Estos actos de corrupción sumados a las más de 900 sanciones económicas impuestas a Venezuela por EE.UU., la Unión Europea y sus aliados; son comparables a que el país recibiera el impacto «de 100 bombas atómicas»
El fiscal general de la República, Tarek William Saab confirmó en conferencia de prensa, el martes 9 de abril, la detención de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El Aissami es acusado de estar involucrado en la trama de corrupción conocida como ‘Pdvsa cripto’, relacionada con actividades fraudulentas en PDVSA, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). “Se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales”, justificó el fiscal.
La detención de Tareck El Aissami se ha llevado a cabo tras las declaraciones de al menos cinco testigos; quienes han revelado su participación directa en el entramado de corrupción junto con Samark López, empresario y contratista petrolero y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN).
Se conoció que Tareck El Aissami amenazó a los implicados en el caso Pdvsa-Cripto para que no revelaran información que lo involucrara, por tal razón los testigos y sus familiares están siendo protegidos.
Los detenidos ascienden a 57 personas, 54 de ellos capturados en la primera fase de la investigación que se desarrolló en 2023. Actualmente hay 17 órdenes de aprehensión pendientes.
“De los que ya hoy podemos confirmar, en una primera fase fueron detenidos 54, sumando 57 con tres nuevos detenidos. De los 54, cinco llegaron a ser amenazados de muerte en su integridad física si revelaban o daban elementos de convicción que pudiesen llevarnos a este sujeto (El Aissami)”, reveló.
Entre los primeros detenidos estuvieron: Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit Ramírez Camacho, superintendente nacional de Criptoactivos, y Hugbel Roa; exdiputado de la Asamblea Nacional, recordó.
Tarek William Saab denunció el hecho como una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo, ya que controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario. Las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras. Señaló que, una vez comercializado este crudo ─asignado ilegalmente─, se incumplía con los pagos correspondientes a la estatal petrolera.
Fue una triangulación en la que utilizaba a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y el sistema financiero digital, incluso un banco digital a través de un empresario para crear caos y producir un derrumbe de la economía venezolana.
Era una conspiración que se iba a convertir en financiera y digital para implosionar la economía, para “acabar con la democracia venezolana, con el sistema político venezolano, con el Estado de justicia y derecho venezolano y servirle en bandeja de planta al enemigo el poder nacional”.
“Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario”, detalló Saab. En la trama, López habría sido el operador para blanquear los fondos. Incluso fue creada una red de prostitución para legitimar capitales.
“El objetivo de este grupete malévolo era acabar con la economía del país sin importar el daño (…) buscaban destruir nuestra moneda presionando al alza del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”.
Estos actos de corrupción, sumados a las más de 900 sanciones económicas impuestas a Venezuela por EE.UU., la Unión Europea y sus aliados; son comparables a que el país recibiera el impacto “de 100 bombas atómicas”, señaló el fiscal.
William Saab no descartó una conexión entre los acusados y lo que denominó el “eje Miami-Washington”. “Resulta curioso ─reflexionó el fiscal─ que media hora antes de la rueda de prensa en la que él anunció la detención de El Aissami; en medios norteamericanos ya sabían de su captura”.
“En este caso no han pasado ni tres, ni cuatro ni ocho años. Las investigaciones nunca dejaron de ser serias hasta que logramos la delación y cooperación que nos llevaron con elementos de convicción a determinar responsabilidades”, agregó.
Comunicó que a través de Kraken Cripto Exchange, los implicados violaban las normativas del Banco Central de Venezuela (BCV). “Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él, lo que causó daños a la economía del Estado venezolano”.
Al exministro se le investiga como responsable de la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares, sin control administrativo ni garantías, en incumplimiento de las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela.
“Hubo asignación ilegal, a dedo, de cargamentos de crudo, coque y fuel oil; así como de productos de la CVG; ventas por debajo del valor de mercado; manejo arbitrario y criminal de los fondos obtenidos por la venta de estos productos”, explicó el fiscal.
El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, enfrentará imputaciones por una serie de delitos graves en el marco de la trama PDVSA-Cripto. Los cargos incluyen traición a la patria y legitimación de capitales, así como apropiación indebida o distracción de fondos públicos, uso indebido de influencias y asociación para delinquir.
El fiscal señaló que los implicados en la trama de corrupción enfrentan “una pluralidad de delitos que conllevarán a sanciones ejemplares”. Dada la seriedad de las imputaciones, las penas podrían extenderse hasta el límite máximo permitido de 30 años de prisión.
Saab afirmó que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.