El año político en Venezuela se inicia temprano, con la instalación de la Asamblea Nacional, pautada por la Constitución Nacional para el 5 de enero.
Este hito temporal fue, este año, una victoria abierta para el chavismo porque dejó claro quién ejerce el poder en el país; al escenificarse sobre las ruinas aún humeantes que ha dejado el conflicto entre el ficticio gobierno del exdiputado Juan Guaidó y los partidos de la caduca Asamblea Nacional electa en 2015, que lo defenestraron en los últimos días de 2022.
El motivo de regocijo para la Revolución es más notable si se le compara con años recientes, en especial con 2016, cuando el 5 de enero marcó el inicio formal de un enfrentamiento de poderes que derivó en una de las peores épocas en la historia nacional. Ese día se instaló la AN electa en diciembre de 2015 y de inmediato hizo sonar tambores de guerra, cuando su presidente, el acciondemocratista Henry Ramos Allup, tras ordenar “echar al aseo” los retratos del Libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez Frías, anunció con gran prepotencia que en seis meses desalojarían del poder al presidente Maduro.
Los años siguientes fueron de combate sin tregua entre el gobierno y el Parlamento, lo que obligó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a dilucidar conflictos constantemente. Ante la negativa de la AN a acatar esas sentencias, se le declaró en situación de desacato.
En enero de 2017 fue juramentado Julio Borges como presidente del Poder Legislativo. Durante su gestión se intensificó el sabotaje parlamentario; a tal punto que se hizo necesaria la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en medio del clima de violencia que, en paralelo, generó en las calles el ala pirómana de la oposición.
El preludio de la autoproclamación
También fue muy negativo el 5 de enero de 2019 cuando Guaidó, a nombre del ala más radical de la oposición, asumió la presidencia del Parlamento; preludio de lo que sería luego su autoproclamación en una plaza de Caracas como supuesto presidente encargado de la República. Esto signó el comienzo de una de las etapas más nefastas para la soberanía nacional; pues se pretendió imponer al país un gobierno no electo, designado por Estados Unidos, con el respaldo de sus países satélites y lacayos.
El 5 de enero de 2020 también fue un momento conflictivo, pues factores opositores de la AN, que habían respaldado antes la pantomima de Guaidó, se alzaron contra la pretensión de Voluntad Popular de que este personaje fuera ratificado en el cargo parlamentario y, por tanto, en su supuesto gobierno interino. Esto generó un enfrentamiento que tuvo amplia difusión internacional y fue utilizado por los adversarios del gobierno para hacer ver que este había clausurado la AN. Fue el momento de la escena en la que Guaidó intenta, sin éxito, trepar el enrejado del Palacio Legislativo.
El panorama comenzó a cambiar en enero de 2021, cuando los diputados electos en diciembre de 2020 se juramentaron y el sector bolivariano recuperó el control del Poder Legislativo, tras cinco años en minoría. Sin embargo, en ese momento, Guaidó y la Asamblea saliente tenían todavía apoyos tanto internos como externos, lo que hizo que la reconquista no fuera plena.
El 5 de enero de 2022, ya con un año de gestión e importantes avances en materia de acercamiento para el diálogo, la instalación de la Cámara fue mucho más venturosa para el gobierno y para el sector moderado de las oposiciones.
Este 5 de enero de 2023 ha sido, en cambio, una indiscutible victoria para el chavismo, producto de la confluencia de varios factores; no tanto a favor del gobierno como en contra de la oposición radical. Veamos:
La implosión del interinato
El cambio más drástico, respecto a los años inmediatamente anteriores para la oposición, es que se ha derrumbado por completo la figura del interinato. La novedad es que en este caso no se trata solo de los efectos de la confrontación con el gobierno constitucional; sino también de la guerra interna de los factores que impulsaron esa fórmula para el “cambio de régimen”; el llamado G4, integrado hasta hace poco por Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP).
El cisma ocurrido en este cuarteto dejó al supuesto presidente, tanto de la AN 2015 como del gobierno interino, Juan Guaidó, con el único respaldo de su partido, VP.
Adicionalmente, cuando les preguntaron a los voceros del gobierno de Estados Unidos si seguían reconociendo al presidente autojuramentado, dijeron que respetaban la decisión de la AN 2015, es decir, que dieron el visto bueno a su pase por la guillotina.
El desprestigio de la AN-2015
Con ese apoyo de Washington, la AN 2015 podría (bajo la misma interpretación que la ha mantenido en vigencia, pese a haber vencido su período hace ya dos años) aplicar la normativa anunciada (el cuestionado Estatuto de Transición) y encargarse directamente de controlar los activos y bienes que le han sido confiscados al Estado venezolano en el exterior, es decir, podría desempeñar el papel que hasta ahora había tenido el “gobierno encargado”.
Pero no es tan simple por varias razones. La primera es que la pésima reputación del autoproclamado y de su partido VP es extensiva a los otros tres partidos que lo apoyaron, en especial porque está claro que todos fueron copartícipes de los actos de corrupción cometidos contra el patrimonio público a expensas del interinato.
Además, la AN-2015 está totalmente desdibujada. Muchos de quienes fueron sus integrantes ya han reconocido que carece por completo de legitimidad y otros son impresentables o, sencillamente, desconocidos. Pasaron sus cinco años válidos (de 2016 a 2020) sin hacer nada trascendente ni proyectarse como dirigentes y ahora, con el período largamente vencido, intentan tener la atribución de legislar y de gobernar el país.
La AN-2015 ha carecido incluso de la continuidad que hubiese podido justificar en alguna medida el papel que ahora pretende asumir. Durante buena parte del tiempo transcurrido desde el vencimiento del período, su funcionamiento ha sido ficticio, al punto de que en cierto momento optaron por decir que la que se mantenía operativa era la Comisión Delegada.
El asunto es tan surrealista, que la persona electa como sucesora de Guaidó, Dinorah Figuera, se encuentra en España, ahora con el argumento de que está exiliada.