Por: Werther Sandoval
El periodista Amy Westervelt, del medio The Intercept, de EEUU, escribió en junio pasado el reportaje titulado: Cómo Exxon capturó un país sin disparar un tiro.
¿Cuál país? Guyana. ¿Qué revela? Un altísimo riesgo de desastre ambiental por las perforaciones de la empresa en aguas profundas. ¿Quiénes serían los directamente afectados? Catorce islas, países, todos miembros de la Comunidad del Caribe, Caricon, que supuestamente apoyan a Guyana en su intento por despojar el Esequibo a Venezuela.
¿Cómo se ejecuta? Mediante el contubernio, el control que ejerce la petrolera estadounidense sobre el presidente y vicepresidente de ese país, Ifaan Ali y Bharrat Jagdeo, respectivamente.
He aquí el reportaje: El Tribunal Superior de Guyana dictó un fallo histórico en mayo contra la Agencia de Protección Ambiental, EPA, del país y la filial de ExxonMobil en la región. Si suena extraño que la EPA y Exxon fueran coacusados en un caso, sí, ese es precisamente el punto.
El caso se presentó en nombre de dos ciudadanos guyaneses, Frederick Collins y Godfrey Whyte. Acusaron a la EPA de no hacer cumplir los requisitos de sus propios permisos al no obtener nunca una garantía de Exxon o su filial, Esso Exploration and Production Guyana Limited, de que la empresa cubriría todos los costos relacionados con un posible derrame de petróleo.
“Los contribuyentes de Guyana están actualmente expuestos”, dijo Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. “Las posibles consecuencias para Guyana son catastróficas”.
Esto se debe a que el proyecto de perforación de Exxon en Guyana es el más riesgoso: perforación en alta mar en aguas profundas, que implica una intensa presión sobre equipos complejos. Las condiciones son similares a las que precedieron a la explosión de Deepwater Horizon en 2010, que arrojó petróleo y gas por todo el Golfo de México, lo que le costó a BP 69 mil millones de dólares.
Las propias evaluaciones de impacto ambiental de Exxon indican que un desastre de este tipo en Guyana podría enviar petróleo a las playas de 14 islas diferentes del Caribe, la mayoría de las cuales dependen de la pesca y el turismo, y todas ellas podrían responsabilizar a Guyana por los daños.
Los costos serían astronómicos, razón por la cual los permisos para perforaciones en alta mar en Guyana requieren no sólo una póliza de seguro de responsabilidad independiente de Esso, sino también una garantía financiera ilimitada de su empresa matriz para cubrir los costos que excedan los cubiertos por el seguro.
Esso se unió al caso con la EPA, argumentando que los demandantes estaban malinterpretando la ley, que se había llegado a un acuerdo entre la empresa y la agencia, y que los ciudadanos de Guyana no estaban legitimados para presentar este tipo de casos de todos modos.
El juez Sandil Kissoon falló a favor de Collins y Whyte en todos los ámbitos y concluyó que los requisitos de seguro y garantía estaban claramente establecidos en el permiso de Esso, que la EPA no logró garantizar esas garantías y que los ciudadanos de Guyana tenían todos los motivos para cuestionar ese fracaso.
“La EPA se ha relegado a un estado de laxitud en su aplicación… poniendo a esta nación y a su gente en grave peligro potencial de sufrir un desastre calamitoso”, escribió Kissoon en un feroz fallo de 56 páginas que calificaba a Esso de “falso y engañoso” y a la EPA “ abandonado, dócil y sumiso”.
Apuntar al gobierno y a ExxonMobil al mismo tiempo es una medida audaz que tiene a algunos en el país preocupados por la seguridad de Kissoon, pero sus defensores señalan el fallo como una confirmación de que los tribunales de Guyana, al menos, no han sido capturados por el negocio petrolero.
En Guyana, se ha vuelto difícil distinguir dónde termina la compañía petrolera y comienza el gobierno. Los ejecutivos de Exxon se unen al presidente de Guyana en su suite en los partidos de cricket, y el vicepresidente ofrece periódicamente conferencias de prensa para defender a la compañía petrolera.
Vincent Adams, ingeniero petrolero de Guyana y ex director de la EPA del país, ha sido uno de los críticos más duros de la agencia.
“Cuando trabajaba en Estados Unidos, siempre teníamos gente en el sitio costa afuera las 24 horas del día, los 7 días de la semana con las compañías petroleras”, dijo Adams, quien pasó décadas en el Departamento de Energía de Estados Unidos. “Porque el 99 por ciento de las veces lo que te dicen que está pasando ahí no es lo que está pasando”.
Cuando Adams fue elegido para dirigir la EPA de Guyana, planeó tener monitores a bordo de los buques de producción flotantes de Exxon. “Todo eso ha sido cancelado. Incluso los archivos y permisos de Exxon, que solían estar en el centro de documentos con los de todos los demás, están bajo llave en la oficina del director”, dijo. “No hay supervisión porque Exxon no quiere supervisión”.
“Hemos cumplido con todas las leyes aplicables en cada paso de las etapas de exploración, evaluación, desarrollo y producción”, dijo Meghan Macdonald, quien maneja los medios y las comunicaciones de Exxon Mobil en Guyana.
“Estamos comprometidos a desarrollar responsablemente los recursos costa afuera de Guyana para maximizar el valor para todas las partes interesadas, incluido el gobierno y el pueblo de Guyana”.
No obstante, Kissoon ordenó a la EPA que emitiera una acción de ejecución inmediata contra Esso, exigiéndole que proporcionara una garantía financiera ilimitada de ExxonMobil y prueba de un seguro de responsabilidad suficiente, o de lo contrario se suspendería su permiso de perforación.
La EPA apeló, y el 8 de junio, un juez de la corte de apelaciones suspendió temporalmente la orden hasta que se escuche la apelación, pero exigió a Exxon que entretanto ofreciera una garantía de 2 mil millones de dólares.
Se trata de un importante freno a las operaciones de Exxon en Guyana, que la compañía ha proyectado podría superar a la Cuenca Pérmica de Texas, convirtiendo a Guyana Exxon en la principal región productora de petróleo, responsable de más de una cuarta parte de la producción global de la compañía, dentro de cinco años.
La abogada local que lleva el caso, Melinda Janki, ha estado trabajando para detener la extracción de petróleo en su país de origen durante más de una década. Para Janki, el fallo es importante independientemente del resultado del proceso de apelación.
“La conclusión es que dos ciudadanos comunes y corrientes de este pequeño país, que la mayoría de la gente no puede encontrar en el mapa, acudieron a los tribunales y derrotaron a la EPA, pero también derrotaron a ExxonMobil, y esto es realmente una victoria del pueblo, del pueblo”.
Janki dijo que el fallo debería enviar un mensaje a la gente sobre el terreno de que tienen el poder de oponerse a proyectos como estos. “El juez Kissoon puso el Estado de derecho por encima de los intereses de Exxon Mobil, y eso es enorme”, dijo Janki. “Eso es lo que todos los jueces de cada país deberían hacer, y creo que esta decisión establece el estándar para los jueces de todo el mundo, no sólo en Guyana”.
Lo que ha estado sucediendo durante los últimos cinco años en Guyana es emblemático de una ola más amplia de colonialismo extractivo que se desarrolla en países de todo el Sur Global.
Como lo expresó Carroll Muffett, presidente del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, “Los países que no tienen una historia o una historia significativa de desarrollo de petróleo y gas o de dependencia del petróleo y el gas están siendo empujados a eso en el mismo momento en que el mundo sabe que debemos eliminar gradualmente los combustibles fósiles”.
