Todas las imágenes y noticias relativas al combate contra la Covid-19 muestran, en todas partes del mundo, mujeres en la primera línea de batalla. En el caso de Venezuela la política de Estado dirigida al combate, mitigación y prevención de la Covid-19; tiene al frente a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien ha desempeñado una brillante gestión bajo las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro en la conducción de acciones que han generado importantes resultados en el manejo de la pandemia; a pesar de la guerra económica y el feroz bloqueo que impone a nuestro país el gobierno de Estados Unidos y sus aliados.
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Tomando como referencia la información de organismos internacionales; compartimos algunos elementos del impacto de la pandemia en las mujeres y las respuestas que está brindando la Revolución Bolivariana.
Según el Informe de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos: “Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y están sintiendo los efectos en el ámbito económico y del mercado de trabajo; también segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países; y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres”.
Las mujeres venezolanas cuentan con la protección social de la Revolución Bolivariana, desarrollada para revertir esa desigualdad gracias al Sistema Carnet de la Patria; un conjunto de asignaciones económicas dirigidas a proteger a la mujer venezolana en su condición de madre o jefa de hogar, que atienden el impacto económico de la pandemia. Ellas cuentan también con la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, (CLAP) ahora entregados casa por casa para cumplir las normas de cuarentena social y voluntaria.
En otro aspecto, el informe de la OEA afirma: “adicionalmente, las mujeres están encontrando grandes limitaciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, como los partos hospitalarios; lo cual podría incrementar la mortalidad materna. La intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el impacto negativo de la crisis, por ello, es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las privadas de libertad, las jefas de hogar, las del colectivo LGTBI, y las mujeres más desfavorecidas de las zonas rurales”.
Esta realidad continental tiene respuesta en Venezuela desde junio de 2017, cuando el gobierno del Presidente Nicolás Maduro crea el Plan Parto Humanizado dirigido a garantizar, articuladamente con la estructura sanitaria de la Misión Barrio Adentro, y participación activa del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, y la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela (UNAMUJER); con el fin de brindar acompañamiento y atención previa y posterior a las mujeres en gestación. Este plan favorece el parto natural, combatiendo la violencia obstétrica generada con la práctica generalizada de cesáreas.
Otro aspecto resaltado por el Informe de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA es que: “El confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores. Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin interrupción y se genera una percepción de seguridad e impunidad en el agresor“.
Este es justamente otro tema en el que Venezuela muestra un trabajo sostenido en más de dos décadas de Revolución Bolivariana en el que la violencia hacia la mujer se ha hecho social y jurídicamente reprochable; y se ha creado un marco jurídico que avanza para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
La municipalización de la defensa de los derechos de las mujeres, y mayor sensibilidad de los órganos receptores de denuncias; garantizan una acción rápida y contundente ante hechos de violencia amparados en la privacidad del hogar. Las instancias comunitarias y parroquiales de defensa de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, asumidas por lideresas locales producto de la apertura de medios de participación en la gestión de la política social dirigida a la protección a la mujer; conforman un muro de contención al patriarcado, que aún continúa haciendo estragos en nuestras sociedades.
Adicionalmente los medios de comunicación, especialmente la televisión, han emprendido campañas informativas para empoderar a las mujeres con medios institucionales y jurídicos para prevenir y combatir los casos de violencia hacia la mujer.
Las mujeres organizadas, en nuestra pluralidad y diversidad, cerramos filas al lado del gobierno del Presidente Nicolás Maduro para exigir que se respete nuestro derecho a la autodeterminación, a la soberanía; el cese inmediato del bloqueo económico y toda forma de injerencia extranjera en nuestros asuntos internos.
Vicepresidencia
