El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles la orden dictada por el juez del Distrito de Delaware, EE. UU., Leonard Stark, sobre una “pretendida venta judicial” de las acciones de CITGO.
El Gobierno venezolano rechazó la decisión de un juez del distrito estadounidense de Delaware (este) sobre la aprobación de un cronograma para la venta de las acciones de la empresa CITGO, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).
La orden del juez de distrito, Leonard Stara, establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación de la banca de inversión Evercore Group y la necesaria consulta al Departamento del Tesoro estadounidense para cualquier decisión sobre el cambio de propiedad de los activos.
Al respecto, la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque emitió un comunicado donde denuncia “la ilegal orden” dictada por el juez estadounidense, “que establece un conjunto de procedimientos para una pretendida venta judicial de las acciones de CITGO Petroleum”.
«Venezuela rechaza la decisión arbitraria dictada por juez del Distrito de Delaware de EE. UU. referente al caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation, perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)», indicó la estatal petrolera en el comunicado.
«El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta, quien, alineado con la empresa Crystallex International Corp (Crystallex), forma parte del entramado internacional que responde al poder hegemónico imperial de los Estados Unidos; profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano», destaca el texto.
El Gobierno venezolano aseguró que la decisión “violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández”. Y alertan que estas acciones “sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense”.
Finalmente, el comunicado expresa que Venezuela “no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asisten, con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República; cuyo único propietario es el pueblo venezolano”.
