La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, formuló hoy una serie de graves acusaciones contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Estas declaraciones se producen tras la agresión militar y secuestro perpetrado por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano la madrugada del pasado sábado, acción que constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela.
Durante una entrevista, la Fiscal Bondi, sin presentar evidencia alguna que respalde sus afirmaciones, calificó al presidente Maduro como «narcotraficante», «monstruo» y «narcoterrorista». En una escalada retórica, amplió sus acusaciones infundadas al afirmar: «Estos narcoterroristas, que es lo que son, exportaban cientos de toneladas de cocaína a nuestro país, mataban a nuestros niños, mataban a miles de estadounidenses cada año». Asimismo, mencionó de manera especulativa el supuesto suministro de armamento a narcotraficantes.
La funcionaria estadounidense también repitió narrativas previamente expresadas por el presidente Donald Trump, intentando involucrar al mandatario venezolano en la liberación de personas privadas de libertad con el fin de que llegaran a territorio de los Estados Unidos.
El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores fueron trasladados ilegalmente a la ciudad de Nueva York tras su secuestro. Este lunes, en su primera audiencia ante un juez federal, ambos se declararon inocentes de todos los cargos presentados en su contra, cargos que el Estado venezolano y el gobierno legítimo del Presidente Maduro rechazan enérgicamente por carecer de fundamento jurídico y constituir un claro acto de lawfare (guerra judicial) y una agresión política.
El Gobierno de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional este acto de terrorismo de Estado, que combina una operación militar ilegal con un proceso judicial amañado y mediático, destinado a justificar la continuidad de la agresión económica, política y militar contra el pueblo venezolano. Se exige la inmediata liberación del Presidente Constitucional y de la Primera Combatiente, así como el cese de todas las acciones injerencistas contra la soberanía y la paz de Venezuela.
