El presidente Maduro presentó la propuesta económica más coherente en toda la historia de Venezuela
“Los precios acordados son una solicitud que hace el gobierno a los monopolios. Esta es una nueva oportunidad que el presidente Maduro les ofrece”
Por Verónica Díaz Hung
Luego de que más de 8 millones de venezolanos se pronunciaron con su voto a favor de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 31 de agosto, aunque la paz volvió a las calles venezolanas y se anunciaron elecciones de gobernadores para octubre de este año, comenzó un violento incremento de precios, mientras que Washington impuso sanciones que penalizan las transacciones venezolanas en el mercado norteamericano, con el interés de dificultar el acceso al crédito y la compra de alimentos y medicinas.
En respuesta el presidente Nicolás Maduro presentó un conjunto de medidas económicas para enfrentar el bloqueo que intenta ejecutar el gobierno de Donald Trump contra Venezuela.
Para el economista Tony Boza el cuerpo de medidas que el presidente presentó ante la ANC constituyen la propuesta económica más coherente en toda la historia de Venezuela, porque están inscritas en tres tiempos: La protección al pueblo venezolano, generan un escudo que protege la capacidad adquisitiva y la estabilidad económica y pasan a la ofensiva en el plano nacional e internacional.
Plan 50 en el ojo del huracán
Para el economista Tony Boza la Ley de Abastecimiento y Precios Acordados, conocida como ley 50, reconoce que el aparato del Estado no puede ejercer el control real de la economía, y admite que la congelación de precios -que fue cuestionada por el presidente Maduro- no funciona. Cuando un precio es congelado, el producto suele desaparecer y es comercializado por las redes del bachaqueo y el contrabando.
Pero tampoco opta por la liberación de precios al clásico estilo neoliberal.
Por tanto, la propuesta crea un universo limitado de 50 bienes que representan el 90% del consumo de los venezolanos, los cuales serán controlados, no solo por el Estado, ya que también participan los diversos actores de la economía: productor, importador, distribuidor y el consumidor que es el pueblo organizado.
Sostiene que las medidas se complementan unas con otras, por eso algunas son de protección al pueblo y otras pasan a la ofensiva, y algunas tienen las dos cualidades, y además actúan en el plano nacional e internacional.
“Los precios acordados implican garantizar una estructura de costos donde se incluyen todos los factores que inciden, desde los insumos, bienes intermedios, materias primas, servicios, además de controlar cómo se distribuyen los productos. Mientras que en la ley de los CLAP se contempla la figura de supervisión”, explica.
Por primera vez se otorga poder al actor más importante, que es el consumidor organizado, quien se expresa desde los CLAP, la comuna, los consejos comunales y otras expresiones de poder popular.
“Se le otorga al pueblo la capacidad de supervisión y de sanción, ya que estará acompañado de un fiscal y un defensor público para enfrentar la guerra económica”.
Las medidas incluyen dos unidades tributarias: una para el cálculo de política salarial, de compensación y pensiones. Y habrá otra dedicada a los transgresores del sistema de precios acordados: la Unidad Tributaria Punitiva, que permite pechar a aquellos capitales que se aprovecharon de la guerra económica, quienes tuvieron ganancias especulativas y ahora el Estado va por ese patrimonio. Se propone pechar a los grandes capitales.
“Esta medida tendrá efectos en la economía, contribuyendo a controlar la inflación y generando un sistema de precios estable en el tiempo”, considera Tony Boza.
Mientras que Ingerson Freites, del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), advierte que hay una relación estrecha entre el precio y el monopolio. En Venezuela cuatro empresas dominan, por ejemplo, más del 50% del sistema avícola, mientras que 12 empresas dominan el 100% de ese mercado, a diferencia de Colombia, donde en ese mismo sector existen alrededor de 3.000 empresas.
Lamenta que en Venezuela no se ha podido superar ese grado de concentración, por lo que en la guerra económica los monopolios han disminuido la producción y aumentado los precios.
“Los precios acordados son una solicitud que hace el gobierno a estos monopolios. Esta es una nueva oportunidad que el presidente Maduro les ofrece”, expone Ingerson Freites.
Y aunque considera posible desacelerar la velocidad con la que los precios vienen creciendo. No obstante, plantea realizar un monitoreo diario de la formación de precios y fortalecer instituciones como Sencamer, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Superintendencia Antimonopolio, logrando un trabajo coordinado y sectorizado.
Carnet de la Patria y contraloría social
José Manuel Rodríguez, también economista del OVRE, destaca la importancia de los sistemas de información para realizar contraloría social.
Al respecto, Tony Boza recomienda apoyarse en la amplia penetración del Carnet de la Patria, que abarca 15 millones de venezolanos, ya que a través del código QR se puede desarrollar, incluso, una aplicación celular que permita hacer seguimiento del cumplimiento de los precios acordados por los diferentes actores.
Recuerda que los argentinos crearon una aplicación que se llamaba precios cuidados, y propone generar una similar en Venezuela, por ejemplo, una aplicación que permita determinar, a través del código QR, si el producto ha recibido divisa subsidiada, ofreciendo además su estructura de costo.
DolarToday, un arma de guerra
Para Tony Boza, DolarToday es una sombra en la pared que ha sido utilizada como pretexto para incrementar sustancialmente los precios. Pero si se controla los 50 productos que representan el 90% del consumo de los venezolanos, se logrará deterner los efectos del nefasto marcador artificial.
“Dolar Today ha subido incluso cuando no hay bolsa. No es un marcador económico. Es una herramienta política. Es un arma de guerra, que algunos actores han aceptado por conveniencia, porque sirve para justificar la escalada especulativa”.
Pago electrónico
Las medidas plantean un sistema impositivo, descontando un 5% del IVA para las transacciones electrónicas. El objetivo es estimular el pago electrónico, que transparenta las relaciones de pago.
“No hay nada más fácil de ocultar que el pago en efectivo, mientras que las transacciones digitales siempre dejan una traza”, resalta Tony Boza.
Igualmente se va a realizar un proceso de facturación electrónica de los 5 mil contribuyentes más grandes del país.
Se estima que la evasión y elusión de impuestos en Venezuela alcanza el 88%, ubicándose entre las más altas del mundo, de esta manera el sector privado se queda con un dinero que es del pueblo.
El incremento de las transacciones electrónicas contribuirá a la transparencia de los procesos.
Aumento salarial
“Cuando se aumenta el salario un 40%, la estructura de costo de ningún bien aumenta 40%. Se estima que el incremento está entre un 4% y 5% y no representa un 50% o 1000%, que es lo que está ocurriendo en este momento, cuando se usa como pretexto el aumento salarial para seguir con su política especulativa”, señala Boza.
Expone que el productor no va a perder, ya que se establecerán ganancias de hasta un 30%, cuando las tasas de ganancias en Estados Unidos están entre 1% y 3% y en promedio 12%; mientras que en Europa se ubican entre 7% y 8% y en Japón en un 5%.
“El aumento salarial ya está indexado en la ganancia del 1000% que hoy tienen los precios, ya que obedecen al dólar de guerra”, analiza Ingerzon Freites.
