Cuando la ley es sólo para los otros
Acuérdate de abril
El capitalismo hegemónico occidental le impone al resto del mundo su modelo de supuesta democracia, derechos humanos, libertad de prensa y relaciones internacionales. Quien se salga de los parámetros establecidos por “los países avanzados”, está sujeto a graves represalias.
Pero esos mismos países y los gobiernos de derecha sumisos a sus dictados, pueden pisotear todos los componentes del modelo cuando les viene en gana.
La semana pasada en Venezuela, conmemoramos los 22 años de los sucesos de abril de 2002, ocurridos de manera flagrante y sin embozo: derrocaron a un presidente legítimo; se autonombró el capo del empresariado; emitieron un decreto borrando todas las autoridades electas y designadas; desconocieron la Constitución aprobada por referendo; y, por si todo esto fuera poco, asediaron una embajada y estuvieron a punto de violentarla con el argumento de sacar de allí a supuestos asilados.
Cualquiera de esas acciones, en caso de haber sido perpetradas por un movimiento de izquierda o por algún gobierno rebelde ante Estados Unidos, habrían sido condenadas por la “comunidad internacional” y merecido “sanciones” por parte del imperialismo y sus aliados.
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Por cierto, esos gestos inconstitucionales y violatorios del derecho internacional se han intentado repetir luego, a lo largo de los años siguientes. Ejemplos de ello son la autoproclamación de Juan Guaidó, réplica del juramento de Carmona, el Breve; y la aprobación de un supuesto Estatuto para la transición, que dejaba sin efecto la Carta Magna.
Persecución a Assange
Los países que Rusia ha denominado “Occidente colectivo” se han arrogado el papel de vigilantes de la libertad de prensa y expresión en el planeta. Si quiebra una emisora local en algún pueblo de China; si no dejan ingresar a Rusia a un medio estadounidense; o si el presidente Maduro da una respuesta que no le guste a un periodista, enseguida se disparan las “preocupaciones” de Washington y la Unión Europea y emiten comunicados exigiendo que se respete el sagrado derecho a la información.
Pero resulta ser que el peor caso de los últimos años, en lo que se refiere a la persecución contra un periodista por ejercer su trabajo, es el llevado a cabo por Estados Unidos y el Reino Unido, con la complicidad del gobierno del traidor ecuatoriano Lenin Moreno, contra Julián Assange, a quien la élite belicista mundial quiere sepultar en vida en una cárcel por el “delito” de haber revelado los crímenes de guerra cometidos en Irak, Afganistán, Libia y otras naciones destruidas por la OTAN.
Los países poderosos no paran de poner en vigencia leyes restrictivas de la libertad de información, expresión y prensa. Se han cansado de meter presos a periodistas, comunicadores, influencers y ciudadanos comunes por opiniones emitidas en medios o en redes sociales. Pero les niegan a otros países su derecho soberano a legislar sobre mensajes de odio y a procesar jurídicamente a las personas que los emitan.
Violación de la embajada de México
El asedio a la embajada de Cuba, en Caracas, el 12 de abril de 2002, fue apenas un preludio. Luego ha habido en el mundo diversas acciones que han puesto en crisis un derecho que se consideraba sagrado: el asilo.
Una acción vergonzosa fue la entrega de Assange a la policía inglesa, ordenada por el bellaco Moreno. El periodista estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres y de allí fue sacado a la fuerza, en uno de los episodios más abominables en la historia del derecho de asilo, todo ello para encubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos por las potencias militares y para dar un escarmiento a quien pretenda difundir ese tipo de noticias.
Ahora, el mismo país latinoamericano completa el atentado contra el derecho internacional al irrumpir violentamente en una embajada y secuestrar a un asilado.
Se trata de un acto similar al cometido por las hordas carmoníacas el 12 de abril de 2002, perpetrado ahora por un gobierno electo, como el de Daniel Noboa.
Por cierto, es una medida que la Revolución Bolivariana nunca ha tomado, aunque en diversas embajadas de países hostiles han estado escondidos (y conspirando) numerosos personajes, autores de graves hechos punibles.
El exterminio consentido
Tristemente, tal vez no haya mejor ejemplo de cómo la derecha, siempre que tiene la oportunidad, viola la ley interna y las normas internacionales, y lo hace impunemente, como el exterminio que está ejecutando el ente sionista de Israel en Palestina.
Desde octubre pasado, se ha desatado una ola de terror y violencia contra la población civil de Gaza, con decenas de miles de asesinatos, buena parte de ellos de niñas y niños. Las fuerzas de ocupación han destruido hospitales, centros de atención a refugiados, escuelas, universidades, templos e infraestructuras de servicios básicos; han matado a diplomáticos, personal sanitario y periodistas y han atacado embajadas y consulados. Es decir, que han violado cuanta norma pueda existir para regular la guerra.
Si algún otro país hubiese hecho siquiera una pequeña parte de estas barbaridades, habría sido objeto de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y probablemente, ya estaría intervenido militarmente. Pero como se trata de Israel, el enclave estadounidense en el Medio Oriente, tiene licencia para matar, destruir, robar, saquear y, adicionalmente, para burlarse de las víctimas con videos infamantes que sus soldados ponen en las redes sociales.
Cuando les preguntan a los funcionarios y voceros imperiales sobre este terrible genocidio, ponen caras de gente seria y dicen que hasta ahora no han observado señales que puedan llevar a calificar los hechos como crímenes de guerra.
