El crimen de lesa humanidad confesado alegremente por Donald Trump en su declaración en Carolina del Norte, cómo parte de su esfuerzo de campaña electoral interna para ganar la nominación del Partido Republicano, de cara a la elección presidencial de noviembre de 2024, resulta ser algo mucho más allá de una confirmación o un tremendismo propio de su ejercicio arrogante, supremacista y sincero en cuanto a sus objetivos.
Es necesario recordar y reproducir hasta la saciedad la confesión expelida —sin ambigüedades— por quién estuvo al frente de la Casa Blanca:
“¿Qué les parece que le estemos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. ¡Nos habríamos hecho de ella! ¡Hubiéramos tomado todo su petróleo! ¡Hubiera estado justo al lado! Pero ahora le compramos petróleo a Venezuela.”
Dicha afirmación, de literalmente apoderarse por las malas del petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, es decir saquear y robar a manos llenas el recurso de una Nación libre, soberana y pacífica, es la clara manifestación de la doctrina Monroe que está cerca de cumplir 200 años de su proclamación y ejecución, y además de la determinación de la élite del poder en EEUU de imponer al mundo una dictadura mundial; una especie de «paz americana» de pensamiento único, dónde quienes no se ciñen a sus reglas y designios son arrasados; y vaya que la historia contemporánea nos deja ejemplos por doquier de esta decisión estratégica.
Pero a su vez expresa con un alto grado de cinismo y sinceridad justo lo que a nivel mundial se ha venido denunciando como un ejercicio político al margen de toda institucionalidad y regla del derecho internacional, cuyo andamiaje fue creado tras la Segunda Guerra Mundial, en el entendido de evitar nuevos conflictos mundiales; cuestión que a la luz de lo observado en la actualidad no es más que una gran quimera.
Trump en su aseveración no sólo confirma su crimen contra nuestra Nación, hecho que ni siquiera ha sido objeto de una investigación seria por parte de la cacareada Corte Penal Internacional y menos por parte de la Organización de Estados Americanos, confirmando que ambas instancias funcionan en estricta obediencia al juicio del facultativo en Washington perdiendo por ello todo criterio y respeto institucional.
Además nos muestra la vigencia de un accionar político amenazante, que en su recurrencia nos tiene hoy enfrentados a una guerra con peligrosos elementos mundiales. Dada su expansión y efectos (la guerra en Ucrania cómo provocación a la Federación de Rusia) y un andamiaje de sanciones o medidas coercitivas unilaterales para arrollar con el poderío estadounidense a quien pretenda desafiar su decisión de imposición de una dictadura mundial de pensamiento único liberal.
Esto lo afirmamos porque, si bien es cierto que nos disponemos a observar rápidamente el efecto perverso del propósito abiertamente lanzado por Trump, su expresión no es un ejercicio aislado de un político estadounidense; al contrario responde a una doctrina en ejercicio y no es atribuible a disparates discursivos cómo cierta prensa, antes muy jalamecate y complaciente con este sátrapa, procura hacer ver presentando al aspirante a la reelección en EEUU como una especie de loco.
Para muestra de ello, basta observar que las primeras medidas de agresión abierta hacia la República Bolivariana de Venezuela no vinieron precisamente del campo republicano; fue una acción bipartidista que avanzó con la orden ejecutiva que nos puso como amenaza inusual y extraordinaria, destapando con ello la caja de pandora durante la administración demócrata de Barack Obama.
Pero, por supuesto, es imposible no aproximarse a ciertos elementos cronológicos para que nos hagamos una idea del tipo de barbaridades que hemos tenido que resistir y que fueron ejecutadas para hacerse de nuestra principal riqueza petrolera, que de suyo necesita destruir el sistema político y montar uno de acuerdo a las directrices de Washington, lo cual implica además construir un especie de élite política antinacional, cosa que por el lado de la oposición abunda en discursos y hechos.
