En vísperas de las elecciones anticipadas en Ecuador, organizadas en un clima de alta tensión por los asesinatos de varios representantes políticos y de un candidato presidencial —el derechista Fernando Villavicencio—, entrevistamos al economista Ricardo Patiño. Nacido en 1954, ocupó varios cargos durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017), presidida por Rafael Correa. Fue Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Defensa. Perseguido por el gobierno de Lenín Moreno, quien le dio la espalda a la Revolución Ciudadana, Patiño se encuentra hoy refugiado en México.
—La Revolución Ciudadana postuló a Luisa González y Andrés Arauz. ¿Cómo se ha preparado su partido para estas elecciones y cuáles han sido los principales obstáculos encontrados?
—La Revolución Ciudadana ha propuesto a dos jóvenes de sólida formación académica, que tuvieron responsabilidades durante los gobiernos de Rafael Correa. Luisa es la única mujer entre los 8 candidatos presentes. Una de las principales complicaciones que hemos tenido que enfrentar, ha sido la guerra mediática desatada contra nosotros en los últimos seis años por la élite ecuatoriana y la gran prensa nacional e internacional. Desde 2017, cuando Moreno ganó la presidencia y traicionó a la Revolución Ciudadana y a su pueblo, se libró una guerra feroz contra nosotros. Nos acusaron de mil falsedades sin la menor prueba; pero las repitieron tantas veces que al final obtuvieron un resultado: al punto de que Moreno ganó el inconstitucional referéndum y la consulta popular de 2018, con lo que reformaron la Constitución y derogaron importantes leyes promulgadas por la Revolución Ciudadana. Lentamente, sin embargo, al no ver aparecer ninguna evidencia de esas acusaciones, la gente comenzó a recuperar la confianza en Rafael Correa y su equipo político. Por otro lado, en estos seis años ha sido tan clara la incapacidad de los gobiernos de Moreno (4 años) y Lasso (2 años); y los resultados de la aplicación del modelo neoliberal han sido tan devastadores, que la comparación con la Revolución Ciudadana ha sido inevitable. No solo la violencia se ha apoderado del país, sino que las condiciones de vida han empeorado. La economía ha entrado en un estancamiento, los servicios públicos son ahora un desastre y todos aquellos sectores en los que habíamos alcanzado un nivel de excelencia y respeto por la ciudadanía, como en la emisión de cédulas y pasaportes, ahora muestran un muy alto nivel de ineficiencia y corrupción. Una comparación que ha ido cambiando la percepción inducida por la campaña mediática y que derivó en el resultado positivo obtenido en las elecciones de alcaldes y prefectos (los que, en otros países, equivalen a gobernadores), en febrero de 2023. Un resultado muy importante para la Revolución Ciudadana. Sin embargo, ha quedado una herida abierta en el sentimiento general, se ha colado la duda y la desconfianza. Además, tuvimos que reconstruir nuestra organización porque, lamentablemente, no solo Moreno nos traicionó, sino también muchos otros funcionarios públicos y militantes. La mayoría se quedó con nosotros, pero muchos se fueron. Y esto ha creado laceraciones. Hemos tenido que lidiar con una alianza nefasta de grupos de poder y de interés que han vuelto a contar, con Moreno y sobre todo con Lasso, y que quieren mantener su posición.
—¿Cuál fue, en resumen, el proyecto de la Revolución Ciudadana, y por qué entró en crisis?
