Por: José Gregorio Linares
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El poeta Andrés Eloy Blanco denunció en 1941: “esta tierra levantisca, de hombres retrecheros, esta tierra que nació en los cuarteles y se creó en los vivaques, durante una centuria ha perdido la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro”.
El despojo
En efecto, en el Laudo arbitral de París de 1899, Venezuela perdió frente a Gran Bretaña 149.500 kilómetros cuadrados. Esto equivale a una región más extensa que países enteros de Europa como Hungría, Bulgaria, Grecia o Portugal; el equivalente a más de la mitad del territorio que para entonces ocupaba todo el Reino Unido.
A consecuencia del mencionado laudo, Gran Bretaña logró apoderarse de un territorio (la Guayana Holandesa) dos veces más grande que el comprado originalmente (por tres millones de libras esterlinas a Holanda en 1814), que abarca 20.000 millas cuadradas, con el cual se creó la Guayana Británica, al oeste del río Esequibo. Por consiguiente, esta poderosa nación y luego su heredera ocupan fraudulentamente desde 1899 un territorio de 60.000 millas cuadradas, rico en recursos mineros, hídricos y forestales en un lugar estratégico de América del Sur.
El Laudo de París emitido por el Tribunal de Arbitraje en 1899 constituye una sentencia amparada en la coacción y la artimaña: otorgó, en contra de Venezuela, la mayor parte del territorio en disputa a «La pérfida Albión», la principal nación colonialista e imperial de la época.
Racismo geopolítico
En ese Tribunal Arbitral, los venezolanos no fuimos admitidos. Hubo representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Rusia zarista, pero no se permitió la participación de ningún venezolano porque los árbitros del Reino Unido, según dijeron, “no estaban dispuestos a sentarse junto a mestizos e indios con olor a trópico y a hombres de color semibárbaros”. En estas circunstancias, Venezuela fue representada por Estados Unidos y sus hombres blancos anglosajones, quienes sí podían sentarse en la misma mesa con sus parientes europeos de “raza superior”.
El tribunal estuvo presidido por un representante de la Rusia zarista, Friedrich Martens, de conocida filiación pro británica y de clara vocación imperialista: era catedrático de dos universidades inglesas, pensaba que «Gran Bretaña y Rusia estaban destinadas por la Providencia a ser las protectoras de los países bárbaros».
El tribunal sesionó apresuradamente y a la ligera; apenas en seis días continuos de los tres meses que disponía para hacerlo, sin prestar atención a la geohistoria, la documentación, los alegatos o los mapas. Así, el 3 de octubre de 1899 el tribunal, por decisión unánime, falló a favor del Reino Unido. Fue un zarpazo a la integridad territorial de nuestro país y un duro golpe a la Doctrina del Derecho Público Internacional.
Oposición a la sentencia del Laudo
Venezuela inmediatamente cuestionó la sentencia por considerar que no se ajustaba a la verdad histórica y geográfica ni al sentido de justicia expresado en las leyes internacionales vigentes.
La sentencia también fue considerada injusta y atrabiliaria por brasileños, franceses e incluso por muchos británicos. En la prensa de la época, un escritor francés escribió: «Si el arbitraje es en principio un llamado a la razón contra la fuerza, ¿puede la razón prescindir de las razones? No se debe confundir el concepto de Tribunal Arbitral por el de Tribunal Arbitrario».
Pero el imperio británico defendió con soberbia lo dispuesto en el fraudulento fallo, desoyendo la opinión pública que lo condenaba.
El testamento que revela la verdad y el alegato de Venezuela
Afortunadamente, un hecho inesperado vino a cambiar las cosas: después de la muerte ocurrida en 1949 de uno de los miembros del Tribunal Arbitral de París, —nos referimos al estadounidense Severo M. Prevost— su representante legal publicó a petición suya un documento certificado donde Prevost detalló los fraudulentos entretelones del laudo. Escribió para la posteridad que “la decisión del tribunal fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho”.
Denunció que el Laudo Arbitral fue el resultado de un contubernio político entre potencias, urdido por Inglaterra: “una componenda política, obra de la presión frente a la justicia, un compromiso geopolítico arbitrario por el cual tres jueces que tenían la mayoría dispusieron del territorio de Venezuela, porque los dos jueces británicos no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres del gobierno«.
Destacó, además, que el zarista Martens deliberadamente no actuó como Juez imparcial, ni hizo un análisis técnico de las evidencias que favorecen a Venezuela, sino que manipuló las pruebas para que se aceptase una propuesta leonina a favor de Gran Bretaña, concebida por él mismo.
Ante la aparición de este irreprochable testimonio, revelado post mortem, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, denunció la usurpación y las estratagemas británicas. Demandó ante la Organización de las Naciones Unidas la nulidad del doloso laudo (12 de noviembre de 1962). Explicó: “Venezuela fue allí víctima de un despojo. Para nosotros ese laudo no tiene validez, no ha existido y, por lo tanto, nada puede convalidar lo que nunca existió”.
