Ante las recientes declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, varias opiniones han surgido y se han generado diversas especulaciones en los ciudadanos, creando confusiones sobre las acciones políticas del Jefe de Estado.
Como portal de análisis al servicio de nuestros lectores y con el compromiso ético profesional que nos caracteriza, acudimos al abogado y licenciado en Letras, Hugo Mijares, quien tiene un post graduado en Educación Superior, es doctor en Derecho Administrativo y Tributario Docente, también es profesor Universitario en Derecho Administrativo y Constitucional y funge como presidente de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (ASONAGA), para que nos ofreciera sus observaciones como experto sobre las manifestaciones de la Fiscal General en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Análisis de la situación
Hugo Mijares nos comenta. Lo primero que observamos es que la ciudadana Fiscal General de la República se permitió dirigir una instancia al Comisionado Presidencial para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y a renglón seguido convocó una rueda de prensa donde se dirigió al país de modo estrictamente personal. Ello a pesar de que la comunicación escrita tenía el logo y cubría los aspectos formales de la Fiscalía; sin embargo, en su declaración en ningún momento dijo taxativamente que esa era la opinión institucional del Ministerio Público. No lo hizo porque, en efecto, jamás convocó a su cuerpo de asesores para expresar esos comentarios que – en mi modesta opinión – son, cuando menos, desafortunados.
Así, dijo, sin más, que “no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”. Ahora bien ¿Quién le dijo a la ciudadana Fiscal que obligatoria y necesariamente, la discusión de un Proyecto de nueva Constitución supone una “transformación del Estado” que ella considera a priori inconveniente cuando ni siquiera sabe en qué consistirá?.
También afirma que dicho proyecto constituyente en lugar de contribuir a la paz “aceleraría la crisis, dado el carácter sectorial o corporativo de representación indirecta que asoma el Decreto dictado (…) y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales.” Es sorprendente, luego, que una funcionaria que se ha caracterizado por su ponderación y seriedad, súbitamente adopte posturas de pitonisa, puesto que cuando brindó esas declaraciones, el ciudadano Presidente aún no había entregado al CNE el proyecto de elaboración de las bases comiciales que soportarán la convocatoria final. Véase, luego, cuán equivocada estaba cuando – al final – se ha propuesto un novedoso mecanismo de doble participación masiva del “pueblo” en la elección de sus constituyentes.
No solo por la base del padrón electoral territorial: esto es, con fundamento al lugar donde vives, sino la oportunidad de postular y apoyar a otro candidato de acuerdo a la función o trabajo que desempeñes en la sociedad. No hay, pues, tal sesgo de discriminación con fundamento en una supuesta elección “indirecta”.
Aunado a ello, la ciudadana Fiscal da por sentado, líneas más adelante, que la eventual reforma o una nueva Constitución le quitará las conquistas al Pueblo ya logradas en la “inmejorable” Constitución de 1999.
Sobre este particular no deja de sorprendernos que una persona revolucionaria no comprenda que la sociedad tiene por principio dinámico su permanente transformación. Si fuera como ella dice, nunca habría habido una Revolución en el mundo y aún viviéramos en la inamovible sociedad cavernaria e inmejorable. Está fuera de toda discusión que la Constitución de 1999 sembró un hito en la historia de Venezuela, pero de allí a que sea inmejorable, es una muy cuestionable especulación personal.
Esto último, de por sí, contribuyó con las fantasías opositoras en el sentido de que el Presidente Maduro, en un acto de soberbia y tiranía, arrebató la soberanía del Pueblo. La Fiscal se hizo eco de las mentiras y cinismos de los voceros de la MUD cuando en la rueda de prensa hizo ver que la “Convocatoria” a la Constituyente tiene visos de inconstitucionalidad porque viola la Carta Magna cuando el Presidente le arrebató al pueblo – donde reside la soberanía – el poder para hacer tal convocatoria.
Nada más alejado de la realidad. El Presidente nunca convocó a ninguna Asamblea Constituyente. Tan sólo, en ejercicio de las facultades que le consagra el art. 348 C.N, tomó la iniciativa para que comenzara el proceso de convocatoria.
Dudas
-¿Para ello es necesario un referéndum consultivo y saber si el “pueblo” quiere la constituyente?
Falso. La Constitución no prevé en ninguna parte ese mecanismo previo para la convocatoria como tampoco lo previó la Constitución de 1960 y sólo por consenso político alcanzado por el Presidente Chávez, las fuerzas partidistas acordaron someter la “reforma” constitucional de 1999 a un referéndum consultivo previo.
-Es que acaso ¿Le fue arrebatado al Pueblo el derecho a pedir la Constituyente?
Absolutamente falso porque se parte de un falso supuesto que merece un análisis breve y concluyente.
El “pueblo” como tal, somos todos, pero no es nadie. El pueblo es solo una noción ideológica o dicho en términos semánticos: un “referente” que no agota las condiciones del signo lingüístico, esto es, no tiene un significante y un significado concreto. Es una simple noción que nos remite a una idea que carece de corporeidad. No es nadie en particular. Siendo así, ¿quién, luego, puede presentarse ante el CNE como “pueblo” para pedir una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Nadie.
Si por ese camino estrictamente lógico vamos, jamás habría la posibilidad de convocar a ninguna constituyente, concluyó.
Daniel Liendo Jiménez
