Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, denunció la persistencia de «una red transnacional del crimen organizado, integrada por mercenarios colombianos y estadounidenses que han perpetrado actos de terrorismo, magnicidio o intento de magnicidio, como en Haití y Venezuela”. Moncada ha vuelto así a destacar una industria de la muerte a gran escala, una máquina internacional de mercenarios, que tienen en Colombia una de las fuentes de mano de obra más abundantes; exportadas a todo el mundo.
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Hoy existe un mercado global ligado a la compra de seguridad que alcanza los 400 mil millones de dólares y prospera principalmente en los Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y países de la Commonwealth, Francia y países francófonos. Más recientemente también en China (donde, sin embargo, las empresas de seguridad privada dependen del Estado) y Rusia.
Las empresas militares y de seguridad privada (EMSP) prevén tres tipos de contratistas: Legítimo combatiente, Civil que sigue a las Fuerzas Armadas o Civil, definidos por el tipo de empresa que los ha contratado. Desde Estados Unidos a Europa, el peso creciente del complejo militar-industrial en la economía capitalista global, sin embargo, crea el llamado efecto de «puertas giratorias»: el entrelazamiento de intervenciones militares y «antiterroristas», guerras comerciales y políticas, relacionadas con la transferencia de roles gerenciales desde las fuerzas armadas a las grandes empresas y cargos públicos, y viceversa. Un híbrido que también se refleja en la opacidad de estas empresas.
Las principales EMSP, dedicadas sobre todo a la protección de la propiedad privada y al entrenamiento de ejércitos en países ocupados, como Irak o Afganistán, son de origen europeo o estadounidense. La mano de obra mercenaria, sin embargo, se contrata en América Latina o en países que han vivido largos conflictos armados, especialmente en el continente africano; porque es más barata.
En América Latina el primer lugar lo ocupa Brasil, que emplea a más de 60.000 personas, el segundo Colombia. Ya en 2017 las empresas de defensa y seguridad privada superaban las 16.000 y experimentaban un aumento exponencial, empleando a más de 2,4 millones de personas. En Colombia, el mercado ha crecido un 126% en 10 años, mientras que en Chile ha aumentado un 50% en 5 años. Moncada recuerda que en 2014 había más de 740 empresas de seguridad privada en Colombia. En 2018 el mercado valía 11 mil millones de dólares; y para 2024 se espera que llegue a 47 mil millones de dólares.
Los mercenarios colombianos provienen del excedente de mano de obra capacitada en la interminable guerra civil colombiana. Cada año entre 10 y 15.000 soldados se jubilan, y un gran número de ellos va a alimentar al mercado internacional de mercenarios, ya que su pensión es de 400 dólares al mes, mientras que un contratista puede ganar hasta 200.000 dólares anuales libres de impuestos.
Los mercenarios siempre han existido; pero las empresas de seguridad privada comenzaron a extenderse después de la Segunda Guerra Mundial, y crecieron durante los procesos de descolonización que tuvieron lugar en las décadas de 1960 y 1970; como herramienta utilizada por las antiguas potencias coloniales para salvaguardar sus intereses.
Después de la caída de la Unión Soviética, las EMSP se han convertido, cada vez más, en un elemento consustancial de la economía de guerra y estrategia de «caos controlado»; útil para los procesos de «balcanización» del mundo instaurados por el imperialismo estadounidense y sus aliados.
La globalización capitalista ha brindado la oportunidad a muchos gobiernos neoliberales de privatizar, progresivamente, tanto la industria del control y el orden público interno, como en intervenciones militares en el exterior, en guerras delegadas que evitan a los gobiernos imperialistas pagar un alto precio en términos de soldados muertos, y reacciones de rechazo en la opinión pública; como en la guerra de Vietnam.
Las EMSP no necesitan autorización parlamentaria, pueden operar rápidamente en cualquier parte del mundo sin ningún problema burocrático. Los grupos de presión, que apoyan a las EMSP dentro del complejo militar-industrial, los presentan como un ahorro para gobiernos y contribuyentes, porque tienen un costo intermitente y brindan servicios a precios más bajos. Erik Price, exjefe de la empresa Blackwater, que trabajó para la CIA y el Departamento de Estado tanto en Afganistán como en Irak, le propuso a Trump privatizar la guerra en Afganistán para reducir sus costos a 5 mil millones de dólares anuales en comparación con los 50 que Washington gastaba en promedio. La menor inversión militar de Obama en política exterior, también produjo un aumento estelar de contratistas en misiones extranjeras; una tendencia destinada a crecer incluso en la situación actual en Afganistán.
Hoy, estas empresas ofrecen sus servicios a más de 100 países. Servicios diversificados, que van desde la presencia en teatros de guerra hasta la protección de grandes multinacionales como Shell o Coca Cola, pasando por la gestión de cárceles privadas, seguridad de embajadas u ONG, y también del personal de la ONU. Actividades tradicionalmente realizadas por la policía y el ejército; pero cada vez más subcontratadas porque las EMSP permanecen en una zona jurídica gris, que impide muchas vergüenzas para los gobiernos neoliberales acostumbrados a la retórica sobre «derechos humanos» (pero siempre en la casa de otros). No faltan ejemplos, solo recordemos el caso de Yair Klein Spearhead Ltd, un exsoldado israelí que aparece en las investigaciones como entrenador de los sicarios del cartel de Medellín de Pablo Escobar y de los paramilitares que entrenaron a los asesinos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La empresa que contrató mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Juvenel Moise, —denunció el senador Gustavo Petro— es una de las que proporcionó el software para las elecciones en Colombia, incluidas las consultas para el referéndum sobre los acuerdos de paz, que le dio la victoria al NO en octubre de 2016. Se trata de CTU Security, registrada como Unidad Antiterrorista Academia Federal LLC, con sede en Doral Beach, Miami, y encabezada por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.
