«Alex ha vuelto a casa». Así, con un mensaje difundido en las redes sociales, Camilla Fabri Saab anunció el regreso de su esposo, y agradeció a quienes la apoyaron en la larga batalla por la liberación del diplomático venezolano. El 20 de diciembre, junto a los hijos de Saab y los que tienen en común, Camilla lo esperaba en el aeropuerto Simón Bolívar, en La Guaira, después del intercambio entre Saab y un grupo de mercenarios y criminales estadounidenses, detenidos en cárceles venezolanas. En el avión también viajaba el principal representante de las negociaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El propio Saab forma parte de los negociadores. Un papel asumido por Camilla, como defensora de los derechos humanos, durante la larga ausencia de su marido. Lo esperaba también Cilia Flores, la «primera combatiente», diputada y esposa del presidente Maduro. Un largo abrazo en representación de todo el país, para expresar un fuerte agradecimiento hacia el hombre que puso en riesgo su vida para importar alimentos, medicinas y combustible de países amigos, en el momento de máximo asedio a Venezuela, sometida a medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos.
La CIA y la administración estadounidense le habían hecho saber al empresario colombo-venezolano que lo dejarían en paz si dejaba de ayudar a Venezuela. En medio de la epidemia de Covid-19, que el gobierno de Maduro había atendido a tiempo, logrando prevenir eficazmente el desastre provocado por los gobiernos neoliberales en otras partes de América Latina, a Venezuela le quedaba combustible para apenas tres días. Cortar el suministro al país habría significado desatar el caos y una crisis sanitaria, proporcionando así el pretexto para una invasión norteamericana, bajo la apariencia de ayuda humanitaria.
Una estrategia intentada varias veces, y otras tantas frustrada por la resistencia del pueblo venezolano y por la unión cívico-militar; piedra angular de la revolución bolivariana. Esto es lo que ocurrió el 23 de febrero de 2019, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como «presidente interino de Venezuela», cuando los mandatarios neoliberales de varios países vecinos de América Latina apoyaron el intento de invasión estadounidense, disfrazado de ayuda humanitaria, en el paso de la localidad de Tienditas, fronteriza con Colombia.
Un plan orquestado por los sectores golpistas de la derecha venezolana, por el imperialismo norteamericano liderado en aquel momento por Donald Trump, y por los entonces presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque; y de Paraguay, Mario Benítez. Sin embargo, posteriormente se conoció la existencia de planes de apoyo militar por parte de la extrema derecha brasileña y de Argentina, que había dado refugio a algunos golpistas venezolanos.
Luego, la reacción unánime y decisiva del pueblo venezolano logró desenmascarar la verdadera naturaleza de la operación, al descubrir los camiones que transportaban armas y explosivos y no «ayuda humanitaria». El intento de invasión fue repelido por la resistencia popular en lo que se celebraría como «La batalla de los puentes».
Lo mismo ocurrió el 3 de mayo de 2020, durante dos intentos de invasión militar. Quienes los organizaron fueron militares golpistas venezolanos, que se refugiaron en Colombia, y ex marines, que se convirtieron en mercenarios de la empresa de seguridad privada: Silvercorp, contratada por Guaidó y sus compinches para derrocar al gobierno de Maduro.
El primer grupo, que intentó desembarcar en el estado costero de Vargas, fue repelido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El segundo grupo, que intentó ingresar por el pueblo de Chuao, en el estado Aragua, fue repelido por pescadores, que capturaron a los mercenarios. Dos de los ex marines se encuentran entre los 10 detenidos estadounidenses liberados, cuyas familias habían escrito repetidamente cartas públicas a Biden.
“Nada es más importante para el presidente Biden que la seguridad de los estadounidenses en el extranjero. A veces eso significa tomar decisiones difíciles”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.
