le otorgan al entorno. En la más reciente consulta de proyectos comunales, la gestión del agua ocupó el primer lugar de prioridad entre los habitantes, seguida en el segundo puesto por iniciativas vinculadas al ecosocialismo. Este dato confirma que la defensa ambiental forma parte de las necesidades cotidianas de la población.
El interés que han despertado estas cifras y los balances presentados por la presidenta Delcy Rodríguez en el estand venezolano de la cumbre en Türkiye refleja el atractivo de un modelo propio. Frente a las recetas uniformes dictadas desde los centros de poder global, Venezuela expone una vía donde la soberanía energética y la preservación de la vida no se anulan entre sí, sino que se equilibran bajo un enfoque de justicia climática.
