El narcogobierno de Iván Duque tiembla ante la presión del pueblo colombiano, que lleva más de diez días desafiando los balazos policiales. El hashtag «#SOS ¡Basta Duque! No más represión”; inunda las redes sociales. La represión, bautizada por el expresidente Álvaro Uribe con un twitter de incitación a la masacre, ya ha provocado una treintena de muertos, un centenar de desaparecidos y unos mil heridos. También son numerosas las violaciones sexuales contra manifestantes principalmente muy jóvenes, que denuncian el robo del futuro en el país más desigual de América Latina. “Nos están matando”, denuncian esos jóvenes en otro hashtag que está llegando a los medios de comunicación y a todas las grandes instituciones internacionales.
Y comienzan a hacerse sentir las respuestas, así como los silencios cómplices de quienes, como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, siempre están comprometidos a conspirar contra Venezuela y Cuba y evitar la victoria de gobiernos no bienvenidos por Washington en la región. Sin embargo, llegaron las «preocupaciones» de la ONU, la UE y también de Amnistía Internacional; que apoyó las denuncias de los manifestantes.
En los videos que muestran la violencia de la policía, e incluso de paramilitares vestidos de civil, son testimonios irrefutables. En un país donde los espacios de viabilidad para la oposición se han cerrado con sangre desde el asesinato del líder disidente del Partido Liberal, Eliécer Gaitán, ocurrido en abril de 1948, el ataque también va dirigido contra aquellas organizaciones que, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), están actualizando los datos de la gigantesca guerra que la oligarquía colombiana libra por todos los medios contra el pueblo; a la sombra de Washington. La JEP es parte del Acuerdo de Paz suscrito en 2016, entre el gobierno presidido por Manuel Santos, y las FARC.
La demolición de esos acuerdos, comenzando con la reforma agraria y pasando por la eliminación sistemática de exguerrilleros y líderes sociales de las protestas que, desde entonces caracterizan la resistencia popular; constituyen un fuerte combustible para las manifestaciones actuales. Iniciada como reacción a la reforma tributaria de Duque, que les quita a los pobres para darles a los ricos, la protesta está adquiriendo características insurreccionales y resaltando una demanda de cambio estructural.
La oposición de izquierda que trabaja en un Pacto histórico para las elecciones de 2022, intenta aprovechar las movilizaciones y evitar un baño de sangre que vislumbran los actuales centros de poder. Los continuos apagones organizados para apuntar a los líderes de las protestas con drones y armas infrarrojas, recuerdan esa bandada de aviones de combate que, mientras se firmaba el acuerdo de paz, se elevaban amenazadoramente en el cielo de Cartagena, el 26 de septiembre de 2016: el anuncio de la formidable campaña puesta en marcha por la derecha durante el referéndum, que ganó el «no» a los acuerdos y llevó a renegociarlos a la baja.
Duque ya ha anunciado que, por serias razones de orden público, podría solicitar el estado de «conmoción interior” que le permitiría asumir plenos poderes.
El candidato que se considera primero en las urnas si las elecciones fueran hoy, es Gustavo Petro, de Colombia Humana. Petro ya habría sido el ganador en las pasadas elecciones presidenciales si todo se hubiera hecho con regularidad y no a través de burdas estafas que, sin embargo, no elevaron protestas del señor Almagro, como por el contrario sucedió en Bolivia; para desencadenar el golpe de estado de 2019 contra Morales.
Uno de los actores del Pacto Histórico es el partido Comunes, actual forma política y denominación que ha tomado esa parte de las FARC que sigue en el Parlamento. Todos piden caracterizar esta fase de la lucha de masas marcando una victoria y al mismo tiempo obligando al gobierno de Duque a desenmascarar aún más su engaño, mostrando su irreformabilidad.
El gobierno envió una invitación para el 10 de mayo al portavoz del Comité Nacional del Paro, Francisco Maltés Tello, con la intención de «escucharnos y avanzar en lo fundamental». Pero nadie cree en la retórica del imbele Duque. Hasta el momento, ni el retiro de la reforma fiscal ni la renuncia del ministro de Hacienda han sido suficientes para despejar la calle.