Detrás de la retórica del lejano oeste de la administración estadounidense, se esconden sobre todo intereses materiales: el de recuperar a uno de los detenidos, el empresario Leonard Glenn Francis, conocido como «Fat Leonard», acusado de haber liderado el mayor escándalo de corrupción en el ejército estadounidense además de ser poseedor de importantes secretos militares; y el de recuperar el petróleo venezolano, esencial en el contexto de guerra y de redefinición de las relaciones internacionales.
Al respecto, al comentar sobre la «flexibilidad» de algunas «sanciones» contra la petrolera venezolana decididas por Biden, el expresidente estadounidense Donald Trump dijo: «¿Por qué complicarse la vida negociando? Cuando yo estuve allí, estábamos a un paso de tener en nuestras manos directamente el petróleo venezolano». Una afirmación que desmiente la campaña mediática que ha buscado, en los últimos años, minimizar o desacreditar las alarmas acertadamente lanzadas por el gobierno venezolano sobre las amenazas de agresión, comenzando con el ataque con drones al presidente Maduro, en agosto de 2018.
Sin embargo, ante los periodistas convocados en Miraflores, donde recibió con un abrazo al diplomático Saab y su familia, Maduro reveló que, a pocos meses de finalizar el mandato de Trump, el gobierno bolivariano había estado «a un paso de obtener la liberación de Alex Saab”, pero luego, con el fin de la presidencia de Trump, tuvieron que “empezar de nuevo”.
Mientras tanto, en respuesta a las declaraciones furiosas y amenazantes de la extrema derecha venezolana, se difundió en la web la ironía de quienes invitaron a Guaidó, quien se encuentra en Estados Unidos, a esconderse a tiempo, para evitar la ira fatal de los mercenarios estadounidenses liberados, quienes pueden querer cobrar la compensación no recibida por la operación Gedeon.
Saab ─afirmó Maduro─ “es un hombre valiente y patriótico, que tras su secuestro resistió durante 40 meses las condiciones adversas y dolorosas impuestas en una inmunda prisión en la que fue sometido a torturas físicas y psicológicas, además de amenazas y mentiras”. Amenazas y chantajes que Saab resistió, «con la misma valentía demostrada por el pueblo venezolano y su gobierno al que” ─dijo el diplomático venezolano─ “estoy orgulloso de servir«.
Saab apareció pálido y exhausto, tanto por las duras condiciones de detención que sufrió como por los problemas de salud derivados de ser sobreviviente de un cáncer de estómago, cuya recurrencia no fue tratada en prisión. La familia y el movimiento internacional Free Alex Saab lo habían denunciado meses atrás, cuando el diplomático volvió a vomitar sangre, pero sin recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad.
Alex Saab fue sin duda un rehén y una advertencia para quienes querían ayudar al gobierno bolivariano a romper el cerco de las “sanciones”. El gobierno estadounidense quería convertirlo en informante, obligándolo a distanciarse de la revolución bolivariana. Por este motivo, había difundido una campaña difamatoria presentándolo como colaborador de la policía antidrogas, la DEA. Una noticia desmentida tanto por los abogados del diplomático como por el propio Gobierno bolivariano, según el cual Saab sólo había respondido a una citación del juez para explicar que sus empresas no realizaban ninguna actividad ilegal.
Al no sucumbir a las presiones norteamericanas, Saab fue secuestrado en la isla de Cabo Verde en junio de 2020 y encarcelado a pesar de los documentos que garantizaban su inmunidad diplomática, como enviado especial del Gobierno Bolivariano, desde 2018. Gracias a sus relaciones comerciales, especialmente con Oriente Medio (la familia Saab es de origen palestino-libanés), el empresario había logrado garantizar la llegada de alimentos, medicinas y combustible a Venezuela. En junio de 2020 regresaba de Irán, país que ya había enviado varios barcos con combustible, teniendo incluso que defenderse del fuego de los cañones de la marina estadounidense.
