Las medidas coercitivas unilaterales demostraron acá su lógica de causar sufrimiento al pueblo venezolano para provocar el cambio violento de régimen político
Uno podría decir que existe consenso creciente con respecto a los objetivos macro de la imposición de medidas coercitivas unilaterales a los pueblos, esto es básicamente en el hecho de que las mismas buscan incapacitar parcial o totalmente a los Estados para que puedan cumplir los objetivos mínimos establecidos en sus Constituciones, promoviendo con ello una situación tendente a implosionar el país, demoler su sistema político y luego construir uno nuevo en función de los intereses estratégicos del Estado, o grupo de Estados, que han impuesto las mismas.
La República Bolivariana de Venezuela se encamina a desarrollar su 31ª elección en 25 años de vigencia del sistema político dispuesto en la Constitución Nacional de 1999; dentro de un contexto de agresión que abiertamente se afirma como la construcción de una serie de ventajas para la oposición de factura estadounidense, y sumamente extremista, que al sol de hoy tratan de aprovechar como condiciones de una cancha electoral inclinada a su favor.
Por supuesto, no se trata nada de esto de la narrativa circense que pretende presentar asuntos internos como supuestas ventajas electorales para la Revolución Bolivariana, siendo todas ellas simplemente justificaciones de sus propias torpezas e incapacidad política.
Desde los cacareados puntos rojos, de los cuales ellos tienen su símil en puntos azules donde durante toda la historia electoral de Venezuela, las diversas opciones políticas llevan a cabo sus cuentas de movilización de votos; hasta el uso del Estado venezolano para favorecer una opción política. Siendo que el extremismo opositor recibe apoyo financiero, logístico, político y hasta técnico; de parte de más de 60 países incluido el gobierno de EEUU, una de las potencias imperiales más poderosas de la historia de la humanidad, no precisamente por su altruismo, añadiendo supuestas organizaciones no gubernamentales que actúan en el terreno como alfiles políticos; todo ello derrumba falsas consejas que se pretenden presentar como verdades absolutas ante la imposibilidad real, concreta, de presentar el expediente del fraude electoral; dado lo blindado del sistema en todas las fases del proceso de votación.
En realidad, en condiciones normales en las cuales el Estado pudiese desarrollar sus políticas públicas a partir de la gestión de recursos provenientes de la comercialización libre de sus bienes y servicios, tanto internamente como en el exterior, pudiésemos hablar con claridad de un contexto normal de cara a un evento electoral de renovación de cargos de elección popular; así como de ratificación de quienes los ostentan.
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela esto no sucede, simplemente por el hecho que las acciones de agresión provenientes del extranjero, en la forma de guerra multiforme especialmente anclada en lo económico, le amarran las manos a una nación entera para que pueda desarrollar los objetivos previstos en la Carta Magna.
Siguiendo lo anterior, tal situación concreta, como quiera que se vea, pone condiciones de ventaja importantes al factor político que responde abiertamente a los intereses estratégicos del Estado, o grupo de Estados, que han promovido e impuesto los dispositivos de esa guerra multiforme.
Para el caso venezolano, a este punto es evidente que tanto el gobierno de EEUU, como los gobiernos de Europa Occidental, brazos ejecutores de las medidas coercitivas unilaterales, así como la derecha internacional, tienen su candidato muy definido, confirmado por el propio Francisco Palmieri; quien pretende hacer las veces de embajador de Venezuela operando desde Colombia.
Por lo tanto, todos estos dispositivos de agresión previa, durante y posterior al evento electoral; tienen una expresión electoral concreta en el candidato Edmundo González Urrutia, quien directamente pasa a ser al menos en lo formal el beneficiario de estas condiciones ventajosas, lo cual nos lleva a valorar algunos de estos dispositivos para ver especialmente el tamaño del daño que buscaron o buscan causar todavía.
