A causa del bloqueo, datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP nos muestran que PDVSA produjo 2,072 millones de barriles por día (bpd) en 2017, frente a los 2,373 millones bpd de 2016, lo que representó la pérdida de casi 300.000 bpd, pero a su vez una declinación de casi 800 mil barriles día en comparación con el cierre de 2015
La memoria de cuando en cuando se vuelve frágil ante lo inmediato. La coyuntura de la cotidianidad la impacta y, a veces, superpone otras cosas que, sin dejar de ser importantes; pueden llegar a tapar o hacer olvidar cuestiones que son claves para explicar una situación determinada o un posible escenario futuro.
Con una naturalidad que trata de jugar con este tema, el olvido, algunos actores políticos opositores plantean nuevas aventuras y atajos a las fórmulas de la democracia y la Constitución, tratando de justificar sus actos bajo una nueva promesa de falsas ilusiones a sus seguidores, muy parecidas a maniobras recientes básicamente derrotadas, tanto por el pueblo venezolano en general, así como por el sistema político.
El mejor combate a esa pretensión de hacer volver escenarios de violencia, de generar una guerra entre hermanos y procurar que el país transite caminos de muerte y atraso propios de las aventuras que se han ejecutado contra la República Bolivariana de Venezuela en esta última década; es volver a la memoria y traer algunos elementos de contexto y puntuales de algunos hitos de semejantes maniobras.
Más, cuando el extremismo opositor procura aprovechar momentos electorales para tratar de colar elementos que luego se convierten en factores de implosión violenta del sistema político, como ya lo hicieron en 2015, ahora recargados al punto de tratar en varias oportunidades de atentar contra la vida del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Por supuesto, este apelar a la memoria no tiene mayor propósito sino hacer ver la necesidad legítima y legal, política y jurídica, que tiene el Estado venezolano y el sistema político en general para implementar las acciones a lugar en pro de garantizar la paz nacional y la estabilidad, ambas relativas por las complejidades que tenemos como Nación y que la realidad también nos muestra, pero que se vuelve esencial para avanzar en procesos de recuperación futura, ya que pensar que en guerra o conflicto existencial una nación puede avanzar, es poco menos que una ingenuidad.
Quien quiera que pretenda afirmar que los grandes desafíos que aún tenemos en materia de cotidianidad, aunque se visualizan buenos números de estabilidad y crecimiento económico, no precisan un clima de paz y estabilidad nacional, básicamente está mintiendo.
Con el fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, tanto en Washington como en el sector más extremista de la oposición, se conjugó la idea del derrocamiento, aniquilamiento y aplastamiento del chavismo como comunidad política y, por ende, desmontar por vía de fuerza el sistema político construido democráticamente a partir de 1999.
Esta determinación pasó abiertamente por desconocer el resultado electoral del 14 de abril de 2013, sin prueba alguna que pudiera demostrar la existencia de un fraude electoral, cuestión muy acostumbrada en la irresponsabilidad opositora, en aquel momento unida bajo ese propósito insurreccional y marcando el primer hito de desconocimiento del sistema político venezolano como un todo.
Bajo la muy romántica retórica de “lucha democrática”, en realidad esta fase buscaba, no precisamente una transición a la democracia como en Polonia y Chile, sino una transición a una dictadura salvaje que hiciera volar por los aires la constitución de 1999. Asemejándolo al proceso político chileno, no procuraban precisamente salir de Pinochet sino que andaban llenando las calles de violencia y muerte, buscando conseguir un Pinochet tropicalizado que les hiciera el trabajo de borrar al chavismo.
Eso implicó rehacer una nueva fase de conflicto político existencial, encabezado por los sectores más extremistas de la oposición, algunos de ellos hoy tratando de ofrecer al país una demencial “Salida III”. Un 2013 que sumaba la agresión sistemática a varias sedes regionales y municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el asesinato selectivo de seres humanos que formaban parte de un pueblo movilizado rechazando esta acción, o seres humanos que no militaban en ninguna comunidad política y encontraron la muerte en terribles circunstancias.