—La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, fue un proyecto de desarrollo nacional, endógeno, soberano, destinado a hacer crecer la economía de forma descentralizada. Un modelo de crecimiento combinado con el bienestar general de la población para construir equidad y con la mayor descentralización posible de los beneficios del desarrollo. Que se fundamenta en la supremacía del ser humano sobre el capital. En el gobierno de Rafael Correa, hubo crecimiento y equidad al mismo tiempo. Se redujo sensiblemente la pobreza y la indigencia, creció el empleo y la estabilidad laboral, aumentaron los salarios reales, mejoró el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud, seguridad social y bienestar, y un largo etcétera. Un modelo que yo definiría como el primer paso de una sociedad socialista. Todos sabemos que construir una sociedad socialista desde el capitalismo es un proceso de largo plazo. El socialismo no se decreta, sino que se construye poco a poco, y uno de los elementos para esa construcción es el desarrollo de las fuerzas productivas, es la construcción de la democracia real, el fortalecimiento de la democracia participativa y el bienestar general. Si en esto no se avanza lo suficiente, no hay forma de construir una sociedad socialista. Para ello, hemos definido nuestro proyecto como Socialismo del siglo XXI, para diferenciarlo del de la Unión Soviética en el siglo pasado. En resumen, el modelo de desarrollo que proponemos se basa en un desarrollo sostenible endógeno, con una visión nacionalista, implica la construcción de una capacidad productiva local, para generar más valor agregado, potenciar la capacidad y el talento humano, la construcción de infraestructura, capacidad energética, ciencia y tecnología; indispensables para la construcción de un país desarrollado, que tenga la capacidad de competir en el futuro, esto es, que sea sostenible. Para esto, creamos dos universidades de ciencia y tecnología, Yachay e Ikiam. Este es el modelo de desarrollo que hemos impulsado y que se consolidó durante los años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde la traición de Moreno, muchas de estas conquistas se han perdido. El modelo neoliberal no se preocupa por el bienestar de la población. Por otro lado, éramos conscientes de que nuestro modelo económico, que implica el desarrollo de un pequeño país sudamericano como Ecuador, era muy difícil de implementar si no nos integrábamos regionalmente. Hemos vivido en un mundo dominado por el modelo monopólico de Estados Unidos, acompañado de la Unión Europea y Japón, cuyo poder, en la última década, ha sido desafiado por el poder económico de China y el poder militar de Rusia y otras condiciones internacionales. Era muy poco probable que el país pudiera desarrollarse endógenamente sobre un territorio de 256.000 kilómetros cuadrados y una población actual de 18 millones de habitantes. Ello requería y exige la inserción en un proceso de integración sudamericano, latinoamericano y caribeño que permita consolidar un proyecto nacional autónomo. Junto a otras naciones construimos, pues, el ALBA, UNASUR y CELAC. En términos autocríticos, puedo decir que nuestro proyecto debió haber respondido a la traición de Moreno de otra manera; que, durante la década ganada, mientras trabajábamos en construir mayor capacidad productiva e infraestructura y ampliar derechos, debimos fortalecer mucho más nuestra organización política y promover más la organización social y la economía popular y solidaria. Ahí tuvimos carencias, nuestro proyecto descuidó el tema organizativo, tanto político como social. También deberíamos haber hecho más a nivel ideológico. Es muy difícil que una sociedad avance hacia la construcción de un nuevo modelo igualitario, socialista, si no existe una conciencia real en la población. Estos son puntos débiles que debemos reconocer autocríticamente y corregirlos.
—Muchas figuras públicas de la Revolución Ciudadana han sido perseguidos mediante la práctica del lawfare, el uso del poder judicial con fines políticos. ¿Cómo comenzó tal mecanismo y cuánto pesa hoy?
