Ha pasado más de un año desde que, el 11 de marzo de 2020, la OMS definió la propagación de la Covid-19 ya no como una epidemia confinada a determinadas áreas geográficas, sino como una pandemia propagada por todo el planeta. Desde entonces, casi 2.700.000 personas han muerto en todo el mundo, casi 950.000 en Europa.
En este momento, Francia lidera la triste clasificación, seguida de España, luego Italia y Alemania. El Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, supera las 126.000 muertes. Estados Unidos sigue siendo el campeón del desastre, con más de medio millón de fallecidos, Brasil ocupa el segundo lugar con más de 300.000 muertes, casi el doble que la India, que registra 161.000.
En Europa se ha difundido una retórica según la cual el bienestar de los sectores populares está determinado por el de las empresas, a cuyas exigencias debe adaptarse toda la sociedad. Tanto es así que las fuerzas políticas institucionales han confiado el destino de Italia a un gobierno liderado por Mario Draghi, exdirector del Banco Central Europeo.
Y así, mientras una plétora de expertos, portadores o esclavos de los grandes intereses económicos multinacionales, se apresuran a justificar la esquizofrenia de las medidas tomadas para contrarrestar la pandemia; mientras que los industriales y los evasores de impuestos piden una parte cada vez mayor del dinero público, las cifras de Eurostat muestran otra realidad: que la producción industrial ha crecido durante la pandemia.
Y es comprensible que el mayor número de muertes, tomando a Italia como referencia, se produzca en las zonas más industrializadas de Europa. Según Inail, el Instituto que documenta los accidentes laborales, los fallecimientos por Covid-19 se duplicaron durante la «segunda oleada» (octubre-febrero), frente a la «primera oleada», entre marzo y mayo de 2020: 101.000 frente a 50.610. El 69,6% de las infectadas son mujeres.
La principal medida adoptada por los dos últimos gobiernos italianos, pero también por los demás países de la Unión Europea que determina sus directrices, fue limitar al máximo las obligaciones de las empresas (incluidas las empresas de guerra): que han seguido produciendo y recibiendo 70% de las subvenciones estatales.
En 10 años, la financiación del sistema nacional de salud se ha reducido a la mitad, pero el gasto militar de uno de los principales países de la OTAN, como Italia, ha aumentado en 1.600 millones de euros respecto al año pasado. A pesar de la congelación de los despidos, en 2020 se perdieron 456.000 puestos de trabajo y hay un millón más de nuevos pobres.
Culpar excesivamente el comportamiento individual, sirve para ocultar las razones subyacentes que provocan un promedio de 300 a 400 muertes al día, que deberían haberse contenido inmediatamente con un cierre real, y con una intervención estructural: utilizar dinero público para restaurar el sistema nacional de salud, y el del transporte, vehículo diario de contagio de cuántas y cuántos tienen que ir a trabajar.
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¿Qué se puede esperar de un sistema que todas las noches anuncia la potencia de los coches que van a 300 km por hora y luego llora por la gran cantidad de jóvenes que chocan mientras conducen, después de haberse endeudado para comprarlos?
Para refutar las afirmaciones grandilocuentes de que nadie se quedaría atrás en la producción y distribución de vacunas, llegó la declaración de la Organización Mundial de la Salud en enero de 2021. La OMS denunció el «catastrófico fracaso moral» resaltado por la brecha entre las más de 39 millones de dosis de la vacuna administradas al menos a 49 países de altos ingresos y solo 25 (no millones, sino 25 dosis) distribuidas a uno de los países más pobres.
Los datos de Oxfam dicen que, hasta la fecha, el 13% de la población mundial en los países ricos ha reservado el 51% de las dosis. La guerra de las vacunas que estamos presenciando en Europa, la subordinación de las instituciones supranacionales a las grandes industrias farmacéuticas a cuyos beneficios se subordina la vida de millones de seres humanos, indica el valor del modelo capitalista en busca de un gigantesco reinicio global.
La Comisión Europea ha mostrado su subordinación a los intereses de la gran industria farmacéutica. Aceptó asumir los riesgos económicos asociados a los efectos secundarios, dejar las patentes y la propiedad intelectual en manos de las empresas, luego de haber financiado los costos de investigación y la compra de vacunas.
En un acuerdo mucho más desventajoso que el celebrado en Estados Unidos para la vacuna de Moderna, en la UE las industrias farmacéuticas deciden cantidades y precios, en función de su propio beneficio, como lo demuestra la guerra en curso por el acaparamiento de dosis; tan caótico y feroz como el desatado por las mascarillas.
Según el New York Times, el Banco Europeo de Inversiones ha otorgado un préstamo de $ 100 millones a BioNTech, sujeto a un retiro de ganancias de $ 25 millones. Beneficios y dominio de los más fuertes incluso dentro de la UE: Italia recibió 9.750 dosis, Francia 19.500, Alemania 151.125.
¿Se cotizarán las vacunas en bolsa, como ya ocurre con el agua pública? El secreto de los contratos impide que incluso los eurodiputados conozcan los términos y condiciones. Las cláusulas ni siquiera permiten a los gobiernos sancionar el incumplimiento de las entregas, como demuestra el caso de AstraZeneca.
En Anagni, no lejos de Roma, se descubrió un depósito que contenía casi 30 millones de vacunas de esta empresa: casi el doble de las que recibe la UE. ¿Para quién estaban destinadas? En el Reino Unido se ha dicho que Catalent, la multinacional estadounidense que las produce, ha abandonado la UE., que ha comprado la planta de Bristol en Anagni y que tiene oficinas y redes comerciales en varios continentes, e incluso en Latinoamérica.
Sin embargo, diversas investigaciones revelan que las vacunas AstraZeneca se producían en Anagni desde octubre de 2020, cuando aún no había llegado el permiso de la Agencia Europea de Medicamentos. Luego, resultó que las tasas de eficacia de la vacuna proporcionadas por la empresa no estaban actualizadas y fueron reducidas en un 10%. Sin embargo, la propaganda capitalista arremete contra la seriedad de la investigación científica de China, Rusia o Cuba, o se ríe de la eficacia del Carvativir.
