Muchos discursos, escritos, análisis y posturas políticas hemos visto; en torno a despachar el asunto del bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, especialmente implementado de cara a tratar de cambiar por vía de fuerza el régimen político de nuestra patria; y sentimos sus efectos catastróficos sobre todo en el área económica y social.
Estas posiciones básicamente fanáticas y desconocedoras de una realidad ineludible, al punto que estas medidas coercitivas unilaterales empiezan a ser estudiadas —a nivel internacional— bajo la luz de ser crímenes de lesa humanidad y violatorias de manera sistemática de los derechos humanos; se toparon de frente y en alta velocidad con las posiciones recientes del gobierno de EEUU.
Y esta vez, lejos de procurar hacerlo con funcionarios de tercera categoría, fueron más que directos con una declaración dada al medio de comunicación “La Voz de América” por parte del Consejero de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental Juan González, uno de los personajes de mayor confianza de la Administración de Joe Biden, y además ligado al tema Venezuela como uno de sus altos funcionarios responsables.
Como parte de la lógica de esa administración de sostener las sanciones y medidas coercitivas unilaterales casi intactas a las aplicadas por Donald Trump, cambiando sustancialmente la narrativa fanfarrona del ex presidente gringo, González habló sin tapujos de las licencias dadas por el gobierno de EEUU como supuestos “incentivos” para una especie de negociación entre el Gobierno de Venezuela y la oposición que ellos reconocen que compone la Plataforma Unitaria adherida completamente a sus intereses estratégicos.
De hecho tampoco se guardó mucho para afirmar que ellos apoyan a esta agrupación opositora en la búsqueda de una eventual “elección libre” muy asociada al mensaje permanente declarándonos dictadura para justificar su sistemática agresión, dejando clara una amenaza de incremento de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales si EEUU no observa “avances” en el proceso; mientras confirma que estas acciones hacia Venezuela son de las más “robustas” (traducido al bonito castellano “salvajes”) que se han implementado contra cualquier otra Nación.
Precisamente, la crudeza de estas declaraciones, en nuestro criterio, es lo que ha llevado a un verdadero silencio por parte de los grandes medios de comunicación, —tanto en Venezuela como a nivel internacional— contribuyendo al carácter sinuoso de una administración que mantiene vigencia en sus agresiones pero es muy cauto y bastante poco expresivo en sus mensajes públicos, ocultando la gravedad de los efectos de sus maniobras.
Es evidente que en esta afirmación, una confesión sin anestesia que actualiza la situación sobre la agresión a Venezuela, subyacen tres elementos que ya no pueden ser soslayados por mucho que pretendan esconder por ahí:
- Pretende tutelar el funcionamiento del sistema político de un Estado soberano como la República Bolivariana de Venezuela, a partir de un conjunto de cuestiones que debemos «cumplir» (como una especie de lista de mandado) para que el Gobierno de EEUU levante las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra nuestra Nación, Dispositivos que de suyo colocarían bajo estado de sujeción colonial al país; cuestión inaceptable por simples principios y valores.
- Reafirma la vigencia de los efectos genocidas de las medidas de agresión contra Venezuela, al punto de detallar la posibilidad de una nueva fase de escalamiento; lo cual deja claro que la determinación estratégica de cambiar por cualquier vía el régimen político de Venezuela no se ha movido en forma alguna.
- Miente abiertamente al afirmar que el deseo, y las acciones, de la administración Biden van en torno al regreso tanto del Gobierno Bolivariano como de la Plataforma Unitaria opositora a la mesa de negociación en México, obviando que producto de los obstáculos colocados precisamente por el gobierno estadounidense no se ha dado fiel cumplimiento al Acuerdo por la Protección Social del Pueblo Venezolano, suscrito el pasado 26 de noviembre de 2022, lo cual es una burla al pueblo y genera abierta desconfianza en el sentido de este tipo de iniciativas y lo fructífero de las mismas.