Su avión, que necesitaba repostar combustible, fue desviado mediante engaños a la isla de Cabo Verde, donde la CIA había organizado la operación. Como empresario, Saab ya había trabajado con el gobierno bolivariano en la construcción de la Misión Vivienda, el gran proyecto de viviendas públicas concebido por Chávez y continuado por Maduro.
Para esa actividad, como para las posteriores, relativas a los intercambios de alimentos ─organizados por el gobierno para llevar productos de primera necesidad directamente a los hogares de los venezolanos y evitar la especulación por la guerra económica (los Clap)─, Estados Unidos ha acusado al empresario de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero: 8 cargos retirados desde la primera audiencia. Sólo quedaba en pie la acusación de «conspiración», basada en la demonización del Gobierno bolivariano, considerado «ilegítimo y narcotraficante» por EE. UU., que había llegado a ponerles precio a la cabeza de Maduro y a los principales líderes del proceso bolivariano.
Saab, al igual que el futbolista Diego Armando Maradona, había aceptado ser enviado especial del Gobierno Bolivariano, y por ello fue designado «embajador plenipotenciario», con inmunidad diplomática. Una función mantenida en secreto para evitar la persecución estadounidense, pero comprobada y reivindicada por el gobierno bolivariano tras el secuestro de Saab.
Sin embargo, aprovechando la subordinación del gobierno caboverdiano, la administración estadounidense ha permanecido sorda a los llamamientos de la diplomacia venezolana y también de instituciones internacionales como la Cedeao, que pedían la liberación de Saab, quien entretanto había sido objeto de abusos y tortura. El pretexto fue que, al no reconocer como legítimo al gobierno de Maduro, sino «reconocer» el ficticio del autoproclamado Guaidó, Saab no podía ser considerado un diplomático.
Así, en octubre de 2021, pocos días antes de confirmarse la victoria de la oposición en Cabo Verde, cuyos representantes habían declarado su intención de respetar el derecho internacional, Estados Unidos secuestró por segunda vez a Alex Saab y lo llevó durante la noche a una prisión de Florida, cuando aún no se había decidido el recurso final presentado por la defensa del diplomático.
Ahora, el fiscal estadounidense, que había aplazado durante más de dos años la audiencia de reconocimiento de inmunidad diplomática a Alex Saab, retiró la acusación y permitió que salga de prisión. El diplomático podrá así retomar su lugar en las negociaciones con la oposición venezolana, a la que los halcones del Pentágono, en busca de nuevos títeres a quienes utilizar, intentan presionar.
Al recibir al diplomático liberado en Miraflores, Maduro se dirigió a Biden y reiteró su disponibilidad para una relación «cara a cara», basada en el respeto mutuo. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas desde 2010. En aquel momento, el gobierno de Obama revocó la visa del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, en represalia por la decisión de Hugo Chávez de no aceptar a Larry Palmer como embajador designado en Venezuela porque había acusado públicamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de «carecer de moral».
En 2014, un año después de la muerte de Chávez y la elección de Maduro como presidente, el demócrata, Obama declaró a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos», desencadenando el ciclo criminal de «sanciones» luego exacerbadas por Trump. Una práctica coercitiva ilegal que Venezuela ha seguido denunciando en todos los organismos internacionales, encontrando fuerte eco en otros países víctimas de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
En septiembre de este año, Venezuela presentó ante la ONU el «mapa geopolítico de sanciones» y propuso crear una «zona libre de sanciones internacionales» de EE. UU., encontrando apoyo de representantes de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia y Eritrea, países sometidos a sanciones por parte del campo occidental dirigido por Estados Unidos.
En los últimos días, el viceministro William Castillo, quien dirige el Observatorio antibloqueo de Venezuela, junto al embajador Samuel Moncada, intervino en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, para difundir el libro «Los números del bloqueo«. Una publicación que resume los orígenes y efectos de casi diez años de agresión contra Venezuela, relanzando la consigna: “Venezuela se desbloquea”.
