Por: Gustavo Rosendo
En 2012, Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso y Juan Guillermo Monsalve, quien fue administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dos años después, cuando el senador Iván Cepeda develaba información sobre los presuntos vínculos del expresidente Uribe con grupos narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha a lo largo de su carrera política. El entorno de Uribe, cual fichas alineadas de dominó, caían uno tras otro; senadores, ministros, secretarios, pero siendo él el jefe de los caídos, sólo se tambaleaba, pero nada que caía.
En previsión de ello, Uribe decidió demandar a Cepeda ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos, dado su fuero de senador. El juicio se fue prorrogando por triquiñuelas jurídicas promovidas por el equipo de abogados de Uribe.
En febrero de 2018, la Corte declaró que había hallado que quien estaba intentando manipular testigos para engañar a la justicia era el mismo Uribe, quien buscaba que dichos testigos declararan contra Cepeda por medio de visitas a las cárceles que uno de sus abogados, Diego Cadena, realizaba a personas privadas de la libertad.
En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia le impuso a Uribe la medida de detención domiciliaria por riesgos de obstrucción a la justicia, mientras se desarrollaba la investigación. Ante la inminencia de ser juzgado, el senador Uribe renunció a su cargo y su caso pasó a la justicia ordinaria. Esperando obtener su absolución, pues era más fácil manipular políticamente a la fiscalía nombrada por Iván Duque, ficha del uribismo.
Han transcurrido casi 13 años, durante los cuales, dos fiscales complacientes han pedido la preclusión del caso por considerar que las pruebas no eran suficientes. Como el caso fue reactivado en octubre del 2020, la defensa de Uribe hizo todo lo posible para correr las fechas hasta octubre del 2025, de tal manera que la corte cerrara el caso por vencimiento de término.
Uribe enfrentaba tres cargos: fraude procesal, soborno a testigos y soborno.
La acusación en manos del abogado Miguel Ángel Del Río, fundamentó sus argumentos en dos pruebas contundentes, la primera de ellas aportada por el testigo estrella Monsalve, quien es hijo del capataz de la finca «Las Guacharacas» lugar donde se fundó el bloque metro de las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC). Su prueba consistía en una visita que le realizara un abogado amigo de Uribe, quien había obtenido un éxito notable defendiendo narcotraficantes y logrando acuerdos favorables para ellos, ante la justicia norteamericana. El abogado Diego Cadenas mejor conocido como «el aboganster», quien paralelamente esta siendo juzgado en libertad, por soborno a testigos, vinculado con el caso Uribe.
Para el momento de la primera visita de Cadenas a Monsalve en la cárcel, no era abogado de Uribe, aún así, presionó a Monsalve para que cambiara su declaración contra Uribe, ofreciendo gestionarle beneficios procesales y su inclusión en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
Un mes después de esa gestión, Uribe le da un poder a Cadenas para que forme parte de su círculo de abogados. Previamente la Corte interfiere el teléfono de Cadenas y se oyen conversaciones de Cadenas con Uribe, desde un número que no está registrado a nombre de Uribe, al ser reconocida la inconfundible voz del expresidente, se deja de interferir el número, pero sigue intervenido el número de Cadenas.
Ante la insistencia de Cadenas en su visita a la cárcel donde está detenido Monsalve, éste decide grabarlo con relojes espías que le consigue su excompañera. Al enterarse de eso, Uribe presiona a la señora mediante sus influencias, la hace botar de su trabajo como médica y ella, ante las amenazas, abandona el país. Los relojes guardados por una amiga de la señora, son la segunda prueba contundente, donde quedan reflejados los ofrecimientos hechos por el aboganster y otros delincuentes que hablaban con Monsalve, a nombre de Uribe para que cambiara su declaración.
Durante el juicio han desfilado tanto aliados como detractores de Uribe, y se han dado luces sobre otros delitos por los que en lo sucesivo se podría juzgar de nuevo al ex presidente.
La defensa basó el caso en desacreditar el testimonio de Monsalve, por ser este un delincuente confeso, condenado a 45 años de prisión por secuestro, y en cuestionar las grabaciones de los relojes por haber sido hechas sin autorización de los grabados y porque la compañera de Monsalve no garantizaba la cadena de custodia de los relojes, y porque información de estos fue guardada en un pendrive de fácil manipulación.
La jueza ha conseguido pruebas contundentes para declarar culpable a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Este viernes la jueza sentenció a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, sentencia que será apelada por la defensa, que dicho sea de paso pretendía que la jueza leyera todo el fallo que consta de 1.114 páginas. Otra estrategia dilatoria que la jueza rechazo sin reparos.
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