La cuestión mapuche atraviesa a la izquierda, especialmente a las organizaciones populares, pero también a componentes del gobierno, y tendrá su peso en las elecciones municipales
En este 2024, Chile también organiza un proceso electoral municipal y regional de cara a las elecciones del 27 de octubre (con posible segunda vuelta de gobernadores, el 24 de noviembre). Los partidos políticos que decidan organizar elecciones primarias el próximo 9 de junio (con voto voluntario, mientras que el de octubre será obligatorio), tienen hasta el 10 de abril para formalizarlo, e iniciar su campaña.
Más que las elecciones regionales, las que tendrán lugar en los 345 municipios del país, con sus respectivos consejos municipales, y por primera vez con voto obligatorio, se consideran una prueba de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año: no sólo porque permiten una instantánea de las fuerzas en el terreno y posibles alianzas, sino también porque, en los territorios, las ideas alternativas tienen mayor representación y posibilidad que en la política nacional, aún bloqueada por los mecanismos impuestos por la pasada dictadura.
En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2021 tras un aplazamiento por la pandemia, la derrota de los conservadores precedió a la de las presidenciales, a las que llegaron con la popularidad del expresidente Sebastián Piñera en mínimos históricos. Ahora, si se cree en la «costumbre» de la alternancia, la derecha espera derrotar al gobierno de Gabriel Boric, incluso si puede volver una candidata como la ex presidenta Michelle Bachelet, lista para encabezar la anunciada gran alianza, propuesta por Boric, de los democristianos al Partido Comunista. Por tanto, será fundamental para la izquierda mantener la mayoría de los municipios. En cuanto al marco general, muy poco ha cambiado.
En el “primer laboratorio mundial del neoliberalismo”, se intentó dos veces en cuatro años renovar la Constitución impuesta por Pinochet, pero sin éxito. La última, el 17 de diciembre de 2023, cuando con más de 55% de los votos frente a 44%, ganó el No en el referéndum sobre un texto que, sin embargo, tras ocho meses de disputa política, era un pálido reflejo de la voluntad expresada por más del 80% de la población, que había pedido un cambio durante las protestas de 2019.
Un texto que, según diversos analistas, se había convertido en un escrito «profundamente neoliberal» al dejar sin respuesta la reforma de los sistemas de salud, educación y pensiones, firmemente privatizados como el resto del país. Habían desaparecido las referencias a los pueblos originarios, principalmente el mapuche, y se incluyeron trampas para la cancelación total del derecho al aborto.
Como se recordará, de las manifestaciones populares de 2019 surgieron jóvenes representantes como Camila Vallejo, del Partido Comunista, y el más moderado, Gabriel Boric, quien se convertiría en diciembre de 2021 en el presidente más joven de la historia de Chile, y con el perfil más izquierdista desde los tiempos de Allende, derrocado por un golpe militar el 11 de septiembre de 1973.
En 2020, la gran mayoría de los chilenos expresaron en un referéndum su deseo de archivar la Constitución de Pinochet, que permaneció esencialmente intacta a pesar de los cambios posteriores ocurridos. Y, en 2021, se eligió la Convención Constitucional, integrada por 155 personas, la mitad de ellas mujeres. El texto que surgió en 2022 era muy avanzado pero, también por eso, la derecha orquestó una campaña de terror, evocando los nervios sensibles de la sociedad chilena, comenzando por la cuestión de los mapuches.
El proyecto fue rechazado por el 62% de los votantes. Luego, Boric respaldó una comisión de expertos propuesta por el parlamento, encargada de redactar un nuevo texto, que luego sería modificado por un Consejo Constitucional de 50 personas, elegido en mayo de 2023. Unas elecciones en las que, sin embargo, resultó mayoritario el Partido Republicano (de extrema derecha), de José Antonio Kast, que obtuvo casi el 35 por ciento de los votos y 33 escaños de 50, mucho más de la mitad. Junto a los 11 representantes de Chile Vamos (la derecha tradicional), los republicanos ignoraron a los 17 representantes de centroizquierda y procedieron a modificar a su antojo la Constitución redactada por los expertos, cambiando completamente su rumbo.
