El diputado y dirigente social habló del proyecto aprobado en primer debate por la AN
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y abrió las consultas necesarias para llevar el proyecto a segundo debate. El presidente de la Comisión Especial que está realizando este trabajo, Rigel Sergent, resaltó la importancia de los aportes que pueda dar el poder popular para perfeccionar la propuesta.
—¿Por qué se hizo necesario modificar esta ley?
—Esta iniciativa no surge directamente de la AN; sino que es fruto del encuentro del presidente Nicolás Maduro con los trabajadores y las trabajadoras, el 1° de mayo, y específicamente de la Central Bolivariana Socialista, que le hizo un conjunto de propuestas políticas integrales. Uno de los puntos es el relativo a garantizar un mayor acceso a la vivienda y para ello solicitan tener presencia en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Ese aspecto requiere de una reforma en la normativa, que es la ley marco en la materia. El presidente se comprometió con los trabajadores y de allí surge el mandato de esta reforma.
—Desde fuera se tiene la idea de que la Gran Misión Vivienda Venezuela es la política de vivienda del gobierno, pero hay sectores de la población que no quedan cubiertos por ella. ¿Es a esos sectores a los que se dirige la reforma?
—En mi experiencia como luchador social por el derecho a la vivienda he comprobado que la política de hábitat y vivienda en un gobierno socialista deber tener varios componentes. No se trata solo de construir nuevas viviendas. Hay que hacerlo, pero si no se gestiona el acceso al suelo urbano, la política quedará incompleta. Hay que reconocer, primero que nada, que el gran constructor es el pueblo. Antes de la GMVV, las ONG decían que 70% de las viviendas las había construido la gente por su propia iniciativa; 20%, el Estado y sólo 10% el sector privado. Hay que reconocerle a la gente lo que hizo con su propio esfuerzo y en las peores condiciones. Hay que dar ese reconocimiento y trabajar en conjunto para mejorar ese hábitat, que tengan servicios o que concluyan las que están construidas a medias. También debemos procurar que quienes tienen una vivienda, pero no bajo su propiedad privada, no la vayan a perder. Allí entran los inquilinos y los trabajadores residenciales. El tercer componente es la política de construcción.
—¿Qué plantea la ley en ese sentido?
—Es muy amplia, tiene 112 artículos agrupados en 9 títulos, y abarca todas las aristas del tema de la vivienda. Un aspecto importante es que no se trata solamente de abordar el problema del financiamiento de la vivienda. Hay que poner en perspectiva la vivienda como derecho, no como negocio y mercancía. A pesar de esa extensión, es posible que debamos acometer también los ajustes a otras leyes del sector, como la que regula la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos, que fue una propuesta de los comités de tierras urbanas, a principio de la Revolución. También está la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, de 2012, que permite el acceso a la tierra ociosa y ha sido fundamental para la GMVV.
—¿Cómo queda el sistema de ahorro habitacional? porque con la degradación de los salarios y otros efectos de la guerra híbrida a la que hemos sido sometidos, parece que ya no funciona.
—Si nos vamos a la historia de las políticas habitacionales, venimos del Banco Obrero, que construyó muchas viviendas; luego pasó a ser el Instituto Nacional de la Vivienda, que redujo la cantidad de viviendas fabricadas y al final, la IV República le entregó toda la responsabilidad al sector privado, lo que significó la desaparición de la política de vivienda. Sólo los que podían acceder al crédito tenían acceso a la vivienda. Desde la llegada del comandante Chávez se quiso impulsar la construcción por distintas vías. En algún momento se aplicó el llamado Programa ocho, que permitía a la gente solicitar créditos hasta cierto monto; pero lo que eso hizo fue subir el precio de las viviendas. Por mucho tiempo, ese mecanismo de política habitacional tuvo el impulso de los subsidios estatales, pero eso vino mermando por la situación de bloqueo que vivimos. La GMVV ha dado respuesta a esa merma de los recursos. Ella garantiza que la gente pueda tener acceso a la vivienda, pero cuando está organizada, principalmente en asambleas de viviendo—venezolanos, en los distintos órganos de base del Poder Popular. Ahora, con la reforma de la ley tenemos la oportunidad de conseguir fórmulas para que ingresen más recursos. Ha surgido un tema muy válido: cómo potenciar las cajas de ahorro para que la clase trabajadora organizada pueda tener acceso, ya sea al mercado secundario o para la rehabilitación de sus viviendas.
—¿El aspecto del régimen de propiedad o de tenencia de las viviendas de la GMVV está contemplado en esta reforma?
—No. A nosotros nos han llegado informaciones de gente que fue beneficiada con una vivienda de la GMVV y luego, por necesidad real o por lo que sea, la vendió. Es una realidad que estas viviendas se están mercantilizando y no debería ocurrir. Es preocupante, aunque no se la norma general. El Ministerio de Vivienda ha tomado medidas para impedir esto, pero sigue pasando. Entendemos que una persona puede escoger otro rumbo y tiene la libertad de no seguir en un determinado urbanismo. Pero lo que no debe ocurrir es que la vivienda sea vendida. Hay que buscar la manera de que el Estado pueda recuperarla, que tenga la preferencia para readquirirla y, una vez que la tiene de nuevo en su poder, ver a quién se la asigna. Eso no debería dejarse sólo al Estado, sino que debe hacerse en consulta con la comunidad.
—Aquí confluye el problema de la corrupción. Es vox pópuli que algunos funcionarios tienen una especie de “agencia inmobiliaria personal” y ofrecen las viviendas con precios en dólares.
—A mí me llegan muchas denuncias, especialmente en los grupos del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas que me dicen que en las redes sociales están vendiendo públicamente apartamentos y casas de la GMVV, y me preguntan cómo es que a ellos no les terminan de asignar una vivienda. Conozco casos de funcionarios que han sido destituidos y algunos que están privados de libertad por eso. Pero parece que no es suficiente o no hay capacidad para supervisar todos los ámbitos. La mejor forma de evitar que eso pase es la participación. Si la asignación de las viviendas es pública y con participación, se evita que se hagan estás cosas por debajo de la mesa. La mayor fórmula de la contraloría social es la participación popular.
