La historia política reciente de Venezuela nos enseña que mientras las oposiciones se desangran en debates internos sobre pureza estratégica, la revolución consolida su maquinaria electoral y su fortaleza institucional
Por: Daniel Ruiz Bracamontes/ Telesur
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Los opositores venezolanos vuelven a encontrarse en una disyuntiva impuesta que parece ya cíclica: participar o abstenerse. A medida que se acercan las elecciones del 25 de mayo, el espectro político opositor revela fracturas que, más que en lo estratégico, se adentran en lo existencial.
Por un lado, extremistas como María Corina Machado defienden con vehemencia la abstención, calificando cualquier proceso electoral como «una farsa» mientras no se reconozca la supuesta presidencia de Edmundo González. Por otro, una constelación de dirigentes regionales y nacionales como Luis Eduardo Martínez, Henrique Capriles, Manuel Rosales, y Antonio Ecarri entre otros, apuestan por la ruta electoral como único camino viable para el cambio.
Esta división no es superficial ni circunstancial. Es el reflejo de una crisis profunda en la oposición venezolana, que lleva años debatiéndose entre la confrontación radical y la participación dentro de la legalidad institucional. La reciente habilitación de Capriles Radonski, tras ocho años de inhabilitación política, reintroduce en el tablero a un actor que busca capitalizar el evidente desgaste de la estrategia abstencionista promovida por Machado.
El desafío no es menor. La abstención es un recurso recurrente para deslegitimar los procesos electorales venezolanos desde el exterior, pero sus resultados prácticos han sido, cuando menos, cuestionables. Como señala un informe del grupo de investigación Misión Verdad (MV): «El desinfle de María Corina Machado tras meses de inoperatividad y la poca habilidad para imponer su línea abstencionista al resto de factores de su mismo campo, ha dejado un abismo que vuelve como fantasma cíclico». Un vacío de liderazgo que figuras como Capriles intentan llenar.
Este pragmatismo político de Capriles no es reciente. Ya en noviembre de 2021, cuando el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo una victoria contundente en las elecciones regionales y municipales, el partido Primero Justicia —históricamente vinculado a Capriles hasta su expulsión a mediados de abril pasado— conquistó 12 alcaldías bajo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dejando atrás sus anteriores condenas al CNE designado ese mismo año.
Este giro táctico profundizó las grietas dentro de PJ, abriendo una brecha cada vez más insalvable entre el sector de Capriles y el representado por los hermanos Guanipa (Tomás y Juan Pablo), quienes mantienen posiciones más intransigentes.
La participación real
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe del comando de campaña VEN25+, es enfático al señalar que «quien gane será juramentado por la directiva de la mayoría como diputado o diputada con los mismos derechos que establece la Constitución». Una declaración que contrasta con lo que él considera un «déficit democrático» de ciertos sectores opositores que «solo reconocen cuando ganan, pero no cuando pierden».
Es precisamente esa acusación de instrumentalizar los resultados electorales lo que generó una guerra abierta entre las oposiciones. Mientras unos son señalados como «alacranes» por estar supuestamente cercanos al gobierno del presidente Maduro, otros denuncian el inaceptable purismo de quienes, desde posiciones maximalistas, dificultan cualquier avance institucional.
Lo que quizás escapa al análisis superficial es la magnitud del proceso electoral que se avecina. No estamos ante unos comicios más.
El 25 de mayo los venezolanos elegirán no solo a 23 gobernadores —y por primera vez, al de la disputada Guayana Esequiba—, sino también a los representantes de los Consejos Legislativos regionales y, lo que resulta trascendental, a los 277 diputados que conformarán la nueva Asamblea Nacional. Un evento político de proporciones monumentales que, paradójicamente, coincide con uno de los momentos de mayor fractura opositora.
La participación política formal en Venezuela está lejos de extinguirse. El Consejo Nacional Electoral recibió 36.986 postulaciones correspondientes a 6.687 candidatos, respaldados por 54 organizaciones políticas (36 nacionales, 10 regionales y 8 indígenas).
Más significativo aún resulta el incremento respecto al proceso de 2021: un 33,73% más de postulaciones para la lista nacional a la Asamblea, un 28% más para la lista regional, y un nada despreciable 24,30% de aumento en las candidaturas nominales al parlamento.
¿Cómo conciliar este fervor participativo con la narrativa abstencionista que domina ciertos espacios políticos y mediáticos? Quizás la clave esté en reconocer que Venezuela, como toda realidad compleja, no admite lecturas unidimensionales. La estrategia de «no participación» coexiste —incómodamente— con un ecosistema político que, a nivel local y regional, sigue apostando por las instituciones como vehículo de transformación.
Los dilemas no son exclusivamente ideológicos; tienen consecuencias prácticas inmediatas. Actualmente la oposición cuenta con cuatro gobernaciones, más de 60 alcaldías y una presencia significativa en el Parlamento. Todos esos cargos están en juego el próximo 25 de mayo. La pregunta es inevitable: ¿están dispuestos estos líderes regionales a sacrificar sus posiciones de poder real por adherirse a una estrategia abstencionista dictada desde Caracas?
Daniel Ceballos, uno de los candidatos opositores, identifica con precisión el problema al señalar que «hay una crisis en la forma en que los actores políticos y los partidos se están comunicando con los ciudadanos». Un diagnóstico que apunta no solo a la fractura opositora sino a la desconexión entre las élites políticas tradicionales y el «venezolano común».
Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias no permanecen estáticas. Esta semana, los candidatos a gobernadores presentaron planes de trabajo alineados con las «7T» implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este 10 de mayo un simulacro para evaluar todo el sistema comicial, desde el funcionamiento de las máquinas de votación hasta la plataforma de totalización.
Las organizaciones políticas opositoras enfrentan encrucijadas existenciales que implican «definir su situación de ‘ser o no ser’ organizaciones con fines políticos en el terreno de lo real», como acertadamente señala el informe citado de MV.
La historia política reciente de Venezuela nos enseña que, mientras las oposiciones se desangran en debates internos sobre pureza estratégica, la revolución consolida su maquinaria electoral y su fortaleza institucional. La pregunta que flota en el ambiente, a pocos días de los comicios, es si esta vez será diferente o si, como dice el refrán, tropezarán con la misma piedra una vez más.