—El lawfare, el uso del sistema judicial para atacar a ciertos sectores políticos de izquierda y progresistas, aparece hoy como una práctica generalizada en América Latina, una estrategia implementada por el imperialismo, pero aplicada con diligencia por las élites latinoamericanas. En Ecuador se ha utilizado de manera sistemática desde el inicio de la presidencia de Moreno, en mayo de 2017. Para agosto, Moreno ya había comenzado a repartir el poder a los sectores más corruptos de gobiernos anteriores. El vicepresidente, Jorge Glas, había manifestado su disconformidad, denunciando la entrega del sector eléctrico, hospitales, instituciones públicas a ladrones de cuello blanco a cambio de apoyo político. Entonces, Moreno usó los medios de comunicación y el sistema judicial para atacar a Jorge Glas quien, en octubre de 2017, fue encarcelado con varias artimañas, y permaneció preso cinco años y cuatro meses, injustamente, mientras tres personajes se sucedían en la vicepresidencia, uno más incompetente que el otro. Luego, entregaron a Julian Assange, reabrieron la puerta a los militares estadounidenses permitiéndoles usar el aeropuerto de Galápagos y casi lograron que instalen una base militar, prohibida por la Constitución. La consulta popular convocada a principios de 2018 fue inconstitucional, pero la ganaron y eso les permitió apoderarse de prácticamente todos los órganos del Estado y consolidar el lawfare. Entonces, primero nos quitaron nuestro partido, luego nos impidieron formar otro, persiguiendo a personas e instituciones políticas. En 2019 pudimos participar en las elecciones locales apoyándonos en otro partido y casi en forma clandestina, porque cada vez que nos acercábamos a un partido lo cancelaban o le cambiaban la directiva. Lo que hicieron contra el presidente Correa no tiene precedentes. Primero inventaron su supuesta participación en un secuestro y lo condenaron, luego lo acusaron de exigir dinero a cambio de contratos. Al no poder probar nada de esto, inventaron el delito de «influencia psíquica». Para evitar que se presentara como candidato a las elecciones de 2021, dado que aún no había concluido el juicio por supuestos sobornos y su defensa acababa de presentar un recurso de Casación, resolvieron en apenas 17 días un proceso judicial que suele demorar años. Negaron la apelación tres días antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas, por lo que Rafael no pudo postular a la vicepresidencia. Y lo han hecho con muchas otras personas. El que no iba a la cárcel tenía que salir del país. La dirección histórica de Revolución Ciudadana lleva seis años fuera del país. En mi caso, emitieron boleta de prisión provisional por un discurso en una reunión interna de nuestra organización en el que hice un llamado a la militancia para acompañar a nuestro pueblo, sin usar la violencia, en la defensa de sus derechos. Recibí asilo político de México, como Rafael Correa de Bélgica, porque reconocen nuestra condición de perseguidos políticos.
—¿En qué se diferenciaría la política de seguridad de la Revolución Ciudadana de la derecha o del “modelo Bukele” que encuentra muchos adeptos en América Latina?
—La política de seguridad de Rafael Correa se basó en una visión integral, que ha dado excelentes resultados sobre la delincuencia y la violencia existente en gobiernos anteriores. Antes de la Revolución Ciudadana, la tasa de homicidios era de 18 personas por cada 100.000 habitantes por años. Con nosotros ese nivel bajó a una tasa de 5,5. Con Moreno y luego con Lasso estamos ahora en 32 homicidios por cada cien mil habitantes. La Revolución Ciudadana ideó una política integral para resolver problemas a nivel estructural y comunitario. Para comenzar, creó un ministerio especialmente ocupado de coordinar la seguridad ciudadana, que fue suprimido por Moreno y Lasso. Se dotó a la policía de armas, vehículos, comunicación y cuarteles adecuados, que antes no existían. Se crearon unidades de vigilancia en los barrios, integradas por dirigentes barriales y la policía comunitaria. Se creó un complejo sistema de vigilancia y atención ante delitos y emergencias (ECU-911) con participación coordinada de representantes de la policía, las fuerzas armadas, organismos de inteligencia, gestión de Riesgos, ministerio de Salud, los bomberos. Contaba con una infraestructura y tecnología avanzada en donde se recolectaba información de cámaras instaladas en todo el país, para proteger a la población. Se hicieron reformas judiciales para evitar que los delincuentes detenidos salieran en libertad a las pocas horas por colusión con los jueces y fiscales. Para dar atención a los temas judiciales se creó el ministerio de Justicia, organismo que también tenía a su cargo la política penitenciaria; con lo que se redujo sensiblemente la sobrepoblación y hacinamiento carcelario y se avanzó en la política de rehabilitación de los privados de libertad. Todos esos avances fueron desmantelados en estos últimos seis años.
