El acontecimiento político de estos días finales de 2022 ha sido el acuerdo alcanzado en México entre el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y la facción opositora que mejor encarna los intereses de Estados Unidos.
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Es el colofón perfecto para un año en el que, incluso sin que hubiese avances en el entendimiento con ese sector político, se había logrado una significativa recuperación socioeconómica. Ahora, con los resultados concretos de esos acuerdos, el país se apresta a concluir el año aún con mejores perspectivas.
En lo sustancial, lo ocurrido marca una nueva derrota para la repetida estrategia criminal basada en la idea de que si se somete al país en general a un malestar insoportable se producirá un cambio en el sistema de gobierno.
Ese ha sido el plan del imperialismo y de sus aliados locales contra la Venezuela revolucionaria desde un principio. Y han insistido en él pese a los reiterados fracasos.
Veinte años del paro-sabotaje petrolero y patronal
Se equivoca quien crea que la maquinación de incendiar el barco para justificar el linchamiento del capitán es algo de los últimos años, pues la primera operación de esta naturaleza fue perpetrada en 2002, cuando los genios que organizaron aquella protesta calcularon que con dos semanas sin gasolina, el comandante Hugo Chávez sería derrocado por la presión popular.
Para complementar ese clima intolerable, los cabecillas ejecutaron también un paro patronal que afectó la industria, el comercio y los servicios, todo ello llevado a cabo en pleno diciembre, con la finalidad de amargar el tradicional clima navideño de paz, relax y descanso. Es decir, la idea era causar el máximo malestar posible en el momento más inoportuno.
A los impulsores de tal ordalía no les importó los daños causados a la infraestructura petrolera ni a las empresas privadas, muchas de las cuales se sumaron forzosamente al paro, bajo extorsión, amenaza y chantaje.
Ninguno de los líderes de ese plan se hizo tampoco responsable por los perjuicios que sufrieron los trabajadores petroleros que creyeron en sus cantos de sirena.
Guarimbas, salidas y gedeones
La violencia callejera ha sido otra expresión del propósito sádico de infligir el mayor sufrimiento posible al pueblo para generar el cambio político que el voto popular le ha negado a la oposición de derecha.
En 2004, 2014 y 2017, el ala pirómana de la contrarrevolución intentó incendiar al país entero mediante disturbios focalizados, disfrazados de protestas pacíficas ciudadanas. En todos los casos, la idea fue la misma: proyectar la sensación de que el país era inviable, de que estábamos en presencia de un Estado fallido.
Curiosamente, esto lo lograron sobre todo en sus propios enclaves electorales, pues los focos de las guarimbas afectaron más que nada a los residentes de zonas de clase media. Daños colaterales, les dicen.
A partir de 2019, en vista de que la violencia de calle ya no se sostenía por sí misma, recurrieron al apoyo de gobiernos enemigos de Venezuela, principalmente el de Colombia, para intentar la desestabilización mediante incursiones forzosas de supuesta ayuda humanitaria (febrero de 2019) o invasiones mercenarias como la Operación Gedeón (mayo de 2020).
Guerra económica, medidas coercitivas y bloqueo
De forma paralela a todas esas acciones insurreccionales abiertas, el país ha sufrido de permanente sabotaje económico. A partir de 2013, se hizo básicamente desde dentro, con la guerra económica impulsada por los grupos empresariales nacionales, quienes aplicaron a fondo recetas ya conocidas como generar desabastecimiento y elevación arbitraria de precios.
Entre 2014 y 2018 se desató toda la furia de esta confabulación, causando estragos en la población más vulnerable e impulsando a cientos de miles de personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Esta estrategia de rendir por hambre a la población fue de una crueldad notable. Una prueba de ello son los intentos desenfrenados de sabotear el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que el gobierno activó de emergencia para atender las necesidades alimentarias de la gente.
En vista de que el empresariado local no consiguió el objetivo de doblegar a la mayoría, vino el apoyo externo. El afroblanqueado, Barack Obama, abrió la puerta al decretar que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Luego, llegó Donald Trump a la Casa Blanca y, junto a su pandilla de genocidas en serie, desplegó las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo contra Venezuela.
Todas esas medidas y bloqueos, tal y como lo declararon abiertamente varios funcionarios, solo procuraban llevar al pueblo a un grado tal de obstinación, que se pusiera a favor de un magnicidio, un golpe de Estado o de un gobierno interino que había sido designado por Estados Unidos.
Igual que en los días del paro-sabotaje petrolero, los solicitantes y ejecutantes del bloqueo y las mal llamadas sanciones estaban convencidos de que el gobierno no iba a aguantar más que unos meses, en especial cuando lograron afectar la generación y transmisión de electricidad, desatar la hiperinflación, triturar la moneda nacional y cortar la producción y distribución de combustibles. Nuevamente se equivocaron de banda a banda.
El bienestar como factor en contra
El crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos meses y una percepción de mejora individual y familiar respecto a los duros años recientes ya había marcado la derrota de la estrategia criminal del mayor descontento posible. Pero este estado de ánimo se acentúa con los efectos que pueden tener (ya lo están teniendo) los acuerdos suscritos en México.
No es casual que quienes han firmado estos documentos por el lado opositor sean precisamente los mismos que han llevado a cabo todos los planes antes reseñados (desde el paro de 2002 hasta los más recientes), basados en la tesis de la destrucción del país para apoderarse de él.
Ahora, la gran preocupación de estos “líderes” es que el bienestar que la nación comienza a experimentar y que podría hacerse más notorio en 2023 vaya a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso intentarán presentarse como “salvadores de la patria” y aparentar que cogobiernan. No les queda ya otro consuelo.