Hagamos un rápido recuento asumiendo sólo el período en el cual el sátrapa Trump estuvo al frente de la Casa Blanca, desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021:
- Sostén político, logístico y financiero de todo el proceso insurreccional de 2017 en una revolución de colores recargada en violencia para tratar de derrocar al gobierno nacional que accionaría a través de la decisión tomada por el Presidente de la República Nicolás Maduro, de convocar al Poder Constituyente Originario para que fraguara la paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El ejercicio del voto, a pesar de los obstáculos del fascismo, el 30 de julio de 2017 terminó por derrotar esta fase insurreccional, y abriría la activación de otras opciones.
- El 25 de agosto de 2017 fue el inicio de la agresión directa al corazón económico del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya que el Departamento del Tesoro de los EEUU emite una Orden Ejecutiva mediante la cual quedan prohibidas las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA, condenando toda posibilidad de sostenimiento de la producción y comercialización fluida de oro negro al asfixiar financieramente a la industria. Datos posteriores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) nos muestran que PDVSA produjo 2 millones 72 mil barriles por día (bpd) en 2017, reduciendo su producción en 300 mil barriles solo ese año. La próxima jugada sería el robo de Citgo Petroleum Corporation. Donald Trump afirmará en este momento que todas las opciones sobre Venezuela se encuentran en pie, incluida la posibilidad concreta de una intervención militar.
- En el año 2018 las posibilidades de un Acuerdo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición en aquel momento, no en el estado de división estructural que exhiben en la actualidad, llegaron a la firma de un preacuerdo con la facilitación del Gobierno de la República Dominicana presidido por Danilo Medina. A la semana siguiente, cuando todo estaba listo para la firma definitiva, una instrucción directa desde Washington obstruyó la firma misma y por ende la posibilidad del retorno de la oposición al camino democrático. Es evidente que ya estaba aprobada la doble variante en ejercicio. Tanto del intento de asesinato en contra del Presidente de la República el 4 de agosto de 2018, magnicidio frustrado por la acción oportuna de los anillos de seguridad, así como la maniobra de agresión institucional que llevarían a cabo el año siguiente..
- Con la frustración del intento de magnicidio en contra del Jefe de Estado, 2019 será el año de cenit de la agresión. La Asamblea Nacional de mayoría opositora hará un Estatuto de Transición cuyos elementos emulan las barbaridades jurídicas desarrolladas en torno a la intervención militar en Libia. Básicamente, dicha acción derogó de facto la Constitución Nacional de 1999 y facilitó, ni más ni menos, el levantamiento de instituciones paralelas.
- Fruto de ese adefesio, donde la oposición actuó en unidad absoluta de ejercicio y propósito haciendo recordar el golpismo del año 2002, Juan Guaidó se autoproclama Presidente Interino (figura inexistente en nuestro andamiaje constitucional) y pretende usurpar el cargo de Jefe de Estado y de Gobierno en nuestra patria. Su primera decisión, bajo claras instrucciones de Washington, es generar las condiciones de apertura para una acción de intervención sobre Venezuela, construyendo una cabeza de playa por el occidente bajo la excusa de entrega de una supuesta ayuda humanitaria que no era tal. La derrota en la Batalla de los Puentes será un freno nacional a estas intenciones y la manifestación de voluntad de paz y lucha por preservar la integridad nacional con el esfuerzo de la unión cívico militar en el proceso.
- Mientras el aislamiento internacional hacia Venezuela, desde el hemisferio occidental, cobraba fuerza y avanzaban instancias salvajes como el Grupo de Lima promoviendo legitimar todo tipo de agresión hacia nuestro país; la conspiración interna —tratando de ganar adeptos para un golpe de Estado— llegará al circo de un intento fallido el 30 de abril de 2019, donde apenas un puñado de traidores se vio aislado y aplastado institucionalmente por una Fuerza Armada Nacional Bolivariana decidida a defender la institucionalidad democrática vigente en nuestra Carta Magna; preservando a su vez la unidad nacional como elemento incólume y necesario para garantizar la paz. Tal fue la participación masiva y unánime de toda la oposición en semejante acción que el desfile acalorado de opositores en el distribuidor Altamira tomándose la foto nos trajo a la mente la firma furibunda del Decreto golpista de Pedro Carmona Estanga, el 12 de abril de 2002. Como era de esperarse a la derrota vendrá la negación absoluta de su responsabilidad en tales acontecimientos, tanto de 2002 como en 2019.
