Desde hace meses el sector petrolero estadounidense ha redoblado sus esfuerzos en Washington para moderar las sanciones ilegales que afectan al sector de hidrocarburos venezolano
Por: Misión Verdad
La última semana de noviembre (2024) dos publicaciones de gran resonancia, una del Wall Street Journal (WSJ) y otra del Foreign Affairs, evidenciaron movimientos claves dentro del espectro político y económico de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Ambas delinearon cómo ciertos sectores están promoviendo un enfoque más pragmático hacia el país para el nuevo periodo presidencial de Donald Trump en 2025.
Las piezas, publicadas el 28 de noviembre, una escrita por el corresponsal del WSJ, Kejal Vyas, y otra firmada por el economista venezolano Francisco Rodríguez, coinciden en que la estrategia de «máxima presión» implementada durante su primer mandato resultó fallida no solo por no lograr el «cambio de régimen» buscado, sino también por sus repercusiones en la región, especialmente en términos de migración e inestabilidad energética.
«Un retorno a esa estrategia fallida sería un grave error. Las sanciones rara vez logran un cambio de régimen», señaló Rodríguez, economista opositor, en su intervención para el Foreign Affairs. En términos similares el exdiplomático Thomas Shannon expresó al WSJ: «El desafío es cómo desvincularse de un enfoque que no logró generar cambios políticos en el país, empobreció a más personas y aceleró la migración de millones de venezolanos«.
Aunque la agenda de Trump hacia Venezuela sigue siendo incierta, las recientes declaraciones del expresidente y la designación de figuras como Marco Rubio para el puesto de Secretario de Estado apuntan a un escenario marcado por tensiones y hostilidad, más que por un acercamiento pragmático.
En este contexto, desde hace meses el sector petrolero estadounidense ha redoblado sus esfuerzos en Washington para moderar las sanciones ilegales que afectan el sector de hidrocarburos venezolano. Entre los movimientos más destacados están:
Julio de 2024: A pocos días de las elecciones en Venezuela, ejecutivos petroleros manifestaron su preferencia por la continuidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, visto como una garantía para proteger sus inversiones.
Noviembre de 2024: Filtraciones revelaron que lobistas del sector instan a Trump a abandonar la política de «máxima presión» y negociar un intercambio: «Más petróleo, menos migrantes».
Estas aproximaciones reflejan cierto sentido de urgencia por asegurar el desempeño regular de las inversiones en el país y garantizar un flujo sostenido de petróleo venezolano, dada la posición neurálgica de Caracas en el mercado energético global y el variado catálogo de tipos de hidrocarburos que ofrece.
En resumen, se hace cada vez más evidente que se ha articulado un frente de resistencia dentro del sector energético estadounidense que aboga por la continuidad y ampliación del esquema de licencias otorgadas a empresas para operar con Venezuela, que no solo beneficia a las compañías involucradas sino también al consumidor final, al garantizar un acceso constante a productos estratégicos, como el asfalto de alta calidad.
Revertir estas excepciones podría desestabilizar el mercado energético interno, encarecer costos operativos y generar incertidumbre para los inversionistas.
Venezuela como pieza en la política energética de Trump
A pesar del peso e influencia del lobby petrolero, también existen importantes resistencias dentro de los sectores políticos y empresariales que abogan por mantener, o incluso endurecer, las sanciones contra Venezuela
A pesar del peso e influencia del lobby petrolero, también existen importantes resistencias dentro de los sectores políticos y empresariales que abogan por mantener, o incluso endurecer, las sanciones contra Venezuela. Estas trabas provienen en gran medida de facciones alineadas con una visión política de confrontación, en la que cualquier flexibilización se interpreta como una derrota frente al gobierno venezolano.
Esto último lo demuestra el senador demócrata Dick Durbin, quien en repetidas ocasiones ha promovido instrumentos jurídicos que prohíben la compra de petróleo venezolano, incluso luego de las elecciones en Venezuela: «He presentado un proyecto de ley para poner fin a toda la cooperación y al comercio petrolero de Estados Unidos con Venezuela hasta que se respeten los resultados legítimos de sus recientes elecciones«, informó Durbin en su cuenta en la red social X.