Al final de todo esto, el objetivo estratégico de cambiar el régimen político de la República Bolivariana de Venezuela y sustituirlo por nuestra conversión absoluta en colonia, siendo lo que somos en materia de recursos estratégicos, no se ha movido ningún centímetro.
En tal sentido, hay al menos tres ejemplos que nos permiten observar elementos de ventaja concreta en función de promover este objetivo, y que en este contexto tienen una expresión de candidato no afirmado por uno sino por ellos mismos.
El primero de ellos es un elemento general que tiene rasgos específicos, hoy tiene que ver con la imposición y vigencia de más de 930 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela; que de suyo han impedido que cualquier dispositivo tendente a la recuperación del país se vea con resultados más acelerados y con claros visos de mejora en la calidad de vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas.
Dos elementos subyacen como ejemplos claros de esta evidente maniobra dispuesta en el objetivo estratégico de cambiar el régimen político venezolano, sin moverlo del tablero. El primero tuvo que ver con la pandemia de COVID-19, donde nos fueron negados todo tipo de derechos humanos fundamentales, en el momento cuando el mundo luchaba contra esta pandemia.
Recursos secuestrados, insumos negados, vacunas negadas, todos estos dispositivos fueron afirmados dentro de la lógica de imponer por fuerza de asfixia una bomba de crisis de salud, que incluso contó con laboratorios mediáticos pronosticando consecuencias catastróficas para Venezuela. Una nación unida a la Comisión Presidencial fue capaz de evitar, con toda la institucionalidad democrática trabajando para ello, que ocurriera una tragedia de miles de muertos que desafortunadamente otros pueblos sí tuvieron.
La inestimable contribución de la República Popular China, la Federación de Rusia y la República de Cuba, resultaron claves para el suministro de vacunas que sirvieron para terminar de hacer el trabajo de estabilizar la situación, con resultados ejemplares frente a otros Estados que, sin ninguna acción de agresión, demostraron mala gestión de la pandemia con consecuencia terrible en vidas humanas.
Las medidas coercitivas unilaterales demostraron acá su lógica de causar sufrimiento al pueblo venezolano para provocar el cambio violento de régimen político, o una narrativa de candidatos buscando incautos para responsabilizar de cualquier situación compleja o daño directo al Estado Venezolano, así como al gobierno nacional.
Esto se puede afirmar responsablemente teniendo en cuenta que las medidas continúan y que las primeras cuantificaciones nos dejan la pérdida patrimonial de más de 642 mil millones de dólares que dejaron de entrar al país.
El segundo elemento tiene que ver con el daño estructural que estas medidas causan en elementos propios de la cotidianidad nacional. Por ejemplo todo el sistema eléctrico e hidrológico del país, cuyo diseño y hechura está anclado al hemisferio occidental en todo sentido, se vio severamente obstaculizado para hacer nuevas inversiones vía restricción de ingresos nacionales, así como poder tener insumos propios para el mantenimiento de sistemas sobre los cuales los proveedores extranjeros se negaron en todo momento a surtir ya que Venezuela estaba “sancionada”; lo cual genera dificultades estructurales que no pueden resolverse en el corto plazo ya que se impone una lógica de reingeniería completa de todos estos sistemas, cuestión que lleva tiempo y esfuerzo.
Otro ejemplo lo representa el metro de Caracas que ha tenido que realizar un trabajo de reingeniería desde el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras ante la negativa sistemática de las empresas que suministran insumos y mantenimiento técnico de cumplir sus compromisos, justificando su acción en la existencia de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
De hecho tan despreciable resultó esta situación, que la empresa española que suministró metros para una de las líneas más concurridas de este sistema se dio a la tarea de demandar a Venezuela por intentar desarrollar acciones propias que ellos se negaron a cumplir, siendo parte de contratos que ellos violaron y sobre los cuales se atrevieron a demandarnos. Es decir ante la agresión pretendían que no hiciéramos otra cosa que quedarnos de brazos cruzados.
