Una querida amiga comenzaba el lunes pasado su tratamiento contra el cáncer. Debía hacerse quimioterapia en una clínica ubicada en La Candelaria, cerca de la Defensoría del Pueblo. Como ella vive en Altamira, andaba buscando asilo en casa de amigos que habitaran cerca del centro de salud para garantizar poder llegar a tiempo a su primera sesión. Desde el viernes le habíamos advertido que tomara previsiones pues la oposición, en su menú de “Terrorismo a la carta”, había inventado el llamado “plantón nacional”. Pero aunque ella hubiese podido llegar a su cita, el centro clínico privado donde se haría la quimio no prestó servicios ese día. ¿La razón? “por la situación del país”, según le dijeron cuando le avisaron por teléfono que se habían suspendido las sesiones de quimioterapia. Con esto se vulnera el derecho a la salud, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Otro amigo que vive en Los Teques, debía traer a su pequeña hija a la terapia que le aplican para superar problemas de movilidad. La familia recibió asilo en nuestra casa para que Andreíta asegurara su rehabilitación y no la perdiera a causa del “plantón”.
Sobre el derecho a la educación, citamos el caso de una compañera que habita en Prados del Este y varias veces ha tenido que llevarse a sus dos hijos al trabajo, porque el centro educativo donde estudian tiene más de una semana cerrado. Con la excusa de que son los padres los que no quieren llevar a los niños al colegio “por la situación del país”, las instituciones de educación privadas se suman al “plantón” o a cualquier medida de “paro” que la oposición instruya.
Pero nuestra amiga en dos oportunidades no ha podido llegar a su trabajo, con cual se viola otro derecho constitucional: el derecho al trabajo, ya que la autopista Prados del Este y toda la zona de Santa Fé, es un “territorio libre” de la oposición pues sus alcaldes y cuerpos policiales apoyan el caos y la anomia que afecta a miles de familias. Son días laborables y de estudio que se pierden sin que nadie lo impida.
Es decir, ya en Venezuela la violencia de la oposición está generando figuras contenidas dentro del Derecho Humanitario Internacional como la del desplazamiento interno pues tenemos conocimiento de familias que se han tenido que mudar de zonas de choque permanente como Chacao y Altamira, para poder seguir sus vidas en paz.
Según el diccionario del derecho Internacional Humanitario, se define como desplazado interno a las “Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente” (Naciones Unidas, documento /CN.4/1992/23).
La gente que habita “en el Este del Este”, llámese La Trinidad, Prados del Este, Los Samanes, etc, a veces ni siquiera puede salir de sus casas porque los violentos de la oposición se lo impiden. Ante la imposibilidad de ir al mercado, a la farmacia o simplemente a respirar, son personas que se sienten aisladas en sus jaulas, en un ostracismo obligado “por la situación país”. Todo eso en la férrea dictadura de Nicolás Maduro.
El cierre de las estaciones del Metro de Caracas, medida que se toma para que la oposición violenta no destroce las instalaciones, las unidades del metrobus o las casetas de venta de boletos, colapsa en Caracas a millones de habitantes. El ausentismo en las aulas de clase es notable pues los estudiantes se ven impedidos de llegar. El resultado es que no hay clase y que se debe reprogramar el contenido.
El transporte subterráneo es entonces sustituido por el “normal” es decir, el que va por la superficie, busetas repletas de gente donde se consiguen padres angustiados que deben regresar a buscar a los niños al colegio porque de pronto les avisan que acaban de suspenderse las clases.
Se logra con esto una población en zozobra constante pero, además, que culpa al gobierno por todos los males que le aquejan.
Luisana Colomine