Se trataba de evitar el fantasma de la «democracia participativa y protagónica» que animó el debate en Venezuela durante el proceso constituyente hacia la Carta Magna de 1999, y que inspiró las demás constituciones, aprobadas posteriormente en otros países latinoamericanos de orientación socialista: Bolivia y Ecuador, que ofrecen a los pueblos originarios amplio reconocimiento, espacios de gestión y defensa de sus tradiciones.
En 2021, de hecho, causó un gran revuelo el nombramiento de Elisa Loncón, académica chilena de la etnia mapuche y activista por los derechos de los pueblos indígenas, como presidenta de la Convención Constitucional. Un organismo que preveía escaños reservados para representantes de los pueblos originarios y establecía el principio de Estado Plurinacional.
Los mapuches chilenos se enfrentaron a los colonizadores españoles desde 1535 y atravesaron varias etapas de exterminio (incluida la de la dictadura de Pinochet). Hoy, de un total de 19,7 millones de chilenos, los mapuches superan los casi 1,8 millones, seguidos por los aymaras (156.000 personas) y los diaguitas (88.000 personas). Se trata de la mayor población nativa del país, el 20% de la cual vive en la Araucanía, en el sur de Chile.
Una zona mayoritariamente agrícola y llena de bosques entre el Pacífico y la cordillera, una de las más pobres del país. La palabra mapu significa tierra, y los mapuches se consideran el «pueblo de la tierra», cuya posesión continuaron reclamando con fuerza incluso después del fin de la dictadura, chocando con las empresas forestales que privatizaban la tierra y con las políticas extractivistas que la siguen devastando.
Durante el gobierno de Allende se abrieron las puertas al diálogo y el lanzamiento de una reforma agraria que preveía la restitución de parte de las tierras robadas a lo largo de los siglos (en 1803 los mapuches poseían cinco millones de hectáreas, en 1927 tenían menos de 500.000). La reforma fue cancelada por la dictadura de Pinochet (1973-1990), que instituyó generosos financiamientos e incentivos para que las empresas forestales se establecieran en la región.
El régimen militar también cobró víctimas en la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía. El juicio por los crímenes de la operación Cóndor ─la estructura clandestina con la que las dictaduras del Cono sur eliminaban a sus opositores─, que también tuvo su capítulo en Italia, mostró cómo en un centro de tortura de Temuco fue eliminado, entre muchos, también un ciudadano de origen italiano. Su nombre era Omar Venturelli, un sacerdote suspendido a divinis por haber participado en la ocupación de las tierras por parte de los mapuches.
Primero, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y luego con el de Boric, los mapuches han reiterado sus razones, chocando tanto con sus diferencias internas como con una maraña de intereses que influye fuertemente en las decisiones de los gobiernos, y empuja a los componentes más radicales hacia la acción directa. La Araucanía es uno de los territorios más militarizados. Y ahora, tras el asesinato de tres carabineros, el Senado aprobó una nueva ley antiterrorista.
En 1993, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), vinculada al Ministerio de Desarrollo, estableció un sistema de restitución que permite al Estado recomprar tierras privadas para redistribuirlas entre las familias nativas que las soliciten. Sin embargo, han surgido problemas respecto a la gestión comunitaria propuesta por las organizaciones mapuches, que se oponen a una administración privada y poco transparente del predio. Además, hasta ahora el Estado sólo ha recomprado 215.000 hectáreas de tierra.
Mientras tanto, en el contexto de las crecientes desigualdades presentes en Chile, que han llevado a un gran paro en abril, los ataques contra manifestantes mapuches se han multiplicado. Una situación que choca ante la ostentosa impunidad de la que goza el aparato represivo. El director de Carabineros, general Yáñez, debía comparecer ante el tribunal el 8 de mayo para responder por violaciones a los derechos humanos, acusación que implicaban su renuncia, pero la audiencia fue pospuesta para el 1 de octubre. A esto se suma la impunidad por las violaciones de derechos humanos ocurridas en 2019 contra manifestantes que protestaban contra las enormes desigualdades existentes en Chile.
