Contra Cristina Kirchner
Eliminar a Cristina Kirchner de la escena política, ese es el propósito de las fuerzas conservadoras, que consideran un obstáculo para su negocio la presencia de la vicepresidenta argentina. El arma utilizada, es el lawfare, el uso del poder judicial con fines políticos. En este caso se intenta juzgar a Cristina como cabeza de una vasta red de corrupción relacionada con la construcción de obras públicas durante los años de su presidencia, entre 2007 y 2015. Diego Luciani, fiscal del juicio de “Vialidad”, pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
«Piden 12 años porque fueron los 12 años del mejor gobierno que ha tenido la Argentina en las últimas décadas», dijo la vicepresidenta en una apasionada defensa en la que denunció que no se enfrenta a un juicio, sino a «un pelotón de ejecución mediático-judicial”. Una poderosa máquina de barro que ya había sido movilizada durante los años de gobierno de Cristina mediante juicios intentados por los más diversos motivos.
El más llamativo fue a propósito de la desaparición del fiscal Alberto Nisman, titular de la investigación del atentado a la mutua judía en Buenos Aires (Amia), ocurrido el 18 de julio de 1994 y que aún sigue sin resolverse. En ese atentado, 85 personas habían perdido la vida y cientos resultaron heridas.
Nisman había recibido el encargo de Néstor Kirchner, en 2004. Sin embargo, en enero de 2015, el fiscal había acusado a la presidenta y al entonces canciller, Héctor Timerman, de querer proteger a Irán, cuestionado, según el, por el atentado. Unos días después, Nisman fue encontrado sin vida en su apartamento.
En ese momento, había vuelto a salir a la luz el entrelazamiento de intereses nacionales e internacionales, empeñados en volver a poner a la Argentina bajo la protección de las grandes instituciones internacionales lideradas por Estados Unidos.
Fue en pleno apogeo de una campaña jurídico-mediática contra Cristina, «culpable» de haber enarbolado la bandera de la soberanía ante las apetencias de los fondos buitres y del FMI, que exigía el pago de la deuda provocada por el default de 2001. Cristina pronunció sobre el tema un memorable discurso ante la ONU.
Entonces, como ahora, se puso en marcha ese «estado profundo», acostumbrado a resolver el problema de la lucha de clases «desde arriba», utilizando un mecanismo bien establecido en América Latina: el uso de un poder judicial para nada imparcial, colocado como el árbitro absoluto de la política. Una técnica ya vista en Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia…
Tanto la vicepresidenta en su discurso de defensa, como las investigaciones de los que no se rinden ante el sicariato mediático dominante, evidenciaron la implicación de los “Torquemada” judiciales con la oposición y con los laboratorios de ideas estadounidenses, que halan por la chaqueta al moderado presidente Alberto Fernández; para que se cuele de una vez en el «patio trasero» de EE. UU.
Las concesiones hechas al FMI por el presidente, incapaz de romper el cepo de la deuda externa impuesto por el gobierno de Macri, y las medidas de austeridad que sufren los trabajadores, están provocando movilizaciones populares. Y los centros de poder imperialistas cuentan con aprovecharse de eso, y no pierden la oportunidad para poner en apuros al gobierno argentino.
Y así, la “sugerencia” del embajador de EE. UU. en Buenos Aires, Marc Stanley, pronunciada ante el Consejo de las Américas: “Olvídense de ideologías y partidos y formen una coalición que le ofrezca al mundo lo que necesita: energía, alimentos, minerales, dijo Stanley. Trabaje en estas ofertas ahora, no espere 16 meses. Se lo digo como representante del país que quiere ser su socio y como alguien que ama a la Argentina y capta su potencial”. Al buen conocedor…
Y como advertencia, también, puede interpretarse la incautación del avión venezolano, bloqueado ilegalmente con toda la tripulación durante dos meses por una orden de Estados Unidos, ejecutada prontamente por un diligente juez argentino.
«Este no es un juicio a Cristina Kirchner —dijo la vicepresidenta—, este es un juicio al peronismo, es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que luchan por la memoria, la verdad, la justicia, los salarios, las pensiones, las obras públicas: sí, obra pública, añadió, fruto de una formidable gestión gubernamental”.
Es un intento de «disciplinar» la política, analizó. Y concluyó con una advertencia: “No vienen por mí, vienen por ti. Por el salario, por los derechos de los trabajadores, por los pensionados, por la deuda, a esto vienen”.
El lawfare como mecanismo de chantaje, control y “disciplina” de la política, por tanto, que utiliza el argumento “corrupción” para estigmatizar cualquier intervención del Estado en las políticas públicas, sugiriendo que solo el sector privado estaría exento de la tentación, al no necesitar dinero.
Nada más falso, por supuesto, considerando la cadena de prebendas que alimenta el sistema capitalista, voraz por su propia naturaleza. Baste recordar la gigantesca fuga de capitales, por más de 86.000 millones de dólares, ocurrida durante los cuatro años de gobierno del empresario Macri, que ningún juez diligente desea condenar.
Pero que así sea. Lo importante es que, como sucedió en Brasil contra Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores, se pretende hacer creer que lo de la izquierda, en este caso el peronismo, no sea un proyecto político sino una asociación criminal que deba ser perseguido como delictivo.
Un mecanismo del que la izquierda —que en todas las latitudes, empezando por las de los países capitalistas, se empeña en delegar la representación política en figuras provenientes de los tribunales y no de las fábricas— debería cuidarse de una vez por todas, comenzando a asumir su responsabilidades de clase: o sea la contradicción entre la legitimidad de los derechos y de la lucha de clases y la «legalidad» del estado burgués.
Mientras tanto, continúan las movilizaciones populares en defensa de Cristina, durante las cuales se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías. También hay pronunciamientos de solidaridad con la vicepresidenta, provenientes de los gobiernos socialistas y progresistas de la región, comenzando por Cuba y Venezuela.
Según el expresidente boliviano, Evo Morales, el intelectual mexicano Fernando Buen Abad tiene razón al hablar de un «nuevo plan Cóndor judicial»; que marcha contra la nueva ola progresista en América Latina.
