El secuestro de activos de Estados soberanos en el exterior constituye una de las armas de presión más empleadas en el presente por parte del gobierno estadounidense y sus gobiernos satélites para ejercer presión económica y doblegar o, incluso, derrocar a gobiernos que les resultan incómodos para la explotación más inclemente de los recursos naturales de esas naciones. Para violar de la manera más descarada las normas más elementales del derecho internacional se valen de los más absurdos e hipócritas argumentos. Uno de los favoritos, es la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, principios violados sistemáticamente y con desprecio por el mismo gobierno yanqui y sus cómplices internacionales. Entre las naciones afectadas en los últimos años y décadas se cuentan Cuba, Nicaragua, Yugoeslavia, Siria, Irak, Irán, Libia, Rusia y Venezuela.
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En el caso venezolano, hay una amplia lista de acciones imperiales que han provocado graves consecuencias a la República en cuanto a la disponibilidad de diferentes activos en el exterior, que en condiciones normales se estuviesen empleando para atender los requerimiento del desarrollo económico de la nación, las necesidades que plantea el desarrollo humano en el marco de un esfuerzo tan exigente como el realizado por la revolución bolivariana para dignificar a nuestro pueblo y para atender una contingencia tan delicada en el planeta como ha sido la pandemia del Covid19.
Por una parte, tenemos a la empresa CITGO, con su sede central en Houston, que pertenece a PDVSA y, por lo tanto, a nuestra República. Está constituida por 3 refinerías y miles de estaciones de servicios en el sur de los Estados Unidos. Valorada en más de 10 mil millones de dólares, jugó un papel importante en el esquema de comercialización de nuestro crudo. Esta empresa fue secuestrada por el gobierno de Trump y aún se encuentra en poder del gobierno estadounidense con la complicidad de la ultraderecha venezolana, no solo con el propósito del robo descarado de los recursos que genera, sino de afectar de manera muy importante el funcionamiento de nuestra industria petrolera.
Monómeros, por su parte, es una de las 50 empresas más grandes de Colombia y una de las petroquímicas más importantes de la región. A través de Pequiven, es propiedad de la República y nos fue arrebatada por el gobierno narcotraficante de Duque, además de profundamente servil al gobierno yanqui. Se trata de una empresa que se ha puesto al servicio del golpismo y la corrupción de los partidos de la ultraderecha local, además de afectar gravemente el suministro de fertilizante a nuestra agricultura. Hace pocos días se revirtió esa decisión con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y se está desplegando el plan de restitución del control de esa empresa.
Un caso especial lo constituyen las 31 toneladas de oro del BCV y, por lo tanto, de nuestra República, que se encuentran retenidas en el Banco de Inglaterra, la institución financiera más importante del mundo en el manejo del oro monetario de las naciones. Con el ridículo pretexto de reconocer a una piltrafa como Guaidó como “presidente interino”, la corona británica, decadente poder colonial del pasado, trata de robarnos esos activos en oro que ascienden a casi dos mil millones de dólares.
Asimismo, recordamos los casi cinco mil millones de dólares correspondientes a los DEG que emitió el año pasado el FMI para contener los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del Covid19. A través de esta emisión de DEG del FMI, la más importante en toda su historia, se asignaron recursos a todas las naciones miembros de esa institución financiera en función de su aporte al patrimonio del Fondo. Con el mismo argumento aplicado al oro secuestrado en Londres y bajo la presión implacable de los EEUU, única nación con poder de veto en el seno del FMI, se consuma este despojo de nuestros recursos y derechos.
En cuanto a nuestro dinero en efectivo y títulos depositados en bancos occidentales, podemos contabilizar más de dos mil quinientos millones de dólares que pertenecen a diferentes instituciones del Estado venezolano y que, como consecuencia de las sanciones imperiales y la permisividad de los gobiernos, donde están radicados estos bancos, no tenemos acceso a estos recursos.
Finalmente, tenemos una acción que representa un bochorno espantoso. Un avión perteneciente a la línea aérea estatal venezolana, Conviasa, adquirida legalmente y con todos los permisos en orden para realizar sus actividades comerciales y humanitarias (transporta medicamentos destinados a combatir la pandemia del Covid19 y otras enfermedades) en el planeta, fue retenida en Buenos Aires con su tripulación de 19 personas bajo presión del gobierno estadounidense y con la complacencia vergonzosa del gobierno argentino. El argumento empleado de manera grotesca es el terrorismo, de lo cual, como era de esperarse, no se ha demostrado absolutamente nada. Una vez más se impone la mentira, la arrogancia imperial y la subsecuente violación de los derechos de las naciones soberanas. El gobierno de los EEUU pretende robarse ese avión, siguiendo su naturaleza saqueadora y sin la menor resistencia del gobierno pelele de Argentina. Esa situación genera un escenario muy delicado, pues los EEUU y sus tribunales con capacidad de chantaje global pueden atentar contra cualquier bien de nuestra República en el mundo.
Las acciones del imperialismo yanqui no lograron doblegar a nuestro pueblo ni derrotar a nuestra Revolución Bolivariana, ni siquiera cuando alcanzaron los mayores grados de brutalidad.
Después de 5 años de durísimas luchas contra las sanciones imperiales y con nuestras históricas victorias políticas, ha llegado el momento de intensificar nuestras acciones políticas, judiciales y diplomáticas para recuperar todos nuestros activos.
Además de la batalla interna, que ha despejado hasta la más cínica duda en relación a quién gobierna en nuestro país, acerca de nuestro carácter profundamente soberano, hay que dar una dura batalla internacional por un nuevo orden mundial sin hegemonías imperiales, sin violación de los derechos a la autodeterminación de los pueblos y, en general, del derecho internacional; un orden mundial basado en el respeto, la cooperación y la multipolaridad. Es un tema crucial para garantizar la estabilidad y la paz en el mundo, para preservar las posibilidades de desarrollo de las naciones.
