Durante una de sus giras por Europa, para dar a conocer la situación de los presos políticos en Perú, conversamos con el abogado Miguel Sánchez Calderón, miembro del del Instituto de Investigación Jurídica Ratio Iuris y defensor de Elena Yparraguirre Revoredo, figura histórica de la organización guerrillera Sendero Luminoso. Elena, de 77 años, fue capturada en Lima el 12 septiembre de 1992, junto al fundador del grupo guerrillero, Abimael Guzmán, muerto en una carcel de maxima seguridad, el 11 de septiembre de 2021.
－¿Cual es la situación en Perú?
－El Estado peruano está en descomposición, convertido en un Estado policíaco que gobierna en base al temor, a la amenaza del abaleamiento y la cárcel. Y en una crisis generalizada en todos los planos, en los que la crisis política se agudiza y fue generada desde el 2016 en que Keiko Fujimori desconoció el triunfo de su contrincante Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales y no paró hasta vacarlo. De allí en adelante ha habido 6 presidentes en 5 años. Hoy gobierna Dina Boluarte como producto de un golpe de Estado contra Pedro Castillo, en complicidad con el Congreso que funciona dirigido por una coalición de partidos ultraderechistas y corruptos y donde, para aplastar la oposición a su golpe de Estado, han asesinado, hasta hoy impunemente, a más de 50 ciudadanos; además de mil heridos de bala de fusil de guerra, que defendían el voto por Pedro Castillo y contra su vacancia, enarbolando la Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución; y que fueron acusados, por la Direccion Contra el Terrorismo (DIRCOTE), de ser terroristas dirigidos por Sendero luminoso o por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), y de querer tomar la ciudad de Lima. Todo ello, dentro de la segunda etapa de persecución política que ha significado la criminalización de la lucha popular, acusándola de terrorismo.
－¿Como se desarrolla El caso Perseo?
－La sentencia condenatoria en este juicio oral contra 35 de los 43 procesados, ha significado un antes y un después: ingresar a la tercera etapa de la persecución política en el Perú, producto de la aplicación de un Derecho penal del enemigo desde 1980. Donde el Estado peruano ha pasado a la persecución de ideas, puesto que ha condenado a los procesados y proscrito al Movadef sin haber cometido ningún acto violento llamado por ellos “terrorista”, tan solo por haber pretendido inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones cumpliendo todos los requisitos: pero negada su inscripción para participar en las elecciones, primero en el 2011 y luego el 2016, junto a otros tres partidos en el el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP) y con aproximadamente un millón y medio de firmas de respaldo: sobre todo por insistir en que su guía ideológica es el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo y sus banderas son algunas de las planteadas por Abimael Guzmán Reinoso luego de su Lucha por un Acuerdo de Paz que no llegó a firmarse; como por ejemplo, enarbolar: Solución Política a los problemas derivados de la guerra, Amnistía General y Reconciliación Nacional y Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución con y para el pueblo entre otras de las 8 presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Han impuesto condenas de muerte encubiertas, como en el caso de mi patrocinado, el Doctor Gamero Quispe, condenado a 16 años con 3 meses y recluido actualmente en la cárcel de máxima seguridad de Ancón I, a la edad de 79 años, sufriendo de Alzheimer en segundo grado, parkinson, incontinencia urinaria, insomnio y probable demencia senil; a mi patrocinada Victoria Trujillo Agurto, quien a sus 67 años de edad y luego de haber obtenido su libertad tras 30 años de carcelería en las peores condiciones de la historia peruana, ahora la han condenado a 35 años de cárcel. Una pena de muerte encubierta y además una pena de cadena perpetua encubierta, porque ninguna persona sobrevive a la suma de estas cifras. Y con el agravante de que, como fue condenada, antes y ahora, como parte del Comité Central del Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, le van a aplicar la ley de Secuestro, incineración y desaparición de restos que ya han aplicado al Dr. Abimael Guzmán Reinoso, luego de que lo asesinaron el 2021 en el Penal Militar de la Base naval de Callao y tuvieron el cadáver secuestrado 10 días para terminar de aprobar dicha ley en el Congreso, y aplicársela retroactivamente en forma maligna, prohibida por la ley, así como prohibida por todo el Derecho Internacional. También han aplicado dicha ley, recientemente, a Miguel Rincón Rincón, dirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) muerto por negligencia médica también en la base naval de Callao.
－¿Cuál es la situación de los presos políticos de ayer y de hoy?
－Los presos políticos de ayer son los del Partido Comunista del Perú, hombres y mujeres entre los que se encuentran Elena Yparraguirre Revoredo, Margot Liendo Gil con ya 37 años de carcelería efectiva, María Pantoja Sánchez, Laura Zambrano Padilla, Osmán Morote Barrionuevo, también con 37 años de carcelería efectiva, Edmundo Cox Beuzeville y Florindo Flores Hala, ex miembros del Comité Central de dicho Partido: todos condenados a cadena perpetua y negándoles la revisión de la pena, según ley, a los 35 años de cumplida la cadena perpetua. Margot y Osmán, entre otros varones y mujeres condenados también a cadena perpetua, en total aproximadamente unos 50, algunos están enfermos de cáncer como Margot y Edmundo; y de Alzheimer como Osmán. Además, está el prisionero político del Mrta Víctor Polay Campos, su máximo líder, recluido en el penal militar de la Base naval de Callao. De los presos políticos de hoy, están los condenados del caso Perseo contra el Movadef, además los presos por el delito de apología del terrorismo －por haber compartido en las redes la imagen de Abimael Guzmán con el puño en alto y con frases de alabanza－ y que, estimo, su número puede ser de 20, aproximadamente, fuera de los condenados a 5 años con suspensión de la pena de cárcel a cambio de reglas de conducta y que estimo sean más de 100 por el mismo supuesto delito, además de Pedro Castillo y Betsy Chávez, su primera ministra y los presos de las protestas contra la vacancia de Pedro Castillo. Estimo que son aproximadamente unos 50 también. Para todos ellos exigimos su libertad.
