Acoso a Cristina Fernández y caso Emtrasur
Una pregunta ha quedado en el aire durante semanas: ¿por qué el gobierno de Alberto Fernández ha permanecido casi indiferente ante las acciones de tribunales argentinos contra Venezuela, en el caso del avión de EMTRASUR? La arremetida de ese mismo Poder Judicial nada menos que contra la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, luce como una respuesta a esa interrogante. Parece evidente que esa rama del Poder Público, bajo control de la derecha macrista, actúa de manera abierta según los dictámenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Después de ver cómo se desarrolla una maniobra típica de lawfare contra Cristina Fernández; se tiene que llegar a la conclusión de que el problema de la penetración política del Poder Judicial en la nación austral es mucho más grave de lo que alguien pueda calibrar desde el exterior. Se entiende que el gobierno no estaba en condiciones de asumir una actitud beligerante en el caso del avión venezolano, que muy posiblemente haya sido precipitado a manera de globo de ensayo. Tal vez el Ejecutivo se estaba reservando para una pelea de dimensiones incuestionablemente mayores en el escenario interno argentino.
Izquierdistas de alto vuelo, como el intelectual Atilio Borón, han señalado que el gobierno de Alberto Fernández no quiso, no supo cómo, o no pudo evitar que la muy politizada justicia argentina montara, junto con la maquinaria mediática del capitalismo global, el show del avión de EMTRASUR.
Según Borón, si el Poder Ejecutivo hubiese actuado rápidamente, se habría podido abortar la maniobra. Pero tardó mucho y cuando el asunto ya había tomado cuerpo se le hizo más cuesta arriba resolverlo.
Luego se observó un síntoma, aún más grave, de lo que se ha llamado la colonización del Poder Judicial argentino por parte de Estados Unidos: los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una pena de 12 años de cárcel, inhabilitación para ocupar cargos públicos y decomiso de bienes contra Fernández de Kirchner; quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.
La prensa argentina —también controlada por la oposición radical y obsecuente a los mandatos de Washington— ha participado abiertamente en la maniobra, razón por la cual, la vicepresidenta ha calificado lo que está ocurriendo como «una persecución judicial y una feroz campaña política y mediática» en su contra.
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, sugirió que hay «intereses ideológicos» extranjeros detrás del proceso judicial en contra de la vicepresidenta. Y, como situación nada inusual en estos casos, el principal señalado es Estados Unidos, aunque también la ultraderecha brasileña se ha sumado a la conspiración.
El ultraconservador senador estadounidense, Ted Cruz, llamó cleptócrata a Cristina Fernández y el hijo de Jair Bolsonaro, el Diputado Eduardo Bolsonaro, lo respaldó. Ambos pidieron al Departamento de Estado que emita sanciones contra la vicepresidenta.
Al respecto de esas posiciones de Cruz y Bolsonaro, el canciller Cafiero señaló: «Uno más ignorante que el otro. Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina».
En este punto, el asunto coincide perfectamente con el caso del avión de EMTRASUR, en el que el Poder Judicial argentino ha actuado también como operador de los intereses estadounidenses, al secuestrar la aeronave y retener a la tripulación durante ya casi tres meses.
La utilización de los tribunales como armas contra los gobiernos progresistas es una estrategia que ya ha dado frutos para Estados Unidos en la región. De esa manera abortaron el mandato de Dilma Rousseff e impidieron la elección de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil; y de la misma forma, con el auxilio del traidor Lenin Moreno, han cercenado la Revolución Ciudadana en Ecuador.
En Venezuela intentaron hacerlo, primero a través de la designación de un supuesto Tribunal Supremo en el Exilio; y luego “calentándole las orejas” a magistrados del verdadero Tribunal Supremo de Justicia para que se sumaran a la acción golpista del 30 de abril de 2019.
Como no han podido, han utilizado sus propios tribunales y los de sus satélites en el mundo para confiscar propiedades del Estado y para emitir infames órdenes de captura contra funcionarios y diplomáticos venezolanos, sin respeto por el derecho internacional.
Hasta ahora lo habían hecho en países con gobiernos aliados de Washington como la Colombia uribista de Duque; el Reino Unido o Cabo Verde. Pero con el caso del avión de EMTRASUR han demostrado que sus tentáculos judiciales pueden existir incluso en naciones gobernadas por la izquierda, pero con poderes judiciales infiltrados por el imperialismo.
Un emotivo reencuentro
En vista de que la retención de la tripulación del Boeing 747-200 de EMTRASUR se ha prologado ya casi por tres meses, el gobierno nacional decidió organizar un vuelo especial de CONVIASA para llevar por una semana a los familiares de los afectos y así aliviar la pena de la inesperada separación.
“Las escenas del aeropuerto fueron un momento muy bonito, y también la llegada al hotel”, relató la comunicadora Orlenys Ortiz, quien ha seguido el caso exhaustivamente desde que comenzó el drama, en junio pasado.
“Con este viaje se hizo lo que se podía atender de inmediato. Se logró que puedan estar una semana en Buenos Aires. Están compartiendo en el hotel. Algunas habitaciones fueron acondicionadas para recibir a los familiares. Están recibiendo esa dosis de alegría y apoyo que da el contacto físico. Ellos estaban supercontentos. Algunos llevaron regalos y flores para recibir a sus esposas. Uno de ellos estaba celebrando el aniversario de matrimonio y durante la estadía había algunos cumpleaños para celebrar. Trataron de aislarse al menos una semana de la situación de incertidumbre en la que están”, añadió Ortiz.
Los tripulantes venezolanos habían podido mantenerse en contacto digital con sus familias. Solo el 13 de junio, cuando les incautaron sus celulares, estuvieron unas horas sin poder comunicarse, pero el resto del tiempo han podido hacerlo. Sin embargo, todos echaban de menos el encuentro presencial, tomando en cuenta que no ha sido esta una ausencia planificada, sino una situación sobrevenida.
“Ha habido afectación psicoemocional por no estar con sus familias. La mayoría de los tripulantes son padres, y la única mujer, Victoria, es madre de tres hijos. En el caso de ella vino casi toda la familia, incluyendo sus padres”, contó la comunicadora.
Mientras trascurría este paréntesis de cercanía familiar, los tripulantes seguían esperando el resultado del proceso judicial que se encuentra en la Cámara de Apelaciones de La Plata.
