Si bien el texto propuesto no toca ni modifica tratados internacionales que mantienen amarrada la economía chilena a los grandes intereses internacionales, no logra nacionalizar las riquezas naturales y minerales, significa un avance significativo en cuanto al establecimiento de derechos civiles, sociales y políticos, reconociendo además la existencia de naciones originarias y sus formas de organización
Por: Boris Teillier Espinoza
A casi cincuenta años del Golpe de Estado en Chile y la imposición del modelo neoliberal por parte de la cruel dictadura cívico militar, la cuna del neoliberalismo en América Latina vive momentos cruciales al tener la oportunidad, el 4 de septiembre, de contar con una nueva Constitución, dejando atrás la Constitución pinochetista.
El estallido social del año 2019 resquebraja el modelo económico, político, social y cultural impuesto a sangre y fuego; cuando más de tres millones de personas se manifestaron en las calles a lo largo y ancho del país, exigiendo el término de la desigualdad e injusticias que viven la mayoría de los chilenos.
Así, mientras Sebastián Piñera reprimía dejando un saldo de más de treinta muertos y más de cuatrocientos mutilados de la vista; la derecha con los partidos de la ex concertación y el Frente Amplio lograron un acuerdo nacional para dar salida a la crisis. Este acuerdo abriría la posibilidad de avanzar en un proceso para elaborar una nueva constitución, pero establecía un marco hecho a su medida. Es decir, restringía la participación popular.
Posteriormente, por la presión social de diversos actores, entre los que destacan los pueblos originarios, movimientos de mujeres y sectores de la izquierda como el Partido Comunista chileno; se logró ampliar el margen de participación, llegando así a lo que sería la propuesta definitiva. En 2021 se eligió, con voto paritario e incorporando a los pueblos originarios, a los 155 hombres y mujeres responsables de elaborar la propuesta del texto constitucional. Es en este momento cuando la derecha sufre su primer revés, al lograr apenas un veinte por ciento de representantes en la Convención Constitucional, siendo los sectores de centro izquierda, movimientos sociales, independientes y de izquierda; quienes lograrían una amplia mayoría.
Paralelo al proceso de elección de los convencionales constituyentes, se realizaron las elecciones presidenciales, ganando en segunda vuelta el socialdemócrata Gabriel Boris; respaldado por dos coaliciones: Apruebo Dignidad conformado por los Partidos integrantes del Frente Amplio y los partidos de Chile Digno, destacando el Partido Comunista; y lo que se denominó como Socialismo Democrático, conformado por partidos socialdemócratas y pro neoliberales de la ex concertación, donde destaca el Partido Socialista; además contó con un millón y medio de votos que más que votar por Boric, votaron para frenar la amenaza real de la candidatura fascista de la ultraderecha.
Un año fue el tiempo dispuesto para trabajar el texto constitucional, desde el primer minuto, los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena mediante sus medios de comunicación, no cesaron en atacar y ridiculizar el proceso de discusión constituyente; que terminó con la entrega al Presidente de la República el pasado 4 de julio; dando paso oficialmente al período de campaña para el plebiscito que se realizará el próximo 4 de septiembre.
Si bien el texto propuesto no toca ni modifica tratados internacionales que mantienen amarrada la economía chilena a los grandes intereses internacionales, así como tampoco logra nacionalizar las riquezas naturales y minerales; lo plasmado en el texto es un avance significativo en cuanto al establecimiento de derechos civiles, sociales y políticos, reconociendo además la existencia de naciones originarias y sus formas de organización. No es una Constitución que ponga en jaque al modelo, pero si una constitución que permite abrir caminos reales de participación y empoderamiento de las mayorías.
No será fácil el logro de aprobar esta nueva Constitución. La oligarquía chilena defenderá sus privilegios con la mentira, el chantaje y la extorsión; ya que utilizando fake news señalan que la nueva Constitución terminará con la propiedad privada, con la libertad de enseñanza, con la religión y un sinfín de mentiras aprovechándose además de los altos niveles de analfabetismo funcional que existen en la sociedad chilena.
Aunado a lo anterior, no podemos dejar de señalar la compleja situación económica que está atravesando Chile, con un galopante costo de la vida que afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras; situación generada principalmente por el contexto económico internacional y, nuevamente, sectores Socialdemócratas y de la Democracia Cristiana salen a defender el actual ordenamiento. Ricardo Lagos, el mismo que en el año 2003 siendo Presidente de Chile reconociera al golpista Pedro Carmona, cuestiona hoy la propuesta de nueva Constitución desconociendo la validez del proceso convencional constituyente.
Esperemos que el pueblo chileno logre superar la mentira, el odio y el engaño y de un paso significativo este próximo 4 de septiembre, aprobando la nueva Constitución; así como el 4 de septiembre de 1970, el pueblo con su voto eligiera al compañero Salvador Allende como Presidente.
