El enviado de EEUU no descarta opción militar e impone presiones económicas y crisis humanitaria
- Mientras que la oposición política venezolana no logra entender su entorno ni a sus aliados, EEUU avanza en una ofensiva que busca anular los costos y los riegos
Víctor Hugo Majano
Con su conocimiento aceptable del español, Elliott Abrams, el “enviado” del gobierno de EEUU para Venezuela, no necesita de traductores y menos de intérpretes. Por eso puede afirmarse sin dudas que su postura sobre la actuación de su gobierno frente al “régimen de Maduro” ha sido invariable: aunque todas las opciones estuvieran en la mesa la intervención militar siempre fue descartada para el momento.
De allí que el “desencanto” de los voceros de la oposición venezolana, expresada el pasado jueves 4 de abril, luego de que Abrams le volvió a decir a la emisora colombiana Caracol que no estaba planteada ninguna intervención armada convencional, es una evidencia más de su incapacidad para escuchar y entender lo que está pasando a su alrededor y aceptar que nadie va a venir a hacerle la tarea.
Una revisión de sus declaraciones desde febrero demuestra la consistencia del plan del “enviado”, sustentado esencialmente en “mucha ayuda humanitaria” o en todo caso en una exacerbación de la necesidad de la misma. Abrams está dispuesto a demostrar que hay una crisis humanitaria y, de ser necesario, provocarla.
El 21 de febrero la VOA (cadena oficial de radio de EEUU) recogió su respuesta, antes de viajar a Miami y Cúcuta, sobre la posibilidad negada de un derrocamiento de Maduro “hoy o mañana”. Con mucha calma (aunque en inglés) dijo que “seguiremos en la lucha, seguiremos enviando ayuda humanitaria, seguiremos aplicando más presión”. Y como mostrando indiferencia con respecto al momento precisó que eso lo harían hasta que llegue el día en que cayera el régimen.
Una semana después le dijo a Patricia Janiot, para Univision, que la intervención militar no estaba planteada y que la ruta eran las presiones diplomáticas, económicas, financieras y políticas, junto con la revocación de visas a funcionarios y sus familiares.
El 11 de marzo, en entrevista con Actualidad Radio, de Miami, volvió a descartar la intervención militar aunque la Asamblea Nacional invocara el artículo 187, ordinal 11, de la Constitución. Y fue enfático en señalar que EEUU se mantendrá en el sendero de las presiones políticas, económicas y humanitarias. Reiteró, casi con ironía, que su gobierno está «tratando de dar mucha ayuda humanitaria al país».
Pero agregó un elemento nuevo, relacionado con el aporte del pueblo de Venezuela al derrocamiento de Maduro, que sería la ejecución de protestas callejeras que sirvieran como mecanismo de presión sobre la FANB y que ésta a su vez presionara por la renuncia del mandatario. Puso como ejemplo lo que había pasado el domingo anterior en Argelia, donde el presidente Bouteflika había retirado su candidatura para la reelección.
Sin embargo, la oposición no se convenció de que EEUU escogió, al menos ahora, no usar la vía militar sino hasta que el jueves Abrams lo volvió a decir en Caracol.
Para importantes voceros opositores, como el columnista Orlando Avendaño o la dirigente del partido VENTE, María Corina Machado, la afirmación de Abrams los sorprendió, y mientras el primero la tomó como una rendición de Trump, para la segunda fue una demostración de que los tiempos del gobierno estadounidense y sus aliados no son iguales que los de los venezolanos.
Sin embargo, posiblemente para el chavismo y para el gobierno venezolano, más que un triunfo ante Trump, la reacción opositora es un reconocimiento de su incapacidad para enfrentar exitosamente por sus propios medios y recursos a la estructura institucional. Carece de capacidades propias e inevitablemente depende de que otros les hagan el trabajo duro.
En ese sentido, la postura de esos voceros desactiva al bloque opositor como adversario real del chavismo, al punto que obliga (ahora sí) a articuladores como el padre jesuita Luis Ugalde, a plantear una especie de capitulación en su artículo publicado el viernes en la revista SIC, del Centro Gumilla, con el título “Acuerdo nacional o muerte”.
Aunque la rendición planteada tiene sus matices y en realidad busca justificarla ante la base social opositora, es indudablemente favorable para el gobierno ya que ha anulado las presiones y la ha desmovilizado en modo evidente, como ocurrió con el “simulacro” de la Operación Libertad convocado el pasado sábado 6 de abril.
Asimismo demuestra que EEUU ni los gobiernos aliados están dispuestos a pagar el costo del empleo de la acción bélica convencional para resolver el “caso Venezuela”.
Vale acotar que desde el chavismo las afirmaciones de Abrams se han visto con mucho escepticismo y se venían interpretando como una táctica para, de llegar a la opción militar, hacerlo en forma sorpresiva. Al respecto se argumentaba el perfil criminal del “enviado” y sus antecedentes con Nicaragua en los años 80.
En tal sentido, es necesario considerar que la motivación de la entrada frontal de Trump en la disputa, estuvo ligada a la posibilidad de tener acceso rápido y con costos cercanos a cero, a la riqueza petrolera de Venezuela. Sin embargo, cualquier aumento de la inversión o la aparición de riesgos adicionales serían suficientes para salir del intento sin muchos argumentos. Sin desconocer que la ofensiva contra la Revolución Bolivariana es parte de la visión estratégica de EEUU, es conveniente precisar que la definición táctica fue desarrollada por la administración Obama (con Hillary Clinton como secretaria de Estado) a finales de 2014 y se concretó en 2015 con la declaratoria de amenaza inusual.
Por otro lado, un eventual incremento de la producción petrolera de Venezuela, no sería conveniente para las compañías del sector que han hecho inversiones importantes para garantizar la expansión del fracking dentro de territorio estadounidense, ya que tendería a bajar los precios lo que dificultaría la amortización de las inversiones realizadas. Y por otro lado esa caída de precios también desestimularía el negocio en el sector de “energías limpias”. En este sentido es posible que la generosa intervención del magnate británico Richard Branson, que organizó y financió el concierto “Venezuela Aid Live”, el pasado 23 de febrero, esté relacionada con sus intereses en los negocios de generación eléctrica no-fosil.
En contrapartida, para Venezuela y el chavismo la escogencia de la vía de las presiones no militares implica un creciente y profundo deterioro de su economía y su infraestructura productiva, tal como ha ocurrido al menos en forma abierta desde marzo de 2015, con las sanciones derivadas del “decreto Obama”. Sin que eso implique un elevado riesgo político para el agresor al diluirse su acción hostil como parte de una “crisis económica” derivada de las supuestas política erradas del socialismo o el populismo, como señala la mediática.
Y complementariamente, el deterioro económico e institucional, en el contexto de un agresor indefinido o difícilmente personalizable, favorecería el desarrollo de una opción electoral opositora que sea favorable a los intereses de los EEUU y de la UE.
A esto habría que agregar acciones de sabotaje, como el ataque al sistema eléctrico iniciado hace un mes, a través de mecanismos tecnológicos cuya responsabilidad sea de difícil determinación.
La suma de estos mecanismos podría provocar una acelerada y generalizada “crisis humanitaria” como la que anuncia Abrams en cada una de sus declaraciones de prensa y le permitiría a la alianza contra Venezuela desarrollar la línea estratégica de la “responsabilidad de proteger” y en consecuencia justificar en un plazo de meses (menos de un año según el “enviado”) una “intervención humanitaria”.
