Por: Tony López
Los gobiernos estadounidenses siempre han considerado que América Latina es su patio trasero y que está sometida a sus designios e intereses, no es menos cierto, que muchos de los gobernantes latinoamericanos que han sido elegido por su pueblo, salvo honrosas excepciones, se han puesto al servicio y obedecido a las políticas de Washington como lo hacen hoy, ante el pedido de aislar, sancionar e incluso no descartar la idea del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en Venezuela.
Luego de fracasadas numerosas maniobras políticas y diplomáticas con el propósito de derrocar el Gobierno de Venezuela y su Revolución Bolivariana, llevadas a cabo por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, apeló a utilizar una vía alternativa y comisionó al Gobierno de Perú y a su presidente Pedro Pablo Kuczynski, para que convoque a una reunión de cancilleres latinoamericanos y caribeños.
El pasado 9 de agosto tuvo lugar la reunión convocada por el presidente de Perú, Kuczynsky a la que solo asistieron 17 países de los 35 que conforman nuestra región.
De estas 17 naciones, solo 12 firmaron la llamada “Declaración de Lima” presentada por el canciller peruano Ricardo Luna y son: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
No firmaron dicha declaración los representantes de Jamaica, Guyana, Granada, Santa Lucia y Uruguay.
La llamada “Declaración de Lima” expresa que Venezuela “Ya no es una democracia” y “son ilegitimo los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente”. Condena además “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente». «Enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza». Así mismo celebró la acusación de parlamentarios colombianos y chilenos ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que declararon su apoyo a las acciones de la hoy ex -fiscal Luisa Ortega Díaz.
La intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela está en marcha y decidida, pero faltan algunos pasos previos para legitimarla y a eso se ha prestado el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynsky, al convocar a la reunión de cancilleres en Lima, Perú.
El gobierno peruano violando todo lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, que plantea y exige el pleno respeto a la soberanía e integridad de las naciones, se ha prestado al trabajo sucio y como simple empleado de Washington, se ha coaligado con las oligarquías y sectores de la derecha latinoamericana con el objetivo de provocar el aislamiento político, diplomático y económico, contra Venezuela, paso previo y necesario para afianzar el argumento del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en la tierra del Libertador Simón Bolívar.
Las acusaciones contra Venezuela carecen de todo fundamento y están montadas sobre grandes mentiras divulgadas por la campaña mediática, que desde Estados Unidos y otros países latinoamericanos, se han unido para ocultar la realidad venezolana y crear un estado de opinión desfavorable hacia la Revolución Bolivariana y justificar todas las acciones contra ella, incluyendo una intervención militar.
La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, sí establece que el Presidente de la Republica puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin la necesidad de realizar un plebiscito. La asistencia de más de 8 millones 100 mil votantes que asistieron a las urnas y eligieron a los constituyentes, fue un acto democrático y legitimo del pueblo venezolano. El reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y del Centro Nacional Electoral, lo constituye el hecho de que para las elecciones regionales, se han inscrito numerosos candidatos que militan en la opositora Mesa de Unidad Democrática,(MUD) lo cual desmiente totalmente lo que recoge la “Declaración de Lima” y estos mismos opositores venezolanos ponen en ridículo a ese grupo de cancilleres y revela el verdadero objetivo intervencionista de sus acciones.
De los países firmantes de la “Declaración de Lima” que vociferan sobre la violación de los derechos humanos, de salvar la democracia, de acusar y sancionar a dirigentes venezolano, como el caso del presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional, permítanme recordarle algunos sucesos aún por esclarecer: Ningún parlamentario colombiano ha acudido a la Corte Penal Internacional, para que se investigue a los culpables de la masacre del Palacio de Justicia en 1985; tampoco de los más de 5 mil asesinatos cometidos por la Fuerza Pública y sicarios contra líderes políticos de izquierda y dirigentes populares y comunales de la Unión Patriótica.
Más reciente aún, la masacre de Angostura, Ecuador cometida el 1 de marzo del 2008 por un bombardeo aéreo ordenado por el presidente colombiano Álvaro Uribe Velez, en territorio ecuatoriano contra un campamento de las insurgentes FARC-EP, asentado en ese país, donde murieron no solo guerrilleros, también dirigentes estudiantiles mejicanos y civiles ecuatorianos. La artera muerte del Comandante en Jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, quien fue capturado vivo, y ordenado su asesinato, según denunció monseñor Monsalve, obispo de Cali, en su momento. Ese es un crimen de guerra que debe ser investigado y sancionado.
Qué derecho le asiste a los legisladores chilenos de acusar a otros, cuando no son capaces de exigir justicia por los crímenes de Pinochet y cuyo país es aún gobernado por una constitución pinochetista. Y con que moral se va a hablar de democracia, violación de los derechos humanos, persecución política en países, como Honduras cuyos gobiernos han sido elegido al calor o bajo la protección de un golpe de Estado y tiene pendiente el asesinato de Bertha Cáceres, o el caso de Méjico, donde estudiantes como los 43 de Ayozinapa, aún siguen desaparecidos, periodistas asesinados y 32 mil desaparecidos, según las organizaciones de Derechos Humanos de Méjico.
Democracia en Brasil, cuando Temer y su gobierno es producto de un Golpe de Estado parlamentario y no tiene más del 6 por ciento de aprobación a su gobierno. En la Argentina de Macri que debe responder por la desaparición del joven activista defensor de derechos humanos Santiago Maldonado.
Y el presidente peruano, convertido en el Caín de América, debe solucionar el tema de los maestros en huelgas desde hace varios meses y dejar de usar la represión policial contra mujeres y hombres que solo piden un salario justo, lo que él dice condenar en Venezuela lo práctica en su país.
La reunión de este grupo de países latinoamericanos y caribeños en Lima, Perú, es la prueba más fehaciente de la crisis política, ética y de valores que aqueja a nuestra región, también la inutilidad de la OEA, la división y la pérdida de influencia y poder del gobierno de los Estados Unidos en nuestro Continente.
(Fuente: Barómetro Internacional)
