Desde las embajadas gringas
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Es bien sabido que detrás del incomprensible balbuceo del títere Guaidó, está su dueño norteamericano. Las declaraciones de James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, que opera desde su sede en Bogotá, lo han confirmado una vez más. Story, de hecho, anticipó la composición de los «mediadores» y los términos en los que habrían tenido derecho a actuar en reuniones con el gobierno legítimo de Maduro; quien ha fijado tres condiciones: el levantamiento de todas las “sanciones”, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y de todos los poderes establecidos, y la restitución de cuentas bancarias y activos incautados en el exterior. Puntos en los que la administración estadounidense trata de inmiscuirse para imponer su agenda golpista, necesaria para hacer retroceder el reloj de la historia en Venezuela; e imponer el modelo imperialista de la economía de guerra, arquitrabe conocido de las políticas de EE. UU.
El presupuesto militar de EE. UU. representa el 39% de todos los del planeta. En 2020, el gasto militar alcanzó los 778.000 millones de dólares, tres veces el de China (252.000 millones). El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejército de milicias de seguridad privada, centros de control de satélites, centros de investigación y periodistas contratados, es crucial para mantener la prisa sobre América Latina y contrarrestar la influencia de China y Rusia.
Para extender su control a nivel mundial, EE. UU. utiliza la red diplomático-consular, los centros de inteligencia, las bases militares ubicadas en los cinco continentes, pero también otro sector estratégico: las oficinas de enlace que responden a las fuerzas de contraste en Washington y que actúan dentro de las embajadas. Herramientas más ágiles que las propias bases militares, que requieren el consentimiento del país anfitrión. Puestos de avanzada extranjeros de agencias de seguridad federales que actúan como «antenas» para recibir, controlar y contrarrestar las políticas «enemigas» y las amenazas potenciales a la seguridad de los Estados Unidos.
Como también reveló Newsweek, durante la última década el Pentágono ha construido un verdadero ejército paralelo de 60.000 civiles, militares, en su mayoría fuerzas especiales y contratistas. Efectivos que operan encubiertos y dibujan su principal labor en los países de América Latina, uno de los grandes escenarios de guerras de nuevo tipo, principalmente revueltas contra el conflicto de clases. Una parte sustancial de estas fuerzas ocultas está formada por especialistas en inteligencia, lingüistas, expertos en guerrilla digital, piratería informática y manipulación de medios. La facturación gestionada por un puñado de agencias gubernamentales norteamericanas que operan en la sombra asciende a aproximadamente 900 millones de dólares en términos de licitaciones y contratos adjudicados a más de un centenar de empresas privadas que deben respaldar toda su actividad.
Son estas redes las que proporcionan el combustible, tanto en términos militares como mediáticos, para las campañas mercenarias contra los gobiernos que tienen que ser subyugados. Desde estos centros se inicia la difusión de estadísticas y anuncios que deben pesar sobre la política de un país en particular. Y así, el prófugo de la justicia Julio Borges y sus compinches en el extranjero anunciaron, como victoria propia, una próxima Conferencia Internacional de Donantes, convocada por Canadá para el 17 de junio, a favor de los “migrantes venezolanos”, para la cual Biden confirmó financiamiento el 8 de marzo.
Financiamiento que, por supuesto, se destinará a aquellas políticas de seguridad de las que se alimentan los gobiernos subordinados a Washington y las instituciones que, como la Unión Europea, los apoyan, volviéndose súbitamente generosos; mientras no lo son para nada hacia los pueblos y migrantes de sus países. Hace casi un año, una conferencia similar rindió un bonito botín a la pandilla de Guaidó: 2.544 millones de euros, 595 millones de los cuales se pagaron directamente.
En los últimos días, una decena de países latinoamericanos se reunieron en Lima sobre el tema, para emitir la octava Declaración Conjunta del Proceso de Quito, otro capítulo de esas instituciones artificiales creadas contra la Venezuela bolivariana en 2018 por iniciativa del Ecuador de Moreno. Ahora la presidencia pasa al Brasil de Bolsonaro.
Un gran negocio que tuvo un rumbo adicional durante las «reuniones bilaterales» para la asunción del cargo del banquero Lasso en Ecuador, auspiciadas por la representante de Estados Unidos, Julie Chung. Una nueva maniobra para robar otros miles de millones al pueblo venezolano y contrarrestar con la mentira las mismas estadísticas de una firma ciertamente no favorable al socialismo, como Torino Economics, patrocinada por el banco de inversión Torino Capitale, que se dedica a analizar hechos económicos y políticos relevantes para el mercado de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Luego de lamentar que la acción de instituciones artificiales como el grupo de Lima no arrojara resultados contra el gobierno de Maduro; el instituto analítico cuantificó, sin embargo, el daño hecho a la economía venezolana por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, describió el choque entre las diversas tendencias políticas del gobierno de Biden sobre su aumento o suspensión, y tuvo que reconocer la efectividad de las políticas contra el bloqueo implementadas por el gobierno bolivariano. Y predijo una recuperación para la economía venezolana.
Pero para evitar que Venezuela se estabilice, vemos un nuevo y poderoso clamor a nivel internacional, animado por los lobbies a sueldo de Washington: empezando por Amnistía Internacional, que protestó porque el gobierno argentino, que volvió al progresismo, ha decidido retirarse de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por el arco de gobiernos conservadores, que se consideran «defensores de los derechos humanos».
Un choque que también se manifiesta dentro de Mercosur, donde fuerzas conservadoras presionan por el paso definitivo al campo de Washington. Para configurar el nuevo modelo de multilateralismo norteamericano en la región, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, llegó a Quito, en su primer viaje a América Latina. Se reunió con el banquero Lasso y prometió más de $ 1,000 millones en 2021.
Como para decir: una vez que hemos decidido quién está a cargo del gobierno, abrimos los hilos del bolso.