－¿Cuál es el nivel de respaldo alrededor de este caso?
－El respaldo está creciendo aceleradamente, producto del “terruqueo” generalizado que la ultraderecha en el gobierno, el parlamento y la policía política －Dircote－ ha desatado. Sobre todo, a partir de la sentencia del caso Perseo contra el Movadef, incluida la cacería de brujas que han desatado dentro de la administración del Estado, destituyendo de sus cargos a todos los que disientan del discurso oficial de que todo es terrorismo, aparte de los que no aceptan corromperse. Muchos de los afectados con esa campaña, han ido cambiando de actitud, porque anteriormente participaban también en la campaña de estigmatización contra el Movadef y ahora, con la extensión punitiva del derecho penal del enemigo que los ha golpeado con la misma estigmatización de terroristas o proterroristas, han pasado abiertamente: o a rechazar la sentencia del caso Perseo contra el Movadef como una persecución por ideas, o de otros respaldando a Walter Humala Lema cantautor condenado allí, como es el caso de la ex Presidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, u otros terceros, denunciando públicamente que en el Perú la independencia del Poder Judicial ya no existe, como en el caso del presidente de la Asociación de Magistrados del Perú, Dr. Oswaldo Ordóñez Alcántara quien viajó ante la CIDH a presentar precisamente esta denuncia, entre otras, referentes al socavamiento del Estado de Derecho en el Perú.
El pueblo peruano se está poniendo otra vez en pie de lucha. Ha habido múltiples marchas denunciando que ya no hay democracia en el Perú e incluso, en los tres paros de transportistas sucedidos en el 2024 y donde el tercero paralizó totalmente Lima y parte del resto del país exigiendo seguridad ciudadana contra la delincuencia común, en el tercero de estos paros sus dirigentes ingresaron al Parlamento y, expresamente, rechazaron que se apruebe una nueva ley que la ultraderecha peruana pretende y que titulan Ley de terrorismo urbano, denunciando que lo que la ultraderecha en el Estado busca con esta ley es perseguir y abalearlos a ellos y a todos los que protestan contra el neoliberalismo, la explotación y la corrupción en el Perú. Este respaldo había comenzado desde el mismo 2014, cuando se dió el Operativo Perseo, cuando con un gran despliegue policial y militar se detuvo a los principales dirigentes y activistas del Movadef. Pocas voces se levantaron en contra aún, una de ellas fue de IDEELE, una ONG de asesoría jurídica, agencia de noticias y análisis político dirigido por Gustavo Gorriti, que se pronunció contra el operativo Perseo y el juicio instaurado a partir de las acusaciones de la Dircote ¡cuándo no! como una persecución y un juicio por ideas, además de rechazar la intromisión en la independencia de los jueces al desactivar la Sala judicial que presidía el Juez garantista Valladolid Zeta en represalia por haber ordenado la libertad de los detenidos luego de afirmar que no había encontrado delito en los indicios que le mostró la policía y la fiscalía. Sin embargo, dicho respaldo se detuvo a manos del ataque furibundo de la ultraderecha contra ellos. Luego de varios años siguieron los pronunciamientos de 12 personalidades ligados a Ideele en el mismo sentido, entre los que se encontraron la Dra. Gloria Cano, el ex procurador anticorrupción Julio Arbizú y otros juristas e intelectuales de renombre. Ahora ha llegado al grado que hasta periodistas han reconocido en sus columnas que se equivocaron al permitir la estigmatización y violación de derechos constitucionales a los llamados “terroristas” o del Movadef, como es el caso del columnista del diario La República quien el 11 de febrero del 2025 escribió titulando “Nos van apagando las luces” y comienza su denuncia citando a Bertold Brecht “ya no van por otros: vienen por ti. Para entonces es demasiado tarde.”
－Pedro Castillo sigue en la cárcel ¿La gente se da cuenta que el lawfare no nace hoy?
－En la gira que he realizado por un país de América y diversos países de Europa como autor del libro “50 años de derecho penal del enemigo ¿hasta cuándo?” y donde a mi coautor Dr. Alex Puente Cárdenas lo bajaron del avión y le impidieron el viaje conmigo, he denunciado y explicado pacientemente que la persecución contra Pedro Castillo es parte de la segunda etapa de la persecución política en el Perú. Persecución política que comenzó en una primera etapa contra la guerra dirigida por el Partido Comunista del Perú, tildándola de terrorismo, como producto de la aplicación del Derecho Penal del enemigo que las potencias mundiales reunidas en los 70 en Europa concordaron, bajo la dirección del imperialismo norteamericano, en pasar a denominar “terrorismo” a todas las luchas de liberación nacional y social, para arrancarles el aura moral que habían adquirido los comunistas, guerrilleros y subversivos luego de la derrota yanqui en Vietnam, lo cual se puede encontrar en la revista norteamericana Military Review de los años 80 y donde presionaron para que los códigos penales del mundo se ajusten a esa denominación. Hemos insistido que no basta hablar de lawfare, judicialización de la política, o segundo plan Cóndor; sino que es el Derecho penal del enemigo de raigambre nazi como un derecho ajeno al demoliberal el que se está imponiendo en el mundo para negar las propias banderas demoliberales de igualdad, libertad y fraternidad.
