“Israel” lanzó una nueva y poderosa bomba, esta vez política y diplomática, contra los palestinos, a lo que inmediatamente respondieron los principales patrocinadores del régimen sionista: Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Se trata de la acusación formulada por el régimen sionista contra 12 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por su acrónimo en inglés ─United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East─) de haber participado en los ataques de Hamás y la resistencia palestina el 7 de octubre del año pasado.
Tel Aviv pidió inmediatamente la dimisión del diplomático ítalo-suizo Philippe Lazzarini, comisario general de la UNRWA. Lazzarini rescindió los contratos de 11 empleados (el duodécimo murió bajo los bombardeos israelíes), a la espera de una investigación para esclarecer los hechos. La UE ha pedido a la UNRWA «plena transparencia». En una nota, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que la Comisión Europea «evaluará los pasos a seguir y extraerá lecciones basadas en los resultados de una investigación completa y exhaustiva«, ya que la UNRWA “ha desempeñado un papel vital en el apoyo a los refugiados palestinos vulnerables para que accedan a servicios vitales como la educación y la salud durante muchos años, y es un socio crucial de la comunidad internacional”.
La Agencia para los Refugiados, creada por la resolución 302 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1949, y operativa desde el 1 de mayo de 1950, proporciona ayuda a más de 5 millones de refugiados en los territorios ocupados, Líbano, Siria y Jordania. Es uno de los mayores socios de la UE en Cisjordania y Gaza.
Sólo en 2023, Bruselas aportó 92 millones de euros a las actividades de la UNRWA. El principal donante es el gobierno norteamericano que, en 2022, financió el trabajo de la UNRWA por más de 340 millones de dólares. Hace unos días, Alemania ─el tercer financista─ había aprobado otros 7 millones de euros a favor del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Unicef. Ahora, sin embargo, anunció que suspenderá las ayudas, como ya lo han hecho Italia, Francia, Reino Unido, Finlandia y Países Bajos; sumándose a la decisión adoptada por EE.UU., Canadá y Australia, a pocas horas de la denuncia de “Israel”.
El Mossad, el servicio secreto sionista, trabajó desde una de sus ONG en Suiza, «UN Watch», con sede en Ginebra, que, después del 7 de octubre, vigiló los mensajes del canal de telegramas de la UNRWA en Gaza, encontrando «comentarios anti-semíticos» a favor de Hamás. Un chat no oficial de alrededor de 3.200 miembros, en su mayoría trabajadores de agencias de la ONU que se encuentran en Gaza; y que viven bajo los bombardeos y las persecuciones del ocupante que, hasta ahora, ha matado a más de 26.257 personas, más de un tercio de las cuales son niños.
La decisión estadounidense se produjo apenas una hora después de la primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en La Haya definió como plausible la acusación de genocidio en Gaza e invitó al régimen sionista a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Un pronunciamiento considerado histórico. La decisión de Alemania, Italia y otros países de la UE llegó en las siguientes horas.
La cuestión de Palestina, que está movilizando las calles de Europa, a pesar de la presión del régimen sionista, divide a los gobiernos de la UE. El bloque de los 27 es el principal socio comercial de “Israel”, adonde la Unión Europea exporta casi el 32% de sus productos y del que importa más del 25,6% de sus bienes. “Israel” también exporta el 29% de sus armas y sistemas de inteligencia a países europeos. Un comercio creciente que los movimientos que apoyan a Palestina, y muchos de los que respaldaron la denuncia de Sudáfrica quisieran verlo bloqueado y no financiado: como primera medida de embargo para detener el genocidio.
La prevalencia de gobiernos conservadores en la UE y su subordinación a la OTAN, sin embargo, impide un mínimo de coherencia con respecto a la alardeada retórica sobre los derechos humanos, incluso frente al hecho de que, liderando el genocidio de los palestinos, está una figura como Netanyahu y que su gobierno es el más fascista y religioso de la historia del régimen sionista.
Esto se vio con las reacciones al pronunciamiento de la CIJ, institución jurídica que, a pesar de haber actuado siempre según la agenda imperialista occidental, tuvo que reconocer las pruebas incontrovertibles presentadas por Sudáfrica. Aunque no tuvo el coraje de pedir un alto el fuego inmediato, la CIJ no cerró la denuncia y, por primera vez en la historia, la entidad sionista, acostumbrada a situarse por encima de la ley, apareció en el banquillo de los acusados. Y esto ha tenido un gran impacto.
Alemania encabezó el grupo de partidarios incondicionales de “Israel”. Una posición apenas contrarrestada por la acción diplomática de España, que ejerció la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la UE en el último semestre del año pasado, y de Bélgica, que la ocupa en el actual semestre.
En cambio, Irlanda, ahora gobernada por la derecha, ha pasado del apoyo histórico a la causa palestina a negarse a apoyar la denuncia de Sudáfrica ante la CIJ. Y aunque la Comisión Europea y la Secretaría General de la ONU han pedido que se reconozca el carácter vinculante de las ordenanzas de la CIG, tanto Borrel como Guterres fueron atacados por sus declaraciones contra los excesos del régimen sionista.
En el momento de redactar este artículo, EE.UU. ha enviado al jefe de la CIA, William Burns, a París para discutir un proyecto de acuerdo para alcanzar un alto el fuego parcial, nuevamente rechazado por Netanyahu, quien envió al jefe del Mossad, David Barnea, a reunirse con delegaciones de Estados Unidos, Qatar y Egipto. También está sobre la mesa el intento sionista de excluir a la UNRWA de la reconstrucción de Gaza, un negocio económico-político que pretende gestionar en su beneficio, junto con sus aliados más fieles.
Pero, mientras tanto, la oposición al régimen de Netanyahu está creciendo incluso en el propio “Israel”. Las familias de los ocupantes hechos prisioneros el 7 de octubre por Hamás, que piden canjearlos por prisioneros palestinos retenidos en condiciones inhumanas en las cárceles sionistas, protestan cada semana y se enfrentan con la policía; y con los colonos que respaldan la política genocida, y que tratan de impedir que la ayuda humanitaria entre por los pasos fronterizos.