Lucubraciones jurídicas sobre los reunidos para matar
Premeditación, alevosía, ventaja
Las reuniones en las que se discutió la mejor forma de asesinar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, configuran el delito de homicidio que, por tratarse de un jefe de Estado, se le llama magnicidio.
El homicidio, en casi todas las legislaciones del mundo incluyendo la venezolana, es un delito grave, que se puede castigar con la pena máxima (en el caso local, 30 años de presidio), si concurren agravantes.
Tres de los más conocidos agravantes del homicidio son la premeditación, la alevosía y la ventaja. Todas estas circunstancias pueden atribuirse a los conjurados que, en la Casa Blanca de Washington, deliberaron sobre cómo matar a Maduro.
Hubo premeditación porque se pensaron mucho las acciones a tomar. De hecho, las reuniones en sí mismas son una muestra de ello.
Hubo alevosía porque se planificaron los detalles del crimen de modo que la víctima no tuviera oportunidad de prevenir o de reaccionar ante el ataque y que los perpetradores no corrieran demasiados riesgos.
Hubo ventaja porque los conspiradores planearon valerse nada menos que de la mayor y más asesina de las potencias militares del planeta para llevar a cabo el asesinato.
Reincidencia, ensañamiento, organización criminal
Con los anteriores agravantes habría suficientes razones para aspirar a la pena máxima, pero existen otros más. Uno de ellos es la reincidencia. Ya en 2018, los mismos secuaces habían planificado y ejecutado el magnicidio, en grado de tentativa, en el atentado de los drones explosivos en la avenida Bolívar.
Los autores intelectuales diseñaron el plan de tal manera que los ejecutores intelectuales iban a actuar con ensañamiento, no solo contra el objetivo central de la acción criminal, sino contra todo aquel funcionario o ciudadano que se opusiera.
Está claro, además, que los magnicidas frustrados formaron una organización delictiva y se sirvieron de mercaderes de la guerra y del terrorismo para avanzar hacia su propósito.
Contra la autoridad, ejerciendo funciones públicas, con disfraz
Entre los agravantes que en la jurisprudencia global se consideran en un delito como el homicidio; se cuentan otros que también cumplieron los confabulados de Washington.
Se trataba de un delito contra la autoridad legal de Venezuela, planificado con funcionarios gubernamentales de otro país y con el concurso de personas que estaban ejerciendo funciones públicas, pues al menos Juan Guaidó y Julio Borges eran diputados a la Asamblea Nacional para ese entonces.
Adicionalmente, puede considerarse que todos estos personajes estaban allí usurpando funciones, pues uno de ellos se hacía pasar por presidente de un inexistente gobierno interino, y los otros eran “diplomáticos” de esa falsa administración. En forma figurada estaban usando disfraces, que es otro de los agravantes en el caso de un homicidio.
Entre las variantes del plan magnicida se incluyó la introducción de mercenarios extranjeros y desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes iban a simular que eran parte de un alzamiento interno de los componentes militares. Es decir, que planificaron usar disfraces para llevar a cabo los atentados.
Crimen mediante precio, recompensa o promesa
El asesinato del presidente Maduro, analizado en detalle por Donald Trump, varios de sus subalternos de alto nivel y los “venezolanos” Guaidó, Borges, Carlos Vecchio y un cuarto no bien identificado, tiene todavía más agravantes.
Como bien se sabe, el gobierno de Estados Unidos le puso precio a la cabeza del mandatario nacional, por lo que su asesinato o captura iba a ser objeto de cuantiosa recompensa para quien la ejecutara. Los líderes opositores nacionales apoyaron y alentaron esa barbaridad.
Asimismo, esos dirigentes clamaron ante Trump y otras instancias de poder de EE. UU. para que mataran a Maduro o lo secuestraran, y ofrecieron a cambio literalmente el país entero a las élites gobernantes de la superpotencia norteamericana. Era un crimen bajo promesa.
¿Quiénes deberían ser juzgados?
Para responder a esta pregunta vale la pena hacer el ejercicio de imaginar que la reunión de marras se hubiese realizado en Miraflores y que el objetivo discutido hubiese sido asesinar al presidente de EE. UU.
No hace falta ser un experto en geopolítica e historia para suponer que ante tal agravio, EE. UU. respondería como suele hacerlo, con invasión y bombardeos. Tampoco es descabellado pensar que, desde el punto de vista jurídico, le abrirían juicio a todos los conjurados; empezando por los estadounidenses participantes, quienes serían procesados por traición y seguramente sentenciados a muerte o a cadena perpetua en cárceles de máxima seguridad.
De seguro, el gobierno gringo también se arrogaría el derecho a juzgar y castigar a los venezolanos que hubiesen osado lucubrar sobre el magnicidio y el cambio de régimen en EE. UU.
Claro que, si alguien propusiera juzgar a Trump y a todos sus secuaces estadounidenses por haber planificado la muerte de Nicolás Maduro, muchos pensarían que es una locura o un chiste. Sobre todo porque ni siquiera los cómplices “venezolanos” están sometidos a algún proceso judicial. Así funciona esta rara dictadura.
