Una camiseta blanca con texto negro: “Justicia para Nahel. 27/06/23”. Así, el sábado, miles de manifestantes marcharon en Nanterre, un suburbio de París, para acompañar el féretro del joven argelino de 17 años, asesinado por un policía el pasado 27 de junio. Muchos carteles con las palabras «la policía mata». Mata, se podría agregar, sobre todo a los jóvenes migrantes, de tercera o cuarta generación: porque son pobres y por el color de su piel. El del modelo capitalista europeo —blanco, nacionalista y neocolonial— es, de hecho, también una guerra contra los pobres para quienes los derechos son privilegios. La madre de Nahel lo denunció en términos tajantes: “Ese policía vio una cara árabe, la de un jovencito, y quiso quitarle la vida”. La lista de asesinatos similares en Francia es larga.
Nahel es la última de los cientos de víctimas del colonialismo interno que, desde 2017, caracteriza la orientación de seguridad del gobierno francés, que parece remontarse a los tiempos del prefecto Maurice Papon. Papon fue un personaje que, tras haber estado al servicio de los ocupantes nazis, se convirtió en protagonista de la sangrienta represión contra los independentistas argelinos, masacrados en la estación de metro de Charonne el 17 de octubre de 1961. En ese momento, en medio de la revolución argelina contra el colonialismo francés, más de 200 manifestantes fueron arrojados desde los puentes, asesinados a balazos o a palos durante una protesta pacífica contra el toque de queda impuesto a la comunidad.
Hoy, el toque de queda y el ostracismo contra los jóvenes inmigrantes de los suburbios toman otras formas, resumidas en una condición de «aparthéid» —económico, social y simbólico— que en los últimos años ha provocado repetidos estallidos de ira. Periódicamente, esos jóvenes sin futuro perturban el sueño de la «sociedad respetable» arrasando sus símbolos y saqueando los templos del consumismo.
En 2005, hubo un precedente: la población parisina Clichy-sous-Bois – fue la primera en arder por la muerte de dos chicos, Zyed Benna y Bouna Traorè, electrocutados en una cabina de electricidad mientras intentaban escapar de un control policial.
Tras la muerte de Nahel, asesinado a sangre fría en un puesto de control, la policía había difundido la versión conveniente de siempre, pero un video amateur dejó caer la máscara y prendió fuego a la pólvora. Los jóvenes tomaron las calles de varios suburbios franceses: en Rennes, en Niza, en Marsella, en Lyon y en la capital, París. El boca a boca se ha difundido en las redes sociales y ha involucrado a los jóvenes, excluidos y marginados.
Según el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos), la tasa oficial de pobreza en Francia es del 14,6%, pero la cifra real podría ser aún mayor, ya que hay muchos pobres que escapan a las estadísticas. Además, la tasa de pobreza monetaria en los departamentos de ultramar es de dos a cinco veces mayor que en la Francia continental. La tasa de pobreza de los menores de 18 años ha alcanzado el 21 %, lo que significa que uno de cada cinco niños en Francia vive en una familia pobre.
El 17% de la población vive por debajo de la línea de pobreza monetaria, lo que significa que estas personas no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación, vestido y salud. De media, la mitad de los pobres de Francia vive con 885 euros al mes o menos, lo que dificulta sufragar los gastos diarios.
Más de la mitad de los pobres, en Francia, son mujeres. Esto se debe principalmente a la discriminación de género en el mercado laboral, donde las mujeres ganan menos que los hombres en promedio y, a menudo, se ven obligadas a trabajar en sectores de bajos salarios, como el trabajo doméstico y el cuidado de ancianos. Las mujeres solteras con hijos son particularmente vulnerables a la pobreza, ya que a menudo enfrentan una variedad de dificultades, incluido el acceso a la vivienda y la atención médica.
Además de la pobreza monetaria, también hay muchos franceses que viven en situaciones de privación material y social. El 21% de la población de la Francia continental se encuentra en esta situación, lo que significa que más de una de cada cinco personas vive en condiciones difíciles como: falta de vivienda adecuada, falta de acceso a los servicios de salud y aislamiento social.
Según el Ministerio del Interior, hay 79 policías heridos, 1.350 vehículos incendiados y daños en alrededor de 234 edificios. La policía antidisturbios puso al país en un estado de sitio no declarado, realizando más de 1.300 arrestos. Un tercio de ellos son de menores de edad.
Una explosión que, esta vez, adquiere las características de una revuelta política, después de meses de protestas populares contra la reforma de las pensiones, impuesta por el gobierno neoliberal de Emmanuel Macron. De hecho, otros movimientos de protesta se están sumando a los jóvenes en revuelta —que no se sienten representados por los partidos—, empezando por los chalecos amarillos. Una treintena de ellos garantizaron la seguridad durante el funeral de Nahel.
Tras ser expuesto en cámara ardiente por la mañana, el cuerpo del joven, en un ataúd blanco, fue llevado en hombros por ocho personas hasta la mezquita Ibn Badis de Nanterre. Después de la oración en la mezquita, el ataúd de Nahel fue sacado y cargado en un coche fúnebre, que tuvo dificultades para desplazarse entre la multitud. La procesión se dirigió al cementerio del Mont-Valérien, entre gritos de «Al·lahu-àkbar» (Dios es grande) y «Justicia para Nahel». El vehículo estuvo acompañado por jóvenes en ciclomotor y por cientos de personas a pie. Los abogados de la familia del joven habían pedido “un día de reflexión», que fue respectado durante el velorio, pero en otros suburbios las protestas han continuado, y la tensión sigue siendo alta.