Cabe destacar que los congresistas que representan estados con actividades petroleras locales suelen favorecer las cuotas de mercado para la producción nacional ya que buscan proteger su industria de la competencia que representan las importaciones de crudo extranjero. Esto es evidente en el posicionamiento de Durbin, pues representa al estado petrolero de Illinois, cuya materia se procesa principalmente en una de las refinerías operada por CITGO, filial de PDVSA, confiscada ilegalmente por Estados Unidos.
Ahora bien, el próximo presidente estadounidense prometió que reduciría la dependencia de los hidrocarburos extranjeros y, por ende, implementaría gestiones que conduzcan al aumento de la producción interna de petróleo y gas en Estados Unidos. «La política será de abundancia, de independencia e, incluso, de dominio energético. Tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier otro país», declaró Trump en plena campaña electoral.
Aunado a ello, el magnate republicano cultivó una relación cercana con el sector energético, asegurándose significativas contribuciones de toda su cadena de valor. Este respaldo no solo provino de empresas productoras sino también de compañías de servicios, refinación y distribución, lo cual demuestra la apuesta de los grandes inversores del sector en la nueva administración.
Entre tanto, la semana pasada un cargamento de asfalto venezolano gestionado por Global Oil Terminals, bajo la Licencia General 40A, llegó al puerto de Palm Beach.
¿Cómo se integran estas piezas en la política de Trump sobre este rubro? La proclamada independencia de recursos extranjeros, los intereses del sector energético y el petróleo venezolano convergen en un punto central: el sistema de sanciones ilegales, que actúa como plataforma para articular estos objetivos de manera estratégica e ilegal.
Respecto al envío de asfalto, Harry Sargeant IV, presidente de la empresa, destacó que es innegable que el renovado flujo de asfalto venezolano de alta calidad y bajo costo hacia Estados Unidos ha beneficiado al contribuyente estadounidense.
Añadió que ha representado un golpe para los competidores estratégicos ya que, bajo las sanciones, «esos barriles se convertían en combustible de bajo costo que simplemente subsidiaban la economía china«.
Tal enfoque también lo expresó meses atrás Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien señaló que las licencias han trasladado el comercio petrolero al ámbito formal. Según él, esto evita que el producto vaya a China o a Irán, y concluyó que «es mejor para los consumidores estadounidenses porque recibimos productos que necesitamos».
Por un lado, Trump promete reforzar la producción nacional de crudo para lograr la independencia energética y, en paralelo, los lobistas han encontrado en las licencias una oportunidad estratégica para importar productos específicos, como el asfalto venezolano.
Esta situación evidencia una postura ambigua: aunque no se busca fortalecer los vínculos petroleros directos con Venezuela, las excepciones representadas por estas licencias permiten equilibrar intereses internos, empresariales y regionales.
Por ejemplo, el asfalto venezolano, esencial para el mantenimiento de la red vial en Estados Unidos, se comercializa bajo términos favorables, aprovechando descuentos en los barriles que permiten a empresas como Global Oil Terminals generar márgenes significativos.
Estas licencias específicas, otorgadas bajo estrictas condiciones, configuran un modelo en el que las empresas operan en un entorno regulado, pero económicamente rentable. Por su parte, el gobierno venezolano aprovecha estos ingresos para contrarrestar el impacto del sistema de sanciones financieras impuesto desde 2014, lo que ha generado estabilidad económica en una situación adversa.
La preservación de las licencias otorgadas para operaciones en Venezuela no solo obedece a criterios de ambiguedad calculada, sino que también refleja la resistencia de sectores empresariales claves a un eventual retorno al enfoque de «máxima presión».
Estos actores han encontrado en el esquema de administración de licencias una fórmula atractiva, y altamente rentable, que permite proteger y expandir sus inversiones. Su postura, basada en la estabilidad y previsibilidad, choca con las corrientes políticas que abogan por endurecer nuevamente el hostigamiento contra Caracas.
En definitiva, el panorama actual refleja una compleja red de intereses cruzados en torno al petróleo venezolano y su lugar en la política energética de Trump, cuestiones que revelan una dinámica estratégica que busca equilibrar demandas internas y reducir tensiones regionales.
Las grandes compañías orientan sus preferencias hacia un entorno predecible y favorable para sus actividades en Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro al frente, tal como decía un magnate petrolero estadounidense en el pasado mes de julio: «Mi recomendación es que trabajen con este tipo [Nicolás Maduro] durante seis años más«.