Ambos elementos, de alguna manera u otra, hoy surcan la narrativa del extremismo opositor tratando de tapar sus propias responsabilidades sobre estas situaciones que hoy les llevan a tratar de ganar ventaja, vendiendo la conseja que cualquier daño o gravedad en estos sistemas es mera consecuencia de la inacción o negligencia del Gobierno Nacional.
El segundo ejemplo tiene que ver con la pretensión de imponer una institucionalidad paralela desde el año 2019, luego de varias acciones irresponsables de la Asamblea Nacional bajo la dirección del extremismo opositor. Este resulta ser el elemento de ventaja más importante en la actualidad, ya que al mantener una vigencia pseudo administrativa ha llevado al secuestro y robo de recursos que resultan valiosos para el desarrollo de proyectos que, al sol de hoy, nos tendrían en una situación mucho mejor en materia de calidad de vida.
Citgo, Monómeros, el oro de Inglaterra, los derechos especiales de giro secuestrados en el Fondo Monetario Internacional; son ejemplos rápidos de recursos que bien pudieron coadyuvar a una mejora de la cotidianidad venezolana con la aceleración debida.
De tal calibre fue la agresión, que desde esa Asamblea Nacional fue negado un crédito adicional, incluso negociado políticamente con el Gobierno Bolivariano para que el Banco de Desarrollo de América Latina aprobara recursos para proyectos de electrificación, hidrología, salud y educación.
Han pretendido imponer una institucionalidad paralela desde el año 2019, luego de varias acciones irresponsables de la Asamblea Nacional bajo la dirección del extremismo opositor
La negativa opositora de aprobar este crédito fue justificada en la grosera idea que cualquier beneficio o mejoría para el pueblo no era otra cosa que ganancia popular para el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
De hecho, la misma forma de proceder vino con el Acuerdo Social firmado entre el Gobierno Bolivariano y la delegación de la Plataforma Unitaria, en noviembre de 2022 y que tuvo buena acogida en la Nación venezolana; ya que el mismo procuraba asumir proyectos parecidos a los del crédito adicional negado por la Asamblea Nacional en manos del extremismo opositor.
En este caso, el engaño ha sido de tal calibre que el Gobierno de Joe Biden ha incumplido sistemáticamente la remisión de los recursos para proyectos que serían eventualmente ejecutados por agencias de Naciones Unidas.
Los recursos se mantienen secuestrados, los problemas siguen vigentes y la oposición hoy, en forma de candidato, incorpora el problema como narrativa negando explicaciones sobre su conducta ante la negación de recursos, ganando ventaja sobre el Gobierno Bolivariano ante este tema, a partir de una farsante narrativa. No se necesita mayor evidencia de las ventajas que en el terreno producen estas consejas.
Finalmente el tercer ejemplo es muy concreto y se produce ahora. Se trata del bloqueo sistemático al chavismo en todo sentido a través de nuevas formas de comunicación, especialmente las redes sociales, cuestión que trata de hacer ver la inexistencia de una comunidad política movilizada, viva, vigente, que ha sido clave en la defensa de la democracia en momentos cuando el extremismo opositor buscaba una transición a la chilena, como la que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 con el derrocamiento del presidente democrático Salvador Allende, y la instauración de una dictadura salvaje parecida a la que aniquiló toda una generación de pueblo chileno agrupado en la Unidad Popular.
Eso está sucediendo en estos momentos y es un ejemplo claro del ventajismo que hoy exhibe el extremismo de cara al 28 de julio, al cual podemos añadir la existencia de una amenaza directa contra la integridad física del jefe de Estado venezolano, al punto que el Departamento de Justicia ha puesto precio a su vida y esa situación también sigue vigente.
Entonces, en materia de ventajas, es evidente por dónde está inclinada la cancha. El pueblo venezolano tiene una cita histórica para volverla a equilibrar sosteniendo la independencia nacional el venidero 28 de julio.