Varios municipios de derecha fueron asaltados por la cólera de los manifestantes, víctimas de un clima racista creciente a lo largo de los años. El presidente Macron, que inicialmente había invitado a las familias a «tener a sus hijos en casa», ha decidido aplazar su visita de Estado a Alemania, y sigue reunido con el alto mando policial, mientras que los partidos políticos respaldan las protestas o intentan obtener un futuro beneficio electoral.
Un conocido polemista de extrema derecha, apoyado por varios grupos xenófobos, ha lanzado incluso una colecta para apoyar al brigadier, de 38 años, que mató al joven argelino, recaudando en tres días unos 800.000 euros, frente a los 137.000 que recaudaron los amigos de Nahel para su madre que se ha quedado sin respaldo. «Salimos juntos de la casa, yo fui a trabajar como todos. Yo solo lo tenía a él, ¿qué puedo hacer?», dijo la madre de Nahel, quien convocó a manifestaciones contra este otro asesinato racista, y encabezó varias marchas.
Los jóvenes son condenados en sentencias expresas por tribunales que realizan más de 30 juicios al día, con base en testimonios policiales. De esta forma, tendrán antecedentes penales y se les hará aún más difícil encontrar un trabajo o una vivienda. Una tendencia que se manifiesta, no solo en Francia, sino en toda Europa, en línea con los mecanismos impuestos por la economía de guerra liderada por EEUU, y por la sociedad de control que actúa como contrapartida. El capitalismo concibe invertir el dinero, que le quita al trabajador, en la policía y los tribunales, pero no puede aceptar invertirlo en derechos básicos, considerados gastos a recortar.
Para montar el gran circo de la seguridad, utilizando el “peligro del terrorismo”, o la “invasión” de los migrantes, o la “lucha contra la mafia”, en Francia como en Italia (país donde los problemas sociales se han convertido desde hace tiempo en un problema de orden público), han terminado por encontrarse, sean gobiernos de centro-izquierda o de derecha. La policía occidental, al igual que la cárcel, parece estar asumiendo, cada vez más, un papel sustitutivo del estado de bienestar, y de esta forma se revela cada vez más violenta.
En Francia como en Italia, bajo la presión de la extrema derecha y de las fuerzas policiales, se han aprobado varias normativas para criminalizar las protestas sociales. Una lógica punitiva caracteriza las políticas públicas. Se llega a sancionar a nivel penal a quien trate de ocupar una casa porque no puede permitirse un alquiler, o proteste decididamente por la falta de trabajo.
A los pobres que solicitan un subsidio, se les pide que demuestren que «se lo merecen», porque ahora se trata de beneficios y ya no de derechos establecidos por ley según determinados parámetros y necesidades. Los suburbios pobres son controlados como cárceles a cielo abierto. Además, la prisión es un negocio y es un lugar donde terminan los que necesitan asistencia social y subsidios para vivir. Se ha convertido en un espacio, concreto y simbólico, para encerrar a las personas pobres y beneficiarse de importantes fondos estatales.
No es casualidad que las cárceles privadas estadounidenses —aunque lentamente— sean un modelo al que tienden muchos de los países europeos. La ecuación: pobre igual a criminal, es cada vez más difundida por una narrativa tóxica que crea un imaginario perverso; asumido también por quien es víctima, que se percibe como ciudadano de segunda o tercera clase, por lo tanto, merecedor al máximo de derechos de segunda o tercera clase.
¿Y si lo que está pasando en Francia, y lo que pasó en Colombia durante las protestas populares contra el gobierno de Iván Duque, tuviera un equivalente en Venezuela o Cuba, durante la violencia inducida por Washington? ¿Cuántas “sanciones” se habría apresurado a imponer la Unión Europea?
Tener antecedentes penales, en Italia, impide postularse para un cargo público. Sin embargo, hay quienes tienen el descaro de protestar por la inhabilitación para el cargo público de la señora María Corina Machado, golpista empedernida desde tiempos de Chávez. Sea un grupo de ex presidentes conservadores latinoamericanos, sea un grupo de parlamentarios europeos, de varias nacionalidades, encabezados por Leopoldo López Gil, padre del derechista venezolano de Voluntad Popular, le han pedido al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que retire la invitación a Maduro para la cumbre UE-CELAC. La UE —dijeron— tiene que imponer nuevas «sanciones» a Venezuela.
En el grupo también se encuentra el actual canciller italiano, Antonio Tajani, cuyo partido conservador, afiliado al Partido Popular Europeo, gobierna Italia con la extrema derecha de Giorgia Meloni. Una tendencia que se está asentando en Europa —Italia, Suecia, Finlandia y pronto probablemente en España—, reuniendo también fuerzas que antes se autodenominaban de izquierda en torno al apoyo a Ucrania.
No en vano, el socialista español Pedro Sánchez, al asumir el turno de la presidencia del Consejo Europeo, celebró su primer acto en Kiev, para destacar el férreo apoyo de la Unión Europea a Ucrania, en todos los ámbitos: militar, humanitario y económico.
Por otro lado, hubo una «amplia convergencia» de opiniones entre Macron y Meloni, que aspira a importar el mismo modelo presidencial a Italia. Lo que importa, en realidad, es adaptarse a los dictados de quienes mandan de verdad: la Unión Europea y, por encima, EE.UU. Por lo demás, se puede despotricar y reprimir —migrantes, movimientos por la sexo-diversidad—, reproducir la historia y los valores en sentido reaccionario.
“No aceptamos lecciones de quienes fueron de la mano de dictaduras comunistas, desde Castro hasta Maduro”, declaró hace unos días Meloni, recibida con los brazos abiertos por la oposición golpista venezolana en Italia que apoya, como su partido, a los herederos del «autoproclamado» Juan Guaidó.
Entre tanto, en solidaridad con los manifestantes franceses, hubo enfrentamientos en Bélgica y Suiza. Y un cierto miedo empieza a infiltrarse en las clases dominantes de Europa.