Y es que es bueno recordar la lógica de estas acciones de agresión contra Venezuela, observadas por ejemplo por el economista Jeffrey Sachs, con amplia experiencia y dilatada trayectoria en Naciones Unidas; quien hace un par de años y durante el foro “Medidas Coercitivas Unilaterales” afirmó al respecto: “El problema es que estas medidas coercitivas unilaterales son muy poderosas, y prácticamente no les generan costo a los protagonistas, al gobierno de EE.UU. El pueblo estadounidense no tiene la menor idea de que estas medidas no son votadas, no son discutidas, no hay que movilizar ejércitos. Con estas medidas se puede generar tanto daño como con una guerra militar; mediante una maniobra burocrática, cerrando cuentas bancarias o persiguiendo bancos que hagan negocios con Venezuela, Irán u otros países. De manera tal que es un arma poderosísima y horrenda que viola la ley y es destructora (…) las consecuencias de estas medidas son enormes, de modo que no podemos dudar de las consecuencias que tienen (…) esto no es una mala gestión de la economía, es un aplastamiento; como si hubiera habido un bloqueo naval en los puertos venezolanos y un bloqueo del espacio aéreo”.
Esta aseveración fue recientemente valorada por ni más ni menos que el comité editorial del Diario estadounidense “New York Times”, que el pasado 22 de julio hizo pública una valoración crítica sobre la doctrina de las sanciones en un escrito titulado: “Los riesgos de las sanciones, el instrumento que a Estados Unidos le encanta utilizar”.
Aquí observamos las siguientes expresiones:
“… en las dos últimas décadas, las sanciones económicas se han convertido en un instrumento al que recurren los gobernantes estadounidenses, en primera instancia, para desarticular redes terroristas, intentar detener el desarrollo de armas nucleares y castigar a dictadores (…) Dado su creciente uso, por tanto, es útil entender no solo cómo las sanciones pueden ser un instrumento para lograr que triunfe la diplomacia, sino también cómo, cuando no se emplean bien, pueden socavar en última instancia los esfuerzos estadounidenses por promover la paz, los derechos humanos y el establecimiento del estado democrático en todo el mundo.”
Este artículo refiere que en un estudio de la Base de Datos Global de Sanciones de la Universidad de Drexel, se detalla que más del 42% de las sanciones en el mundo son dispuestas por los gobiernos de EEUU; haciendo un andamiaje más fuerte cuando en ellas concurren factores como el Congreso, a través del llamado consenso bipartidista, que por cierto operó y opera para el sustento jurídico de las más de 900 medidas contra la República Bolivariana de Venezuela como un todo; haciendo casi imposible su levantamiento.
Avanzando en dicho escrito, sobre el particular afirma:
“En realidad, los costos son considerables. Corren a cargo de bancos, empresas, civiles y grupos humanitarios, que asumen la obligación de aplicarlas, cumplirlas y mitigar sus efectos. Las sanciones también pueden pasar factura a las personas vulnerables, a menudo pobres y que viven bajo gobiernos represivos, como documentan cada vez más los académicos.
Aunque las sanciones son fáciles de imponer —hay docenas de programas de sanciones administrados por múltiples agencias federales—, son política y burocráticamente difíciles de levantar, incluso cuando ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. Lo que es peor, las sanciones también escapan al examen público. Son pocos los funcionarios a quienes se les responsabiliza de si una determinada sanción funciona según lo previsto; en lugar de perjudicar innecesariamente a personas inocentes o socavar los objetivos de la política exterior.”
Acompañando la narrativa estratégica falaz de la existencia de una dictadura en Venezuela y un sistema político totalitario y antidemocrático, evadiendo por completo los diversos episodios insurreccionales, disfrazados de “lucha democrática” por la oposición instruida por los diversos gobiernos estadounidenses; este artículo del Comité Editorial del New York Times dispone críticas a las acciones contra Venezuela, reafirmando el daño que las sanciones hicieron, y continúan causando, al flujo económico principal del país, el petróleo:
“En Venezuela, las amplias sanciones impuestas con la ambición de derrocar al dictador Nicolás Maduro han conseguido hasta ahora todo lo contrario. Después de que disolviera la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2017 y fuera declarado ganador de unas elecciones presidenciales fraudulentas en 2018, la administración Trump impuso sanciones de máxima presión a la compañía petrolera estatal de Venezuela para cortar una fuente crucial de fondos a la dictadura de Maduro (…) el corte de los ingresos petroleros profundizó lo que ya era la peor contracción económica de América Latina en décadas.
