Pretendiendo despojarnos de Citgo

El inicio del año 2024 ha venido con tres maniobras claras para tratar de hacer valer la continuidad de agresiones hacia la República Bolivariana de Venezuela.

En primer término, la decisión de la tutelada justicia de la República Argentina de entregar a EEUU el avión secuestrado en Ezeiza perteneciente a EMTRASUR, filial de CONVIASA, con claros visos de promover la continuación de la ínfame narrativa que condujo al secuestro de su tripulación en medio de falsas acusaciones.

En segundo lugar la barbaridad de sostener un falso poder legislativo en el exterior que siga haciendo y deshaciendo con los bienes que pertenecen a la Nación venezolana y motive el sostenimiento de acciones propias de las genocidas medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, y que al sol de hoy se mantienen vigentes como la imposibilidad de acceso a cuentas en el exterior por parte del Estado venezolano, así como bienes y finanzas que nos han sido secuestrados para entregárselas a un grupúsculo de falsos diputados y diputadas de una extinta Asamblea Nacional.

Finalmente, y muy concatenado con el punto anterior, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no revisar la decisión del Tribunal de Delaware que somete a remate a la empresa Citgo Petroleum Corporation para favorecer los intereses del grupo que ha conspirado todos estos años para saquear este activo venezolano bajo el manto de la demanda de la empresa canadiense Cristallex.

Sobre este tercer elemento, y como era de esperarse, se ha explayado toda una narrativa justificadora tratando de evadir las responsabilidades de quienes son protagonistas de uno de los eipisodios más nefastos de la historia nacional como fue tratar de entronizar, por instrucciones de la Casa Blanca dirigida por Donald Trump, instituciones paralelas en nuestra patria, lo cual sirvió de momento para adelantarse en el ataque final contra Citgo que ya venía avanzando desde 2017.

Precisamente en mayo del año pasado, el propio Presidente de la República Nicolás Maduro Moros hizo una caracterización muy clara de todo este contubernio donde CITGO es pieza clave de la agresión multiforme a Venezuela:

«… todos los bienes de la empresa Citgo, todo el dinero de Venezuela en el exterior, [fueron entregados] a un grupo de partidos políticos de oposición, pertenecientes a la Plataforma Unitaria, para que los vendan, para negociar, hacer y deshacer (…) [Se] está llevando a cabo uno de los mayores saqueos que jamás se hayan hecho contra ningún país del mundo».

Pero es que el problema de Citgo tiene cola, y no viene precisamente de la demanda de Crystallex contra la República Bolivariana de Venezuela por el caso de las Minas Las Cristinas donde nuestro país fue demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, del Banco Mundial, y que el 4 de abril de 2016 decidió a favor de la empresa canadiense ordenando a Venezuela el pago de 1.202 millones de dólares.

El problema central era observar, con sentido de oportunidad, la posibilidad de fraguar una conspiración que terminara en la situación actual de remate y saqueo de Citgo, que siendo una filial asociada a PDVSA nada tenía que ver en el asunto de Crystallex con la República, pero si apetecía a diversos intereses dado su jugoso valor.

Entonces, para lograr su objetivo tenían necesariamente que conspirar para levantar el “velo corporativo”, que desde el punto de vista jurídico expresa que una empresa de naturaleza privada (Citgo) y siendo filial de otra empresa (PDVSA), en realidad funcionan como instrumentos del Estado Venezolano (República Bolivariana de Venezuela), para así poder juntar los activos de Citgo como parte de los activos de la República y proceder a su remate para obtener el pago de las demandas a Venezuela.

Citgo representa ni más ni menos que el principal activo de Venezuela en el exterior, cuyo avalúo los posiciona entre los 14mil y 19mil millones de dólares en valor como quinta empresa petrolera de peso en territorio estadounidense. Su remate pretende hacer valer una demanda de Cristallex por el orden de los 1200 millones de dólares, lo cual representa diferencias abismales que dan cuenta del proceso real de agresión y despojo al cual pretenden someter este activo con el contubernio de la Plataforma Unitaria y la institucionalidad estadounidense, en todas sus esferas de poder.

Toda esta conspiración logró avanzar con fuerza en el año 2017, justo cuando se instrumentaba contra Venezuela un nuevo episodio insurreccional de revolución de colores mientras se avanzaba en nuevos paquetes de sanciones directamente hacia la economía nacional y en específico contra PDVSA; como sucedió en agosto de ese año.

En tal sentido, una investigación de la periodista estadounidense, Anya Parampil, publicada por GrayZone el 3 de septiembre de 2019, dejó claro que el factor esencial para lograr esto fue el “testigo estrella” José Ignacio Hernández, quien en 2017 actuó ante tribunales estadounidenses como parte de Crystallex antes de saltar a ser parte actuante de un falso gobierno, en 2019, como espurio procurador, construyendo luego una narrativa nada creíble de actuar ahora para “proteger los intereses de Citgo”.