En el juicio contra el mapuche Héctor LLaitul, líder de la organización indígena Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el fiscal pidió en cambio penas severas: 25 años de prisión por presuntos delitos y violencia, robo de madera y agresiones, cometidos entre 2020 y 2022. El fallo se espera para el 7 de mayo y dará material para otros juicios contra Llitul. Una sentencia solicitada con base en la Ley de Seguridad del Estado, que se remonta a la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que ahora goza de una nueva «actualización».
Lo respaldan un número impresionante de intercepciones telefónicas e imágenes «capturadas»: Llaitul fue seguido diariamente durante 25 años. Una lógica de seguridad que llena los expedientes judiciales con las declaraciones de carabineros o fuerzas de seguridad, que tienen a la CAM en la mira.
Se trata de una organización radical, fundada en 1997, que pide la restitución de las tierras de los indígenas y se enfrenta a las empresas forestales mediante la acción directa, pero excluye el asesinato. En un libro de 2003, titulado “Chem ka rakiduam. Pensamiento y acción de la Cam”, y dedicado a la memoria de cuatro militantes asesinados (Alex Lemún, Matías Catrileo, Marco Paillacoi, Pablo «Toño» Marchant), la Coordinadora Arauco Mallec expone su análisis y su programa “autonomista”.
El eje central sigue siendo la lucha contra «la usurpación del territorio ancestral» y la militarización del territorio, y la denuncia de la «izquierda neoliberal» que gobernó en Chile. En cuanto al gobierno de Boric, «que no supo proponer una alternativa real para el pueblo mapuche», para la CAM representa «la gestión institucional del descontento popular y comunitario; y desmovilizó la protesta social y territorial, limitándola a los confines de la democracia burguesa«.
Llaitul fue detenido en agosto de 2020 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario del Biobío, a unos 500 kilómetros de la capital chilena, Santiago. A principios de año y durante tres meses, junto con otros 11 mapuches, Llaitul inició una larga huelga de hambre, que llevó a 3 de ellos al borde de la muerte.
Pidieron que se anulara la sentencia que había condenado a algunos de ellos a más de 15 años «sin ninguna garantía de un juicio justo». Recordaron el asesinato de uno de sus compañeros a manos de carabineros ─Pablo Marchant, conocido como Toño─ el 9 de julio de 2021. Recordaron también las declaraciones del actual presidente Gabriel Boric, entonces diputado y candidato presidencial, quien había dicho: «El caso es serio. Las forestales son parte del problema«. La entonces directora de campaña de Boric, ahora diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, había pedido a su vez: «¡Justicia para Pablo!«.
Sin embargo, dos meses después ─denunciaron los mapuches─, Boric, junto con su coalición del Frente Amplio, «y con la abstención cómplice del Partido Comunista» había acordado extender hasta 2030 los generosos subsidios estatales a las empresas forestales y a los terratenientes. para permitirles «seguir saqueando y expoliando el territorio, mientras nuestro pueblo, las comunidades, registran los mayores niveles de pobreza y marginación, principalmente por la falta de tierras«.
Si bien el tema de la recuperación de tierras es fundamental, tanto desde el punto de vista concreto como simbólico, entre los mapuches que viven en la capital y en las zonas urbanas circundantes (más de un tercio del total), existen visiones diferentes, debido a diferentes afiliaciones sociales. A pesar del racismo que caracteriza a la sociedad chilena, que refleja el legado colonial, los mapuches tienen sus propias élites sociales e intelectuales.
Sin embargo, la cuestión mapuche atraviesa a la izquierda, especialmente a las organizaciones populares, pero también a componentes del gobierno, y tendrá su peso en las elecciones municipales. Boric, en junio del año pasado, en el día dedicado a los pueblos originarios, lanzó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, integrada por figuras de derecha, centroizquierda y activistas mapuches. En estos días la Comisión se ha reunido por la cuarta vez en la Araucanía.