- A la par de todo este cúmulo de hechos, el inicio de año también nos haría ver la escala definitiva de agresión en contra de PDVSA, cuyos efectos por la sanción impuesta en 2017 ya hacía su oficio perverso en la reducción de la producción. El 28 de enero de 2019 el presidente de los EEUU emitió una Orden Ejecutiva por la cual tomó nuevamente medidas respecto de la situación en Venezuela. Esa Orden Ejecutiva sanciona a PDVSA, bloqueando gran parte de sus bienes y privándola del control sobre uno de sus principales activos, como lo es CITGO. De esta forma, se restringió totalmente el acceso del petróleo y productos petroleros de PDVSA al mercado estadounidense y en general a gran parte del mercado petrolero global, siendo el golpe de gracia para cortar la adquisición de insumos, acceso a créditos, finanzas, posibilidades de contratación de mantenimiento y equipos, como sucedía con CITGO, así como el proceso de comercialización de petróleo y, por ende, asfixiar el flujo de funcionamiento de la industria petrolera. Firmada por el ex presidente Donald Trump, la Orden Ejecutiva 13835 establece, medidas adicionales que impiden operaciones en el sector oro de la economía venezolana, o en “cualquier otro sector económico”, que determine el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta Orden Ejecutiva de igual forma, determina “la discrecionalidad que se atribuye el Gobierno de EE.UU. a sancionar cualquier actividad económica de Venezuela que considere necesario para sus fines”, generando así un torque completo para asfixiar los recursos del país. Esta Orden Ejecutiva, impacto en el hecho que las propiedades y los derechos de propiedad que PDVSA posea en Estados Unidos, o llegaran a estar en posesión de alguna persona en territorio norteamericano quedan automáticamente bloqueadas. Para el departamento del Tesoro de los EE.UU. la estatal petrolera venezolana funge como una “persona especialmente designada por incurrir en prácticas corruptas”.
- A sabiendas que más del 96% de los recursos nacionales provienen del negocio petrolero, esta escalada de medidas contra PDVSA culmina su aislamiento total. La consecuencia de cortar los fluidos vitales del negocio petrolero no se hicieron esperar. De acuerdo con el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, la extracción en diciembre de 2019 se ubicó en 714.000 barriles por día, significando esa cifra una disminución de 47% en comparación con diciembre de 2018, en el marco de una caída de producción condicionada en mucho por esta agresión sistemáticamente pensada y ejecutada.
- 2020 será testigo de los últimos esfuerzos de la administración Trump por derrocar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, demoler la institucionalidad democrática venezolana y hacerse de un sistema político en cuya transformación legitimaría el robo de nuestros recursos nacionales, comenzando por el petróleo. La neutralización de la operación Gedeón, el 3 de mayo de 2019, con la introducción de mercenarios para tratar de asesinar al Presidente de la República, previa firma de un contrato que entregaba en mucho la propia soberanía nacional, fue la última gran maniobra de la administración Trump por lograr su objetivo recientemente afirmado.
Esta breve reseña nos muestra no sólo algunas de las tantas acciones de agresión hacia nuestro país, sino que nos dotan de verdades necesarias de ser asumidas por quienes participaron internamente para favorecer la entrega de nuestra patria a intereses foráneos.
Hoy esa oposición debe responder muchas cuestiones al país, y es fundamental hacer justicia para sostener en alto la bandera de la paz.