El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció este martes que sectores de la ultraderecha venezolana recibieron financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fondos que habrían sido utilizados para conspirar contra el Estado venezolano y enriquecer a líderes opositores.
Te puedeinteresar
Durante su participación en el programa radial Cable a Tierra, conducido por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, Rodríguez aseguró que estos recursos fueron desviados para el “beneficio personal” de los dirigentes opositores, en lugar de ser destinados a fines legítimos.
El titular del Poder Legislativo también se refirió a la denominada “Operación Gedeón”, un plan fallido que buscaba asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Rodríguez expresó su confianza en que la justicia colombiana actúe contra los responsables de este hecho, señalando directamente a los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez como promotores de la operación.
“Duque y Uribe Vélez son personas con un talante criminal y homicida evidente. Promovieron acciones para que, en 2020, mercenarios ingresaran a Venezuela con el objetivo de cometer un magnicidio en contra del presidente Maduro, el ministro Diosdado Cabello, el ministro Vladimir Padrino López y la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, afirmó Rodríguez.
Además, el presidente de la Asamblea Nacional recordó los vínculos de ambos exmandatarios colombianos con grupos narcotraficantes, los cuales habrían sido utilizados para respaldar la operación contra Venezuela.
Rodríguez también mencionó las recientes declaraciones del mercenario estadounidense-canadiense Jordan Goudreau, quien reveló detalles sobre el financiamiento y la ejecución del plan. En este contexto, destacó la demanda interpuesta contra el opositor Juan Guaidó por incumplimiento de contrato, relacionada con el pago de dos millones de dólares por el fallido intento de desestabilización.
Con estas denuncias, el gobierno venezolano reitera su llamado a la comunidad internacional para que se investiguen y sancionen estas acciones, que califican como una amenaza contra la soberanía y la paz del país.
