Primer mito: hay sistemas apolíticos y antisépticos
La primera gran mentira que circula en torno al proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y otros altos cargos; es que la Venezuela bolivariana es un caso anómalo y que en otros países funcionan mecanismos apolíticos y antisépticos en los que los jueces son seleccionados estrictamente por sus méritos académicos y profesionales.
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Es un embuste monumental. En todos los países que funcionan bajo la modalidad (a veces, simple apariencia) de separación de poderes; los gobiernos y los partidos políticos principales intervienen en estas designaciones.
No es casual, que los casos donde se observa mayor interferencia política sean precisamente los de aquellas naciones que más suelen vociferar en torno a la supuesta independencia política del Poder Judicial. El ejemplo natural es Estados Unidos, donde el presidente de turno tiene potestad para designar a dedo jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La otra instancia decisiva en EEUU es el Congreso, donde, como bien se sabe, solo operan dos partidos, ambos representantes no del pueblo común, sino de los poderosos intereses corporativos, del complejo industrial-militar-financiero-mediático-digital de la superpotencia.
Situaciones parecidas ocurren en todas las otras naciones que cacarean por la transparencia judicial en otros países. Pura hipocresía.
Segundo mito: en la IV República este era un proceso ejemplar
La gente que alimenta la tesis de que Venezuela antes de Chávez era un lugar maravilloso, donde todo funcionaba a las mil maravillas, suele agregar a su fábula que en el proceso para escoger a los miembros de la antigua Corte Suprema de Justicia participaba todo el país y hasta los opositores radicales quedaban contentos.
Con tal patraña se pretende ocultar años y años en los que los dos grandes partidos de ese tiempo, Acción Democrática y COPEI, se repartían los cargos judiciales (no solo los de la Corte, sino los de todos los demás tribunales) y montaban con ellos sus respectivas “tribus judiciales”.
Triste época en la que un sujeto de alta peligrosidad como David Morales Bello llegó a ser el pran del Poder Judicial, con el apoyo de los socialcristianos (santurrones, pero igual de envilecidos) y de cierta izquierda.
Por cierto, fue la pudrición total del sistema de justicia una de las causas del colapso del modelo político bipartidista. Un espejo roto pero que aún sirve para verse.
Tercer mito: La oposición ha sido marginada
Durante todos los procesos de nombramiento de autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, siempre se dispara la cantaleta de que el chavismo actúa arbitrariamente y excluye a los demás factores políticos.
La falacia es producto de un juego que los partidos opositores llevan ejecutando casi tanto tiempo como la Revolución en el gobierno. ¿Cómo es este juego? Pues, esos partidos (siguiendo instrucciones de sus amos estadounidenses) se niegan a ir a elecciones de los cuerpos deliberantes y, como consecuencia de ello, el chavismo obtiene mayorías proporcionalmente mayores que su propia fuerza electoral real.
A esos cuerpos deliberantes les corresponde elegir a funcionarios del más alto nivel como los magistrados y magistradas del TSJ; los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral; y los o las titulares del Ministerio Público, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
Cuando hacen la escogencia, los mismos opositores que se autoexcluyeron con su postura abstencionista, salen a reclamar que no se les consultó. ¿No sería mejor que se preguntaran por qué no concurrieron a las elecciones de la AN?
Cuarto mito: El imperio solo pide transparencia
La cuarta falsedad sobre la escogencia de los magistrados del TSJ es que si EEUU se inmiscuye en este asunto (interno por antonomasia) es únicamente porque está interesado en que haya transparencia y equilibrio político.
Esta es, obviamente, una mentira solo apta para ingenuos. La realidad es que la interferencia en el Poder Judicial ha sido una de las mil maneras en que EEUU lleva adelante sus operaciones de “cambio de régimen”, es decir, derrocamientos y golpes de Estado.
En concreto, Washington y las derechas de cada país, tratan de colonizar los altos tribunales para luego ejecutar sus jugadas de lawfare, es decir, de utilización del sistema judicial para desestabilizar gobiernos y sacar del poder a presidentes que no respondan a sus líneas imperiales.
Así lograron expulsar de la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff. Así impidieron que Luiz Inácio Lula Da Silva fuera electo de nuevo como jefe de Estado, dejando el camino abierto al impresentable fascista Jair Bolsonaro. También de ese modo, colocando jueces y fiscales corruptos en cargos clave, lograron desbaratar la Revolución Ciudadana en Ecuador, utilizando al icónico traidor Lenín Moreno como actor estelar.
Con ese tipo de antecedentes, ¿deben acaso los gobiernos progresistas caer en los chantajes de EEUU sobre la conformación de las instancias judiciales? No parece aconsejable.
