Por: Tony López R. (*)
En un fuerte mensaje al presidente Juan Manuel Santos Calderón, el ahora, presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, reclamó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, firmados por ambos, en Bogotá, el pasado 24 de noviembre del 2016.
Con toda razón el comandante guerrillero exigió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que cumpla con “lo prometido y firmado” en los acuerdos de paz de La Habana, tras acusarlo de incumplir las “garantías mínimas” de ese pacto. En su carta pública al mandatario colombiano, el ex jefe guerrillero señala que la insurgencia ha cumplido sagradamente con los compromisos, entre otros, la concentración de sus fuerzas en las zonas y puntos establecidos por las partes, la entrega de todo su armamento en el tiempo establecido, como fue reconocido por el Jefe de la Comisión de las Naciones Unidas y el propio presidente Juan Manuel Santos, en un acto oficial en el departamento de la Guajira.
Sobre los incumplimientos del gobierno, hay muchísimos ejemplos y temas sumamente delicados que están poniendo en riesgo la posibilidad de que se logre consolidar una paz solida y la reconciliación social que permita que Colombia deje de una vez y para siempre la pesadilla de la guerra y se construya una sociedad inclusiva y feliz.
Aún quedan en prisión cerca de 1000 combatientes, cobijados en la Ley de Amnistía, el paramilitarismo no solo no lo han combatido sino ha crecido y ocupado las zonas dejadas por las FARC-EP. Las zonas antiguas veredales no terminaron las construcciones, lo poco que construyeron fueron habitaciones máximo para cuatro personas, pero en hacinamiento, los baños y las cocinas son comunales, entonces no sirven para vivir familias, las dotaciones de servicios fueron precarias, o sea, no había agua potable, no habían vías de comunicación sino trochas, la luz era escasa, las telecomunicaciones nulas o casi nulas. Hasta hoy hay 10 combatientes desmovilizado muertos y sumado a sus familias llegan a 32 los asesinados de las FARC-EP.
Según el dirigente del Polo Democrático Alternativo Wilson Arias, el presidente Juan Manuel Santos al promulgar el decreto 902 del 31 de mayo pasado, que contiene asuntos relacionados con el fondo de tierra, no solo incumple el Acuerdo del punto número 1 de la agenda discutida y aprobada en La Habana sobre el tema agrario, sino que favorece a los terratenientes, en detrimento de los campesinos pobre y medios, siendo, según Arias, que el tema agrario es uno de los puntos fundamentales y uno de los causantes del conflicto social y armado en Colombia, porque su país es, en América Latina, uno de los de mayores niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra.
Por otra parte el Congreso de la República parece destinado a torpedear los acuerdos, siendo el actual presidente de la Cámara de Representante Rodrigo Lara Restrepo, uno de los principales opositores a los Acuerdos de Paz, consecuente con la negativa posición de su partido Cambio Radical y de su jefe el candidato a la presidencia para el 2018, Germán Vargas Llera, quien cuenta con posibilidades de ganar el sillón del Palacio de Nariño.
Otro tema importante y nada favorable para la fuerza que acaba de deponer las armas, por la integración y dudosa imparcialidad mayoritaria de los miembros del tribunal escogido, que asumirá la Justicia Transicional de Paz, encargada de juzgar a todos aquellos miembros de la guerrilla, de la fuerza pública y autores intelectuales de delitos que prueben que los acusados, hayan cometido crímenes de guerra y/o de lesa humanidad.
Resultan sospechosas algunas informaciones que se conocen en Bogotá, sobre las opiniones del embajador de los Estados Unidos, comentando que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos está vigente y que no descarta que miembro de las FARC sean extraditados.
Es positivo que la opinión pública conozca que la paz en Colombia es un elementos muy importante para la tranquilidad de la región, sobre todo, ahora que el presidente Donald Trump sigue empecinado en provocar, con la complicidad de la oposición venezolana, una intervención militar en Venezuela y para todos es sabido que hay sectores muy reaccionarios en Colombia, enemigos de los acuerdos de paz con la guerrilla y también de la Revolución Bolivariana de Venezuela, con mucho poder y que pueden utilizar a los paramilitares y llevar a cabo una operación armada en la frontera que encienda la pradera, no sería la primera vez que esas bandas criminales han actuado en territorio venezolano y más ahora, que con la desmovilización de las FARC el camino quedó limpio para cualquier felonía y aventura.
Lamentablemente hay que reconocer que el escenario regional favorece la demencial política de la intervención e injerencia de Estados Unidos en América Latina y ninguno de nuestros países escapa de esas acciones, así lo demuestran las injustificadas y temerarias decisiones del Departamento de Estado en torno a las relaciones diplomáticas con Cuba.
Que el proceso de paz en Colombia se enrumbe por caminos seguros, en la búsqueda de solucionar las grandes desigualdades, con garantías para todos los colombianos sin excepción, sin injerencia extranjera y que se eviten los horrores de un nuevo y peligroso conflicto interno, debe ser también una responsabilidad de toda la sociedad y muy especialmente del presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno, de lo contrario la historia los condenará y el injusto premio Nobel de Paz concedido unilateralmente quedará hecho pedazos.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional
jorgarcia726@gmail.com
