Cautela. Esa fue la palabra con la que asumimos el tema en torno a la Conferencia de Bogotá; teniendo en cuenta la lógica desconfianza que se tiene ante un recurrente mentiroso en materia de negociación y acuerdos políticos, como lo es la élite política de EEUU; actitud que ha sido parte de su doctrina permanente para hacerse de espacios territoriales, recursos y sistemas políticos; al servicio de sus intereses estratégicos desde la A hasta la Z.
Desde el primer momento que tramaron, junto a la oposición, toda la maniobra para quitarnos Citgo Petroleum Corporation, empresa enclavada en territorio estadounidense y estimado su valor en más de trece mil millones de dólares, era harto conocido que el inicio de la misma tendría un fin, que a su vez serviría para poner explosivos de alto poder a una conferencia neogranadina donde la posición estadounidense, ya característica de los últimos tiempos en su errática y torpe política exterior, quedó aislada.
Y es que, mientras se lanzaban todo tipo de discursos en Bogotá, la puñalada a todo tipo de acuerdo posible llegaba en forma de una nueva licencia 42 emitida por parte la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechada el 7 de abril de este año es decir con tiempo de antelación a la reunión de Bogotá, y cuyo adefesio jurídico tiene tres perlitas de consideración:
- Autoriza a unos sujetos usurpando funciones de diputados y diputadas, asociados a la oposición, para negociar y llegar a transacciones que comprometen el carácter patrimonial de una empresa nacional que está siendo por esta vía vulgarmente expropiada con daño directo a la Nación venezolana.
- Establece de manera neocolonial y genuflexa, muy propia de la acción de unos personajes opositores manifiestamente actuantes como agentes al servicio de un gobierno extranjero, que toda transacción con deudores de la República, o todo acuerdo que conduzca a los objetivos dispuestos en la Licencia 42 tienen que contar con la autorización previa del Departamento del Tesoro de EEUU, a pesar que ni esta instancia ni los sujetos a quienes les han dado el poder por esta aberración jurídica son dueños de Citgo Petroleum Corporation.
- Sienta un definitivo y peligroso precedente que viola el derecho internacional y las reglas más elementales del libre comercio, con una acción continuada en contra de Citgo Petroleum Corporation la cual ha sido despojada groseramente como activo de Petróleos de Venezuela PDVSA y de la República Bolivariana de Venezuela, en contubernio perverso del gobierno de EEUU con la oposición.
La posición de Venezuela no se hizo esperar:
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida del gobierno de los Estados Unidos de América, a través de sus medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo, dirigidas a controlar y apropiarse de sus activos en el extranjero con la intermediación de la Plataforma Unitaria de oposición, quienes en conducta apátrida insisten en ocasionar daños irreversibles a nuestro pueblo, constituyéndose en un saqueo de los recursos de las venezolanas y los venezolanos.
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, actuando de mala fe, violando todos los principios legales, incluidos aquellos de carácter interno, se confabula con grupos extremistas de la política venezolana y pretenden despojar al pueblo de Venezuela, a través de una ilegal e inmoral expropiación, de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Una acción rapaz y criminal con el único objetivo de causar el máximo daño posible a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país
Estas acciones golpean los diálogos de México y constituyen un zarpazo contra la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano, convocada por el Presidente de Colombia Gustavo Petro, en la cual casi de manera unánime, los países asistentes exigieron al gobierno de EEUU detener la agresión, levantando, de manera inmediata las sanciones criminales y el bloqueo contra Venezuela.
La República advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a la República y/o cualquier entidad en la que ésta tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado bajo la Licencia General 42 emitida por la OFAC, o cualquier otra licencia general o específica, así como cualquier decisión derivada de éstas, emitida por órganos, entidades o Poderes Públicos extranjeros, es nulo e ilegal bajo las leyes de Venezuela y conforme al Derecho Internacional, por lo que no será reconocido por el Estado venezolano, ni por sus órganos del Poder Público, incluido el Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, representado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.
La República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho a tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar que se concrete esta nueva agresión y para determinar las correspondientes responsabilidades criminales, dentro y «.fuera de nuestro territorio.
Venezuela reitera su denuncia contra los Estados Unidos de América por acciones que violan el derecho al libre comercio y el derecho internacional y reitera su compromiso con hacer valer los derechos de todo el pueblo venezolano».
Y es que sobre Citgo se puede afirmar mucho, pero analíticamente hablando la agresión hacia esta empresa es un símbolo directo del componente fundamental de las medidas coercitivas unilaterales, o sanciones, contra la República Bolivariana de Venezuela al menos en tres sentidos:
El primero de ellos fue quitarle al Estado Venezolano el control de este activo, a partir de la nueva escala de sanciones desde el 28 de enero de 2019, mediante la cual le colocaban torques bien apretados a Petróleos de Venezuela PDVSA, para que no pudiera ni producir ni comercializar su petróleo, como dos de los elementos centrales de este negocio, siendo Citgo clave en las operaciones diversas ejecutadas por la industria para garantizar su funcionamiento bien sea a través del suministro de repuestos, esquemas de mantenimiento y apoyo técnico directo al corazón económico del país. Tal cosa concluyó con esta acción de enero de 2019 que además suspendió todo tipo de compra de oro negro de EEUU a Venezuela.