Esta terapia de shock política, terminó siendo derrotada en la elección municipal del 8 de diciembre; donde el Gran Polo Patriótico obtendría 256 alcaldías por 81 de la entonces Mesa de Unidad Democrática. Sin embargo, ya la ayuda de la élite de poder en EEUU iba en camino para estructurar, con el ensayo de abril de 2013, una aventura más estructurada.
El 23 de enero de 2014, y acompañado de todo un andamiaje legal aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU, los dirigentes Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado se lanzaron a la aventura de “La Salida I” que inauguraron haciendo todo tipo de desastres en las adyacencias de la Fiscalía General de la República, el día del Bicentenario de la Batalla de la Victoria (12 de febrero de 1814), con las típicas fórmulas de las llamadas “revoluciones de colores”, de factura estadounidense.
Por cierto, y no por casualidad, al tiempo que ocurría esta etapa de violencia en Venezuela; lo mismo pasaba en Ucrania donde finalmente lograron derrocar al gobierno y disponer todo ese sistema político al servicio de los intereses de EEUU y Europa Occidental, cuya consecuencia principal es tener a Ucrania en una demencial guerra provocada, y a sus “aliados” tratando de evadir sus responsabilidades por ello.
Resultaron 43 venezolanos y venezolanas asesinados en esta vorágine violenta, donde incluso supo emerger un fascismo solapado en varias expresiones de este método insurreccional como colocación de guayas, persecución de seres humanos, guarimbas, todo este panorama vulneró los derechos al libre tránsito y al trabajo
El andamiaje legal aprobado en diciembre de 2014 sirvió para arrancar todo el proceso paralelo de sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, que irá creciendo en terreno e intensidad en la misma medida que nuevas demencias políticas eran ejecutadas.
En la búsqueda enfermiza de su Pinochet versión 11 de septiembre de 1973, la oposición ve desgastada su táctica. Sin embargo, el daño estructural a todo el contexto nacional, su economía y sociedad inmersa en una guerra de baja intensidad y los primeros signos de un nuevo hito de crisis de rentismo petrolero les da una ventana de oportunidad que aprovecharán el 6 de diciembre de 2015, no precisamente para objetivos democráticos, sino para sostener su lógica insurreccional.
Como el hecho más grave de aquel año, estará la espada de Damocles dispuesta el 8 de marzo de 2015, cuando el entonces Presidente de EEUU, Barack Obama, emite la Orden Ejecutiva Nº 13.692 que declara a la República Bolivariana de Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país”.
Todo esto será el abre puertas de una nueva aventura.
La victoria electoral de la oposición, para tener mayoría en la Asamblea Nacional lejos de convertirla en una opción democrática de gobierno y de poder, reaviva las esperanzas insurreccionales con un componente fascista mucho más vehemente y presente en 2016.
La oposición utilizará a la Asamblea Nacional como dispositivo institucional de la V República para procurar su derrocamiento, utilizando a la misma como zapador ejerciendo todo tipo de acciones y declaraciones propias de una lógica existencial donde hasta le pusieron fin, en seis meses, al ejercicio del poder por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros.
Tal era la determinación nacional e internacional de promover una nueva fórmula insurreccional que la búsqueda de un referéndum revocatorio presidencial no fue más que una maniobra distractora, saboteada a lo interno de la propia oposición para anular este proceso. Firmas forjadas y ciudadanos reclamando la suplantación de sus identidades terminaron por anular el proceso de recolección de firmas en varios estados, como era lógico esperar, dejando el campo abierto a una nueva aventura.
Con la Asamblea Nacional secuestrada y declarada en rebelión contra el gobierno y el sistema político de 1999, que básicamente usó sus herramientas para defenderse de esta agresión no sólo planificada sino gritada a los cuatro vientos, la Salida II de 2017 fue una recargada revolución de colores que pretendió generar un estado de guerra total en Venezuela, o cuando menos la aparición de ese Pinochet tan anhelado por el extremismo opositor.
Para ello, tanto EEUU como la oposición lograron hacerse del Ministerio Público, cuya máxima autoridad se puso al lado de quienes protagonizaron esta nueva andanada insurreccional bajo el pretexto de protestar en contra del Tribunal Supremo de Justicia.