Así lo observa la citada investigación de Gray Zone:

“Sin embargo, el interés de Hernández en el caso Crystallex no comenzó cuando asumió el cargo del representante legal de Guaidó en el extranjero en febrero [de 2019]. Según documentos judiciales, apareció en 2017 como testigo experto en el caso, testificando en nombre de Crystallex.

En otras palabras, Hernández había ayudado en el caso legal de Crystallex contra el gobierno que ahora afirmaba representar.

Para ganar su demanda contra el gobierno venezolano, Crystallex tuvo que persuadir a un juez de que tenía derecho a confiscar las acciones de Citgo a través de un concepto legal conocido como «alter ego».

En derecho comercial, alter ego se describe como «levantar el velo corporativo» o probar la «instrumentalidad» de una empresa. Es la doctrina a través de la cual un tribunal determina que una corporación privada, como Citgo, simplemente sirve como cobertura para un individuo o grupo, en este caso el gobierno venezolano.

En el caso de Crystallex, esa tarea quedó en manos de un abogado venezolano de 43 años y profesor de derecho administrativo. Presentó una declaración jurada en un tribunal de los Estados Unidos en abril de 2017, argumentando que el gobierno de su país había utilizado a PDVSA, el accionista mayoritario de Citgo, «como una herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales».

Ese testimonio experto fue entregado nada menos que por el futuro fiscal de Guaidó, José Ignacio Hernández.

En el momento del testimonio de Hernández, Citgo estaba protegido de las acusaciones de instrumentalidad por varias capas de separación entre el gobierno de Venezuela y la administración de las operaciones diarias de la compañía.

Bajo las regulaciones venezolanas, el presidente de la república solo nombró a la junta de PDVSA. Los miembros de la junta a su vez seleccionaron la junta de la subsidiaria de Delaware de la compañía, PDVSA Holding, que luego eligió la junta de Citgo Holding. Finalmente, esta subsidiaria nombró a la junta de Citgo Petroleum.

Toda la cadena de mando se volcó en febrero de este año cuando la Asamblea Nacional de Venezuela nombró directamente no solo una junta ad hoc de PDVSA, sino también a los altos ejecutivos de todas las tres subsidiarias.

Bajo el liderazgo de Guaidó, la Asamblea Nacional colocó una mano del gobierno en medio de tres corporaciones privadas con sede en los Estados Unidos, demostrando esencialmente el caso del alter ego de Crystallex para ellas.”

Con todo este contexto y recordatorio histórico, es claro que tales maniobras y en especial la que se estaría consumando en el remate de Citgo, violan abiertamente los acuerdos de Barbados y constituyen elementos de desestabilización clara en cualquier avance de normalización que pueda darse en el corto, mediano y largo plazo entre Caracas y Washington.

Son piezas demostrativas de que no ha sido desmontado en ningún renglón el cúmulo esencial de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela (apenas se han flexibilizado algunas de ellas por medio de cuestionables licencias), ni tampoco se ha movido en nada la determinación del gobierno de EEUU y su institucionalidad asociada de favorecer con los pasos necesarios un cambio de régimen político en nuestro país, independientemente de la fórmula por medio de la cual traten de conseguirlo.

Al respecto de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, ya el Gobierno Bolivariano ha emitido un comunicado de rechazo en los siguientes términos:

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, en relación con el vulgar despojo que se desarrolla en ese país contra la empresa Citgo Petroleum Corporation (CITGO).

Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen, en clara transgresión de las normas que rigen la convivencia pacifica entre los Estados.

Del mismo modo, este fallo de la Corte Suprema confirma el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal del grupo de delincuencia organizada autodenominado «Asamblea Nacional de 2015» que, desde el año 2019, ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero.

Con esta acción han impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de CITGO dentro del territorio estadounidense, vulnerando flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá adoptando todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo definitivo de la empresa CITGO, al tiempo que continuará exigiendo a los órganos del sistema de justicia venezolano establecer las sanciones que correspondan contra los responsables del robo de este activo de gran importancia para el presente y futuro de los venezolanos y venezolanas.»

Es más que evidente, de consumarse en definitiva este despojo y daño patrimonial a la República, que no hay otra manera de hacer justicia sobre esta infamia que encauzar judicialmente y sancionar debidamente a todos quienes han formado parte de este contubernio perverso que facilitó la agresión definitiva hacia Citgo; convirtiéndola en pieza de remate como hoy está en manos de una espuria y falsa representación venezolana en el extranjero, que funge como factor anti nacional y no merece mayores consideraciones.

Sencillamente, no puede ser parte del sistema político venezolano quien actúa al margen de nuestros intereses nacionales, fomentando los de factores extranjeros, como está sucediendo en el caso del pretendido despojo de Citgo.

Cualquier otra cosa sería una debilidad imperdonable, e injustificable a estas alturas.