El justo reclamo de Venezuela ha sido afectado siempre por la injerencia de EEUU
El vergonzoso Laudo de París de 1899
El origen jurídico del despojo sufrido por Venezuela es el Laudo de París de 1899, una auténtica farsa en la que al país reclamante no se le permitió ni siquiera tener una representación directa en las discusiones.
Es difícil imaginar un trato más colonialista. Se trató a los venezolanos como débiles mentales, gente inferior que no estaba en capacidad de sustentar su exigencia. Este papel se le otorgó a Estados Unidos, en una supuesta aplicación de la Doctrina Monroe.
Se suponía que Estados Unidos tenía como principio defender los intereses de los países del continente frente a las intenciones de las potencias europeas de prolongar su dominio colonial, ya bastante reducido por los procesos de independencia. Pero en este caso, nuestros presuntos defensores se complotaron con los británicos y con el presidente del tribunal arbitral, un ruso que hacía vida en Inglaterra, para darle carácter legal al expolio territorial.
La decisión misma de ir a un arbitraje tan amañado se tomó dos años antes entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde entonces se sospechaba que el resultado final sería ampliamente favorable al imperio colonial europeo.
El Acuerdo de Ginebra de 1966
La deplorable forma como se forjó el Laudo de París quedó al descubierto tras la publicación póstuma del memorando de uno de los abogados estadounidenses de Venezuela, Severo Mallet-Prevost, quien dejó instrucciones de darlo a conocer luego de su muerte.
El carácter fraudulento de ese laudo fue tan descarado, que le permitió a Venezuela reactivar su reclamo en la década de los 60. Esto coincidió con el avance de la descolonización británica en la región. Este aspecto geopolítico fue determinante para que Londres aceptara volver a una mesa de negociaciones.
En cierto modo, fue un regalo envenenado para Venezuela; pues esta buena disposición cristalizó cuando ya estaba pactada la independencia de la colonia conocida como Guayana Británica o Guayana Inglesa, que pasaría a ser la República Cooperativa de Guyana.
Este cambio de estatus modificó sustancialmente la percepción internacional del conflicto de límites. Venezuela dejó de ser el país pobre, despojado por las potencias del norte; y pasó a ser un país petrolero y rico que intentaba quitarle dos tercios de “su” territorio a una nación recién nacida.
A pesar de esto, el Acuerdo de Ginebra fue un enorme logro de la diplomacia venezolana del siglo XX; y sigue siendo el instrumento jurídico que marca la ruta para la solución del contencioso.
El lamentable Protocolo de Puerto España de 1970
Con apenas cuatro años de vigencia y aún en etapa de explorar cuál mecanismo sería aceptado por ambas partes para buscar el arreglo, el gobierno de Rafael Caldera y el Congreso de la época aprobaron el Protocolo de Puerto España, un añadido al Acuerdo de Ginebra mediante el cual se suspendía la aplicación de este último por doce años.
Prevaleció en ese momento el argumento del país joven, que necesitaba consolidarse. Venezuela, que mantenía una postura favorable a la descolonización (consecuente con su tradición histórica); fue presionada con este pretexto.
Por otro lado, el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas consideraron prudente este paréntesis, pues había indicios de un posible conflicto con Colombia, por su reclamo de delimitar las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela. La estrategia aconsejaba no tener ese eventual segundo frente activo.
El cuadro actual, parte del asedio a Venezuela
En 1982, Guyana pidió otros doce años de congelación del Acuerdo de Ginebra, pero Venezuela se opuso. Tras cinco años de vacío, en 1987 se asumió la opción del Buen Oficiante de las Naciones Unidas para avanzar en procura de un arreglo aceptable para ambas partes. Desde 1989, este cargo lo han desempeñado Alister McIntyre (hasta 1998); Oliver Jackman (1999-2007); y Norman Girvan (designado en 2010, fallecido en 2014).
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Bajo las mismas premisas del contexto geopolítico, Guyana optó por desconocer las vías del Acuerdo de Ginebra y buscar el fallo de un tribunal internacional. Esto ocurrió en 2018, cuando Venezuela sufría una nueva vuelta de tuerca en el asedio al que viene siendo sometida por Estados Unidos y sus países socios o lacayos.
Los partidos y dirigentes que formaron parte del fraudulento gobierno interino demostraron en ese tema su marcada tendencia apátrida, al participar en negociaciones en las que se planteó la renuncia de Venezuela a su justa reclamación.
Uno de los actores clave de esta jugada es la corporación petrolera estadounidense Exxon-Mobil, que incluso tiene un presupuesto para respaldar la acción jurídica. A cambio tiene garantizadas fabulosas concesiones petroleras de parte de Guyana, que ya ha venido explorando ilícitamente y contra la voluntad de Venezuela; en el territorio Esequibo y en aguas del océano Atlántico, que Caracas también reivindica como parte de su soberanía.
En ese punto nos encontramos cuando el Acuerdo de Ginebra ha cumplido 57 años y continúa siendo, a los ojos de Venezuela, el único instrumento válido para resolver esta controversia.
