Humberto Gómez García
Ya es un lugar común ver legiones de personas por las principales avenidas de Caracas caminando para ir a sus hogares y no precisamente para hacer ejercicios, sino obligados por la ausencia de transporte colectivo, de camionetas que no se paran a recoger los pasajeros, que sacan violentamente de las unidades a los adultos mayores cuando estos pagan con un billete de a mil y no de cinco mil que es la tarifa establecida para ellos, o cuando dejan varados a los estudiantes. A eso se agrega la decisión “soberana” de las líneas de transporte o los dueños de las camionetas de fracturar o segmentar las rutas para cobrar tres o más veces el pasaje en función de sus ambiciosos intereses capitalistas de querer enriquecerse súbitamente. En Venezuela se ha anarquizado las rutas de transporte con un interés evidentemente desestabilizador.
Evidentemente los cambios de tácticas de la contrarrevolución, de la derecha fascista y la oligarquía en los planes subversivos para lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro han ido cambiando. Uno es, indiscutiblemente, con el transporte público, donde la gran mayoría de las unidades está en manos privadas. Desde la década de los 70’, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, comenzó el proceso de privatización del transporte público y el tremendo negocio de importar camionetas y vendérselas a privados. Aquellas rutas como las Circunvalaciones 1, 2, 3, 4 y 5, en manos del Estado, que recorrían la ciudad capital de extremo a extremo por los cuatro puntos cardinales, que costaban tan solo Bs. 0,25, de improviso desaparecieron para dar paso a las super incómodas camionetas donde el pasajero tenía que doblarse para poder caminar. El negocio transnacional del transporte estaba hecho, a su vez surgía una oligarquía transportista que hoy está más fortalecida.
Después vinieron los autobusetes y comenzó la guerra de las rutas y el gran negocio donde “empresarios” tenían decenas de vehículos y contrataban choferes, “avances” que les pagaban altas sumas acordadas por el manejo de sus unidades.
Pero ¿cuál es la realidad del transporte público en este momento?
“Por su conducta y hechos los reconoceréis” dice el proverbio. Y no hay dudas que el transporte metropolitano y en todos los estados está metido de lleno y hasta el fondo en la conspiración para derrocar el gobierno, lo mismo que los comerciantes. Su ausencia en las elecciones presidenciales del 20 de mayo fue tan evidente que según cálculos conservadores de analistas eso produjo una forzada abstención que se puede remontar al millón y medio a dos millones de votos porque los electores no pudieron trasladarse a los centros de votación.
Pero el sabotaje no fue solo ese día o los posteriores, ya meses atrás se venía desarrollando. Muchas veces se argüía la carencia de repuestos, cauchos, baterías, etc, lo cual era y es cierto, pero el gobierno ha hecho importantes esfuerzos por dotar de esos repuestos a los transportistas, incluso no pocos choferes recibieron los repuestos y los revendieron a precios super especulativos a sus propios compañeros o a empresarios del ramo.
El transporte público, al igual que la telefonía, la electricidad, el agua, son bienes estratégicos que no deben estar en manos privadas o de particulares como, en el caso del transporte viene ocurriendo desde hace unos 43 años cuando menos. Definir ese planteamiento de corte nacionalista puede permitir establecer una política de soberanía con el transporte público, lo cual, desde nuestro punto de vista, no niega la participación de cooperativas y otras formas de organización en empresas mixtas, lo que debe quedar descartado es permitir que individuos (empresarios o grupos de empresarios) participen como individualidades o a través de empleados testaferros.
Si existe la empresa que fabrica autobuses Yountong el gobierno debe definir una línea de prioridades y hacer un esfuerzo para dotar, por ejemplo, a Caracas y el área metropolitana de por los menos 3.000 vehículos hasta alcanzar una cuota que vaya siendo un parque automotriz óptimo. Adquirir en el exterior unidades autobuseras como acaba de ocurrir en Miranda que inauguró una flota de 1500 autobuses para todo el estado.
A las líneas cuyos socios rompan las normas y ordenanzas de rutas, precios adoptados por los Concejos Municipales y la Alcaldías, quitarles las concesiones, incluso a los conductores más atrabiliarios, reincidentes, nacionalizarles la unidad y traspasarla a los concejos comunales y a las comunas.
En el marco de la emergencia y del incremento de la guerra de los transportistas contra el pueblo el gobierno central tiene que tomar medidas drásticas y contundentes. Hay una sobresaturación de personas y sobre peso de los vagones del Metro y del tren Caracas-El Tuy, que el pueblo lo toma para tratar de resolver su desplazamiento. Puede presumirse que muchos de esos vagones se dañen y no hay parque para reponerlos en lo inmediato. Si eso ocurre las cosas van a empeorar.
Las rutas troncales deben fortalecerse con más unidades. Los Concejos Comunales y las Comunas deben tener un papel protagónico en este proceso de nacionalización del transporte popular. Que se sienta el poder popular y se le transfiera poder.
