Energía y Poder
Jonny Hidalgo
Luego de los apagones ocurridos en marzo de 2019, algunas personas se entusiasman en pedir la privatización del sistema eléctrico en Venezuela. Incluso se atreven a proponer esquemas jamás probados en el mundo, como privatizar solo la red de distribución, aun cuando ésta tiene un carácter sumamente estratégico pues controla el suministro de energía a los usuarios finales. Esas plegarias por la privatización, tienen de fondo la falacia de que ha fracasado el socialismo propuesto por el Comandante Chávez, por lo que la gestión del sector privado resultaría ser más eficiente que la gestión de un gobierno subordinado al pueblo.
Mientras que el imperialismo ha desarrollado tecnologías que permiten la instalación de sistemas neoliberales para el control de la electricidad (redes inteligentes, sistemas prepago, generación distribuida, FACTS, entre otras), en Venezuela aún no nos preguntamos cómo se configura un sistema eléctrico socialista: Nos conformamos con “nacionalizar” lo que el capitalismo de la IV República dejó. Aún así se acusa al socialismo de los males y los ataques que sufre la industria eléctrica, justificando su privatización.
Un sistema eléctrico socialista requeriría de un marco jurídico y tecnológico que permita el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, para que al menos realice una contraloría social efectiva sobre las empresas operadoras y los grandes consumidores. Esto amerita de la reestructuración del Estado y de una innovación tecnológica que aún no existe en el mundo. Tenemos que pensar el sistema por nosotros mismos.
Privatización: Sistema eléctrico colonizado
Por el contrario, el sistema eléctrico venezolano se desarrolló bajo una lógica extranjera, que acompañaba al rol que en el orden mundial se le daba a Venezuela: proveedor seguro de petróleo. Se inició a imagen y semejanza de lo que, a principios del siglo XX, Samuel Insull logró imponer en EE.UU.: La formación de monopolios regionales privados, regulados y verticalmente integrados; es decir, empresas que monopolizaban el sistema eléctrico de una región determinada. Así por ejemplo, la Electricidad de Caracas C.A. generaba, transmitía, distribuía y comercializaba electricidad en la Gran Caracas; Enelven en Maracaibo, Eleval en Valencia, Elebol en Ciudad Bolívar, etc. Para Insull, al ser regulados los monopolios se legitimarían ante los usuarios del sistema e impedirían la creación de empresas públicas.
Pero en Venezuela, el sector privado siempre ha requerido del fomento del Estado y a él endosó las grandes inversiones. Así, fue necesaria la creación de entes públicos que administraran al sector eléctrico. Se creó a OPSIS como una oficina de planificación del sistema interconectado y a CADAFE y EDELCA como empresas estatales que monopolizaban la mayor parte del sistema eléctrico nacional. A través de redes de transmisión creadas por el Estado, el flujo energético salía de las empresas públicas hacia las empresas privadas instaladas en las áreas de mayor rentabilidad, y estas impedían la retribución del capital. Así, el Estado invirtió en la construcción de la mayor parte del sistema eléctrico nacional, pero el capital recaudado en la comercialización se quedaba en las empresas privadas. El país no pudo confiar en el sector privado para el desarrollo del sistema eléctrico; incluso la Electricidad de Caracas C.A. terminó en manos de una empresa trasnacional (AES) que la convirtió en un cascarón vacío.
Los gobiernos del puntofijismo, no aprovecharon las ventajas del Estado para desarrollar el sistema eléctrico acorde a los intereses de la Nación. Por el contrario, se unieron a la ola neoliberal de mediados de la década de 1980, para emprender la instalación de un mercado eléctrico desregulado, el cual requería de asombrosos eufemismos técnicos para tratar a la electricidad como mera mercancía.
Aun cuando los mercados desregulados procuran la exclusión del Estado, la privatización de la central hidroeléctrica de Guri, desde donde se generaba el 70% de la electricidad consumida en el país, afectaba los intereses del propio sector privado, pues la rentabilidad del negocio dependería de la voluntad del nuevo propietario, quien podría manipular los precios de venta. Así, decidieron mantener a la central de Guri reservada al Estado, lo que contravenía a los principios neoliberales. Comienzan a operar en el país empresas trasnacionales que dominaban los servicios públicos de países vecinos, incluida la empresa Enron y varias empresas españolas.
Hasta entonces, el sistema eléctrico sólo era regulado por los contratos suscritos entre las empresas privadas y las públicas, sin una ley especializada en el tema. En 1999, se sancionó la primera Ley de Servicio Eléctrico que creaba y regulaba el “mercado desregulado” de electricidad en Venezuela. A pesar de la Revolución Bolivariana, los instrumentos jurídicos que requería la implementación de esta nueva ley se estuvieron desarrollando hasta diciembre de 2006.
Gesta libertaria del sistema eléctrico
En el año 2007, se instruye la creación de Corpoelec y con esto la nacionalización de todo el sistema eléctrico. Para el año 2010, se había pasado de varias empresas integradas verticalmente a un intento fallido de mercado desregulado, y de allí a una sola empresa pública constituida acorde al derecho privado, que heredó los poco conocidos problemas existentes, altamente complejos en el ámbito político y más aún en lo técnico, y que como todo ente del Estado sufre la práctica del libre nombramiento y remoción en sus cargos de dirección.
Los apagones de 2019, volvieron a colocar al sistema eléctrico en la agenda pública. La privatización de sistemas eléctricos dependientes de la hidroelectricidad, esconde la privatización del agua y la pone en manos de las transnacionales. Debemos alejarnos de la idea de la privatización. Se abrió la posibilidad de repensar nuestra industria y adecuarla al proyecto nacional. Hagámoslo sin demora, con criterio y sentido patrio.
