La declaración conjunta sobre los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, confirma el compromiso de la UE de comprar 750 mil millones de dólares (casi 690 mil millones de euros) en «Gas Natural Licuado (GNL), petróleo y productos nucleares» a Estados Unidos de aquí a 2028. Además, como ya se anunció en la cumbre de Turnberry, el documento prevé que las empresas europeas invertirán 600 mil millones de dólares (552 mil millones de euros) en sectores estratégicos en Estados Unidos de aquí a 2028.
La declaración se produjo en los campos de golf privados del presidente Donald Trump, en Escocia.
En la sociedad del espectáculo, y lo grotesco que caracteriza al escenario estadounidense, el lugar y el contexto son altamente simbólicos. El campo de golf representa el entorno de la clase dominante, un oasis de privilegio y negocios que oculta la cruda realidad de las contradicciones económicas y geopolíticas.
Este tipo de diplomacia, alejada de los canales formales e institucionales, sirve para enmascarar los intereses de clase en juego, presentándolos como simples acuerdos entre «amigos» o «socios» en un contexto informal.
En realidad, se trata de una negociación crucial que responde a las necesidades del capital monopolístico, y que muestra el desprecio de los poderosos por las mismas reglas de la democracia burguesa que quieren imponer a las clases populares.
La cuestión de los aranceles, que parece ser el centro de la discusión, no es una simple disputa comercial. Es una expresión de la competencia inter-imperialista por el control de los mercados y de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos, en un período de relativo declive de su hegemonía económica, piensa utilizar los aranceles como una herramienta para proteger sus industrias estratégicas y reafirmar su posición.
La Unión Europea, un bloque subalterno y perdedor, que ve aún más frustradas sus ambiciones de tener peso en la competencia global, a su vez, no es una entidad monolítica; en su interior, las diferentes burguesías nacionales luchan por sus propios intereses.
La reducción o eliminación de aranceles en ciertos productos (como el acero y el aluminio, que son fundamentales para la industria militar) no beneficia a los trabajadores, sino a los grandes productores, que ahora pueden acceder a mercados más amplios y maximizar sus ganancias. La declaración conjunta, de hecho, refuerza la cooperación en la producción y venta de armamentos uno de los sectores más rentables, ya que su valor no se basa en la producción de bienes de consumo, sino en la destrucción potencial.
«La Unión Europea«, se lee en la declaración, «planea aumentar significativamente la adquisición de equipos militares y de defensa de Estados Unidos, con el apoyo y la facilitación del gobierno estadounidense. Este compromiso refleja una prioridad estratégica compartida: profundizar la cooperación industrial transatlántica en materia de defensa, fortalecer la interoperabilidad de la OTAN y garantizar que los aliados europeos estén equipados con las tecnologías de defensa más avanzadas y fiables disponibles«.
El rearme global, incentivado por el conflicto en Ucrania, el negocio del genocidio en Palestina, y las crecientes tensiones geopolíticas, representa una enorme oportunidad de lucro para la industria de la defensa, dominada por unos pocos conglomerados transnacionales. La cooperación entre la UE y EE. UU. en este ámbito asegura que estas ganancias permanezcan en manos de una élite capitalista occidental restringida.
La guerra en Ucrania se ha convertido en una demanda artificial de armamento que revitaliza la industria de defensa europea, garantizando beneficios récord para el capital de este sector. La burguesía europea ha encontrado una nueva y lucrativa vía para la acumulación de capital, mientras que la clase trabajadora de Europa (y de Ucrania) paga el precio en vidas y en una inflación galopante.
En esta clave deben interpretarse los datos del Instituto de Kiel para la Economía Mundial según el cual, entre febrero de 2022 y junio de 2025, Europa ha destinado 35.100 millones de euros en ayuda militar, superando en 4.400 millones a Estados Unidos, por primera vez desde el inicio del conflicto con Rusia.
El dato más revelador del informe es que una parte significativa de las armas ya no provienen de los arsenales militares, sino que son adquiridas directamente de la industria de defensa, siendo así una operación de subsidio masivo del Estado a la industria bélica. Al inicio del conflicto, el capital estadounidense y sus élites políticas impusieron a Europa la necesidad de romper con lazos económicos vitales con Rusia, especialmente en el sector energético. Este hecho fue un claro acto de vasallaje.
Ahora, al asumir una carga financiera y militar mayor, la burguesía europea está pagando su «cuota» para mantenerse como un socio menor en el bloque imperialista liderado por EE. UU. El objetivo es consolidar un frente unido contra Rusia, y en última instancia contra China, mientras el capital estadounidense se beneficia al vender su gas licuado a precios exorbitantes y al asegurar nuevos mercados para su industria de defensa.
El apoyo financiero a Ucrania, en gran parte a través del mecanismo de préstamo Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), que moviliza 45.000 millones de euros a partir de activos rusos congelados, es un claro ejemplo de saqueo de capital. Este es un acto de guerra económica, donde un Estado utiliza su poder para confiscar activos de un rival, financiando así su propia agenda geopolítica. El mismo mecanismo de piratería internacional puesto en marcha contra la Venezuela bolivariana, con el robo de los activos en el extranjero.
Esta iniciativa del G7 no es un acto de “generosidad” de los gobiernos “democratas”, sino un mecanismo para financiar el conflicto y la posterior reconstrucción de Ucrania, asegurando que los contratos lucrativos vayan a las empresas de los países que financian la guerra. En caso de un colapso militar de Ucrania o de un acuerdo de paz muy perjudicial para Kiev, la transferencia de los proyectos y de parte de las actividades productivas ucranianas a naciones europeas permitiría dejar a las naciones de la OTAN el know-how (la destreza) madurada por los ucranianos en más de tres años y medio de guerra, por otra parte desarrollado gracias al dinero proporcionado por Europa y Estados Unidos, especialmente en sectores innovadores como los drones suicidas (municiones merodeadoras) de largo alcance o para la intercepción aire-aire. La guerra, en este sentido, no solo es una destrucción de fuerzas productivas, sino una reestructuración forzada de la economía en beneficio del capital.
El caso de Italia, con 11 paquetes de ayuda militar aprobados bajo gobiernos tanto de “centro-izquierda” como de derecha, ilustra perfectamente el consenso de clase de la burguesía. Más allá de las diferencias políticas superficiales, la clase dominante se une en un frente común cuando se trata de defender sus intereses geopolíticos y económicos, haciendo de la guerra un negocio lucrativo.
La guerra comercial con los aranceles y la escalada en el rearme son parte de una estrategia más amplia para contener la influencia china y proteger la hegemonía occidental. Se trata de un conflicto entre bloques imperialistas que compiten por el control de los recursos, los mercados y las esferas de influencia: a expensas de las clases populares.