En segundo término, y no conforme con quitarnos Citgo, dárselo en bandeja de plata a un grupo de políticos opositores quienes de manera sistemática, y en unión plena, trabajaban por tratar de entronizar una especie de institucionalidad paralela en Venezuela que incluyó asumir, con un falso procurador, la defensa de los intereses de Citgo Petroleum Corporation; cuando la realidad evidente en cualquier instancia de esta agresión es que este espurio funcionario actuaba como doble agente al servicio de los intereses de los demandantes, desde Cristalex, contra PDVSA y la República, mientras se presentaba como supuesto actor que garantizaría la preservación patrimonial de esta empresa. Las actuaciones desviadas de José Ignacio Hernández y las irregularidades en el manejo de Citgo, hoy en situación de remate a precio de gallina flaca, se erigen en verdaderas tragedias al patrimonio nacional.
En tercer término, como guindilla de pastel, el manejo desvergonzado y genocida de los dineros de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, que no estaban destinados a otra cosa que no fuera costear el pago de operaciones médicas de alto impacto para niños y niñas, imposibles de realizar en Venezuela, y que eran destinados a través de este programa creado por el Comandante Hugo Chávez con fondos que básicamente el país no podía repatriar por cuestiones inherentes a las leyes de EEUU, aún siendo ganancias de Citgo.
Todo parece indicar que los partidos políticos del denominado G4, hoy Plataforma Unitaria, se repartieron en danza millonaria estos recursos por medio del posicionamiento de piezas para su administración, cosa que sucedió con la propia Citgo, privando hasta la muerte a infantes inocentes que quedaron en la lista de espera por intervenciones quirúrgicas garantes de lo más sagrado que tenemos, la vida. El dinero destinado a las mismas, terminó en manos en manos inescrupulosas.
Como respuesta soberana de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, hemos decidido no reconocer ningún acto de pago o negociación en el marco de esta Licencia 42 de la OFAC, decisión que fue comunicada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez, en el marco de una intervención donde afirmó:
«No reconocemos ninguno de estos actos, ninguno. Ayer lo dijo el Presidente de la Asamblea Nacional que se solicitaría la aplicación inmediata de la ley de Extinción de Dominio, por haberse prestado a este robo de Citgo sin precedentes en la historia. Esta licencia le da a los criminales que negocien sobre los recursos, es un escándalo internacional esta licencia. Se ha ordenado hacer todo lo que sea posible para actuar contra estos actos, no reconocemos ningún tipo de pago (…) El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde para iniciar el proceso de remate judicial de Citgo, el principal activo de Venezuela en el extranjero. La Plataforma Unitaria se burla del pueblo venezolano, no dan un paso sin ir a Washington. Son extremistas, son apátridas, son una organización criminal. Es increíble que esto ocurra luego de que se realizara una conferencia internacional en Colombia, donde 20 países denunciaron el bloqueo contra Venezuela. Se burlaron de todos esos países, de forma unánime pidieron el fin del bloqueo, pero allí estaban las ovejitas burlándose».
Y es que, como es lógico pensar, la concreción de este robo a la Nación, hecho delictivo en el cual han participado tanto la oposición a través de un grupo de sujetos que ni cara pueden plantar en Venezuela, y el Gobierno de los EEUU cuya administración se mantiene en el carril de medidas de ataque económico en contra del país, no hace otra cosa que lesionar severamente hasta el punto de dinamitar cualquier esfuerzo de diálogo, negociación o simple acercamiento político.
Recordemos que como parte de los puntos dispuestos por Venezuela para regresar al proceso de diálogo de México, especialmente el tema de la restitución de nuestros derechos, Citgo Petroleum Corporation es clave ya que estamos hablando de la principal empresa venezolana en territorio extranjero y, por ende, uno de los activos más preciados de la Nación.
Causar este daño patrimonial no solo dinamita cualquier proceso de diálogo presente y futuro, sino además que pone en situación de investigación para determinar a los conjurados opositores que se beneficiaron y benefician, directa o indirectamente de esta acción. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la aprobación y promulgación reciente de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, cuyos preceptos bien podrían conducir a generar acciones que promuevan el resarcimiento parcial de este daño patrimonial.
Resulta absurdo y peligroso que muchos de estos actores, algunos disfrazados de prominentes demócratas, anden por ahí con la cara muy lavada cuando deben rendir cuentas a la Nación de su conducta genuflexa y cómplice, ante este despojo al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, no he querido ahondar en aspectos de tipo jurídico; ya que la deriva espuria que tomó el caso Citgo en tribunales de los EEUU responde a un contubernio político perverso, y para nada en asuntos que tengan que ver con debido proceso, o respeto a la independencia de poderes; o todos esos asuntos de circo con que la élite estadounidense justifica toda clase de tropelías hechas en su arrogante relación histórica con América Latina.
Basta afirmar al respecto que toda cosa fraguada desde el mismo momento en que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela fueron despojadas del control y de los derechos sobre Citgo Petroleum Corporation; vale para nosotros absolutamente nada.
Estamos ante un despojo, un robo, y un daño patrimonial; teniendo el Estado Venezolano que hacer justicia poniendo en su sitio especialmente a los causahabientes nacionales, que evidentemente han actuado en contra del interés nacional en un acto vergonzoso que debe tener consecuencias.