Alegó, entre otros argumentos, que “los árbitros no tuvieron en cuenta, para dictar su fallo, las reglas de derecho aplicables y, en particular, el principio del utis possidetis iuris”; y que “los representantes de Gran Bretaña presentaron al Tribunal de Arbitraje mapas a los que se atribuían decisiva importancia, los cuales habían sido adulterados en la Colonial Office”.
Acuerdo de Ginebra y Protocolo de Puerto España
Ante las evidencias y tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de 1966 (gobierno de Raúl Leoni) se firmó entre los gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña el llamado Acuerdo de Ginebra, por el cual se creó una comisión mixta para buscar soluciones prácticas y pacíficas a la controversia entre ambos países, en el entendido de que debía hacerse justicia y enmendar el entuerto.
En el Acuerdo, las partes declararon (artículo I) que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito. Por el artículo IV (numeral 1) se estableció: un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a una solución satisfactoria, y que los dos Gobiernos escogerían sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Todo iba bien.
Pocos meses después, en mayo de 1966 la Guayana británica se independizó de Gran Bretaña, y oficialmente pasó a llamarse República Cooperativa de Guyana. A partir de entonces Venezuela debió negociar con el nuevo Estado, heredero de un territorio producto de un fraude.
Con el cambio de actores Gran Bretaña hábilmente se desentendió de su pasado colonial y revistió a su heredera del cariz de joven inocente. En la mediática, manipulada por Gran Bretaña, Venezuela pasó de víctima a victimaria. A partir de esa fecha: “No se trata ya de la controversia de Venezuela, país débil y subdesarrollado, frente a la Inglaterra, la potencia mundial; si no la de la Venezuela rica y petrolera frente a un pequeño país vecino que recién acababa de obtener su independencia”.
Transcurrido el plazo acordado, el 18 de junio de 1970 (gobierno de Rafael Caldera) se firmó en Trinidad el Protocolo de Puerto España, suerte de moratoria mediante la cual se “congelaban” las negociaciones entre las partes por doce años, vencidos en 1982. Al respecto afirma el especialista Pedro José Lara Peña: “La fijación de un largo plazo estando Guyana en posesión del terreno, en nada favorece a Venezuela, sino antes bien la perjudica mucho y en cambio favorece a Guyana de una manera abierta y total”.
Posteriormente, en 1987, los gobiernos de Guyana y Venezuela acordaron utilizar los buenos oficios en la figura del Buen Oficiante cuya labor consistió en aproximar a ambos gobiernos para generar una solución satisfactoria para las partes. El camino de las soluciones parecía despejarse. El último Buen Oficiante, propuesto por ambos gobiernos y aceptado por el Secretario General de la ONU, fue el jamaicano Norman Girvan; quien falleció en abril de 2014.
El Laudo hoy
Más pronto, los nubarrones de la discordia aparecieron en el horizonte. A partir de 2015 la controversia se agudizó por la intromisión de EEUU, interesado en apropiarse de las inmensas reservas de gas, hidrocarburos y otros minerales estratégicos que existen en el subsuelo del territorio en disputa.
EEUU intervino a través de la Exxon Mobil para arrebatarnos el territorio del Esequibo, mientras azuza a las autoridades de Guyana contra nuestro país, y convierte esa nación en una colonia estadounidense, como antes lo fuera del Reino Unido.
Siguiendo un plan tramado en los bufetes de la Exxon Mobil, Guyana busca provocar a Venezuela para que estalle un polvorín. Sabe que no puede otorgar concesiones mineras o forestales a transnacionales; pero lo hace. Sabe también que no puede solicitar, sin el consentimiento de Venezuela, que un organismo como la Corte Internacional de Justicia intervenga en la controversia, pero insiste en hacerlo.
Ahora Guyana vuelve a desafiarnos. Se siente guapa y apoyada. Recientemente, el injerencista subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, manifestó su respaldo a Guyana para que esta, violando el Acuerdo de Ginebra, explote unilateralmente los recursos naturales del Esequibo.
Venezuela se plantea preguntas importantes sobre el camino que debemos tomar hacia una resolución pacífica, razonable pero firme de este litigio. Es necesario que la Patria ejerza la defensa de sus derechos. La integridad territorial debe ser un camino de victoria, para avanzar a la restitución de territorio que históricamente nos pertenece, y que nos fue arrancado por el Tribunal Arbitral de París, que consistió en una fraudulenta asociación internacional para delinquir.
Recordemos lo dicho por el jurista uruguayo Camilo Rodríguez Berrutti: “El derecho a la soberanía no se pierde, por el hecho de una anexión antijurídica”. Es mucho lo que está en juego: recursos minerales y energéticos, biodiversidad, y una estratégica posición geopolítica. Earle Herrera, en su libro ¿por qué se ha reducido el territorio venezolano? afirma: “a Venezuela le duelen sus fronteras”. Sí, a la Patria le duele su territorio, y nunca debemos olvidar que “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”.