Esta oleada de violencia muy superior a la de 2014 culminó en 134 días con la muerte de más de 160 venezolanos en medio de un accionar irracional que incluía el asesinato de gente inocente que sólo iba a trabajar, sin formar parte de ningún partido o movimiento político, quema de seres humanos en varias calles de Venezuela, ataques a preescolares, instituciones universitarias, hospitales, transporte público y un sin número de hechos de violencia que culminarían con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, para edificar la paz, por parte del Jefe de Estado Nicolás Maduro, el 1º de mayo de 2017.
Intento de reeditar una Salida III, una fórmula de intervención militar generando una cabeza de playa en el occidente del país bajo el cuento de la entrega de una supuesta “ayuda humanitaria”, la cesación unilateral de compra de petróleo por parte de EEUU a Venezuela y el bloqueo total a PDVSA y a la Nación, son apenas parte de una orgía de maniobras que tuvieron a su vez hitos tácticos
Más de 8 millones 500 mil votantes, el 30 de julio de ese año participarían en un proceso electoral donde los equipos del Consejo Nacional Electoral y del Plan República llevado a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron atacados y hostigados al punto de tener que nuclearse varios centros de votación, siendo uno de los más relevantes el ubicado en el Poliedro de Caracas.
También destacó el pueblo de Palo Gordo, en el Estado Táchira, quienes desafiando a violentos y paramilitares cruzaron río y montaña para ejercer su derecho al voto. Una muestra de la voluntad de batalla del pueblo venezolano en defensa de su derecho a la paz, la democracia y la soberanía nacional.
A todo esto, los primeros y severos efectos de la declaración de Venezuela como amenaza a la seguridad nacional de EEUU, declarada en 2015, así como el contexto de una nueva etapa de violencia en el país, agravando la situación de dificultades económicas y sociales aún más; se encargan de engranar una guerra multiforme en todo su esplendor.
Para recordar, el 2017 será de inicio del desplome sostenido de la producción de petróleo para Venezuela que, entre otros factores, coincide con la imposición de sanciones financieras contra el país por parte del Departamento del Tesoro de los EEUU a través de una Orden Ejecutiva suscrita el 25 de agosto de ese año, mediante la cual quedan prohibidas las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA. Datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP nos muestran que PDVSA produjo 2,072 millones de barriles por día (bpd) en 2017, frente a los 2,373 millones bpd de 2016, lo que representó la pérdida de casi 300.000 bpd, pero a su vez una declinación de casi 800 mil barriles día en comparación con el cierre de 2015.
La guerra a la estatal petrolera tomaba nueva escalada con el Gobierno de Donald Trump a la cabeza y un nuevo hito que posiciona a nuevos niveles la locura y cuya muestra es el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro el 4 de agosto de 2018.
La aprobación por una Asamblea Nacional en insurrección de un estatuto de transición en enero de 2019 básicamente derogó de facto la Constitución de 1999. La autoproclamación de Juan Guaidó como falso presidente bajo instrucción y cobijo de la Casa Blanca fue el complemento de semejante demencia.
Intento de reeditar una Salida III, una fórmula de intervención militar generando una cabeza de playa en el occidente del país bajo el cuento de la entrega de una supuesta “ayuda humanitaria”, la cesación unilateral de compra de petróleo por parte de EEUU a Venezuela y el bloqueo total a PDVSA y a la Nación, son apenas parte de una orgía de maniobras que tuvieron a su vez hitos tácticos.
El sabotaje eléctrico de marzo de 2019; la Batalla de los Puentes, el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 y la operación Gedeón de 2020, fueron todas experiencias fallidas derrotadas una a una; gracias a la unión del pueblo venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la institucionalidad democrática encabezada por el liderazgo del Presidente Maduro.
Pequeños recordatorios de una etapa cuyas facturas hacia la oposición veremos el venidero 28 de julio, ya que sería ingenuo creer que el pueblo venezolano no les tiene precisado un castigo en votos por cada maniobra derrotada por una Nación libre, democrática, autodeterminada e independiente, que hará lo necesario por preservar, en este 2024, la paz nacional.