Según un estudio realizado el año pasado por Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, las sanciones a la industria petrolera, que representa alrededor del 90% de las exportaciones del país, provocaron recortes drásticos en los ingresos del gobierno y aumentos significativos de la pobreza.
Esta estrategia, sin embargo, no ha conseguido sacar a Maduro del poder. En su lugar, consolidó su control sobre Venezuela, culpó de su miseria económica a las sanciones estadounidenses y acercó su país a Rusia y China. Las sanciones son muy impopulares en Venezuela, según numerosos sondeos de opinión. Incluso el representante de la oposición venezolana en Estados Unidos, un grupo que anteriormente apoyaba amplias sanciones, pidió recientemente a Biden que levantara las sanciones petroleras.”
Finalmente el escrito, luego de afirmar el incumplimiento de Venezuela ante lo que ellos denominan “alivio” a las sanciones por parte de la administración Biden, evadiendo el incumplimiento del gobierno estadounidense en el desembolso de más de 3200 millones de dólares para la ejecución de proyectos; por parte de agencias de Naciones Unidas en materia de salud, educación y servicios públicos, que son parte del Acuerdo Social suscrito el 26 de noviembre de 2022; dicho Comité Editorial concluye que estos dispositivos sancionatorios deben ser reversibles al punto de no afectar los intereses estadounidenses; por supuesto y como no puede ser de otro modo en su visión, dejando de lado los intereses de los más de treinta países afectados por estas medidas de agresión, Venezuela entre ellos.
La realidad es que ambos casos, este artículo y las declaraciones sin tapujos de Juan González, vienen a confirmar la vigencia de unas acciones salvajes contra el pacífico pueblo de Venezuela, que son abiertamente injustificables y por supuesto constitutivas de violaciones de derechos fundamentales para nuestro país.
No hay duda, por ende, no sólo de su vigencia sino de las maniobras hechas por el extremismo opositor para pedir que sea incrementado el daño económico al país para rehacer la estrategia de cambio de régimen político con nuevas tácticas.
Tal es la barbarie que dichas súplicas contienen que las críticas no se han hecho esperar, viniendo de la propia cúpula empresarial de FEDECAMARAS, cuyo Presidente Adán Celis no tuvo complejo en afirmar, durante una entrevista, su rechazo a semejantes dispositivos de ataque a la economía venezolana, con las consecuencias sociales que esto dispone y que por supuesto causan repudio nacional:
“Ningún país quiere estar sancionado, el venezolano que diga que quiere sanciones, es un loco, nosotros pedimos evidentemente que las sanciones se levanten, eso lo que ha hecho es empobrecer al país, y al eliminar esas sanciones tendremos un comercio más fluido”.
Lo que parece una mala noticia, tanto para el empresariado nacional como para el país en general, es que dichas sanciones permanecerán en el tiempo sin alteraciones significativas (cuando estas sucedan serán por el mero interés estratégico estadounidense), dada una realidad incontrovertible.
La República Bolivariana de Venezuela ni está en venta, ni está dispuesta a ser colonia, ni está dispuesta a renunciar a su condición de República soberana, y mucho menos desea ceñirse, a pies juntillas, a la lista de chequeo de Washington, siendo todo esto lesivo a lo único que debe interesarnos. Nuestros intereses nacionales.
Toca remar contra estas medidas de agresión, esperando que la racionalidad y rectificación moderen la torpe política exterior estadounidense; cosa difícil a la simple vista de los últimos acontecimientos.