En espera de la reunión, anunció Maltés Tello, el paro continúa. Y el consenso se expande día a día a sectores empobrecidos por las políticas neoliberales, que desafían el miedo sembrado por los aparatos de propaganda que definen como «vandalismo terrorista» la demanda de un cambio que ya no puede posponerse.
Desde las montañas de Colombia, las FARC-EP Segunda Marquetalia, han lanzado un nuevo comunicado en video para respaldar los motivos de la protesta. En nombre de la guerrilla colombiana, habla Iván Márquez, uno de los comandantes que retomó las armas, por considerar fracasados los acuerdos de paz.
En el último mes, es el segundo pronunciamiento público importante de la guerrilla. El primero dejó claro que los ataques a la revolución bolivariana en el estado fronterizo de Apure, no son obra de las FARC, que se consideran parte del proyecto bolivariano de la Patria Grande. Un concepto que Márquez también recordó en este video-comunicado para hacer un llamamiento a los militares colombianos para que no vuelvan el rifle contra su propio pueblo.
«Maldito sea el soldado que apunte con su arma a su pueblo. La libertad es el único objeto digno de sacrificio en la vida de los hombres”, dijo el Libertador, cuyas hazañas independentistas se celebran en este Bicentenario. Las FARC han señalado como ejemplo «la unión cívico-militar», que en Venezuela constituye el arquitrabe del Socialismo Bolivariano; y han invitado a los militares a desobedecer. Y ya son muchos los pronunciamientos públicos de jóvenes militares que están optando por desobedecer.
“Escuche al pueblo y su clamor, presidente, no mienta y no engañe más – dijo Iván Márquez -. Es cínico de su parte decir que la protesta está financiada por el narcotráfico, cuando es el dinero del narcotráfico recaudado por su amigo el Neñe Hernández lo que le convirtió a usted en presidente de la república,» añadieron las FARC en referencia a la investigación judicial que mostró cómo el conocido narcotraficante había dirigido la campaña electoral de Duque durante siete meses.
“Su padrino político, el innombrable, —continuó Márquez— es el verdadero conductor de este narcoestado, y eso pesa mucho en las negociaciones. Pedimos a la fuerza pública que no se deje utilizar más por unos oligarcas egoístas y violentos que han convertido una institución que, por mandato del Libertador debe defender las garantías sociales, en un ejército privado que piensa en su lucro y su permanencia en el poder. No hay respeto por los uniformados. Pero, ustedes, soldados, policías, pueden ser como Chávez, estar del lado del pueblo y con el pueblo mismo, en la unión cívico-militar. Deben apoyar el acuerdo político nacional para restaurar la verdadera democracia con justicia social y plena soberanía”.
El innombrable es el expresidente Álvaro Uribe, quien parece aguantar todas las tormentas y temporadas, incluidas las numerosas indagatorias judiciales que destacan sus responsabilidades en las masacres en Colombia. En entrevista con CNN, Uribe se mostró nervioso, impugnando también los llamados de la ONU, Amnistía Internacional e incluso la UE, que por una vez no se volvieron hacia Venezuela sino también hacia el invencible vasallo principal de Estados Unidos en el continente latinoamericano:»Todo el mundo se equivoca», dijo, volviendo a defender la “labor” de las fuerzas del orden y los militares, desplegados en las calles y sus «derechos humanos».
Y si ese primer twitter de Uribe fue retirado como instigador de la violencia, en otros posteriores el expresidente siguió haciendo alarde de su doctrina de “guerra civil permanente” y “terrorismo vandálico” como la esencia principal de las protestas, para ser tratado como un problema de seguridad nacional y para considerar a los manifestantes como objetivos militares. En este sentido, es interesante notar cómo Uribe utiliza el concepto de «revolución molecular» en un sentido diametralmente opuesto al que introdujo el filósofo francés Félix Guattari a finales de la década de mil novecientos setenta.
En su visión, Guattari definió la revolución como el resultado natural de la lucha de clases designada para derrocar al capitalismo; trastornando y renovando todos los aspectos de la realidad. Para criminalizar la protesta, Uribe se apoya en cambio en la distorsión del concepto realizada por teóricos de la extrema derecha chilena, quienes luego hicieron escuela. “Debemos resistir -dijo Uribe- a la revolución molecular disipada que impide la normalidad, crece y te rodea”.
Un concepto utilizado por un gurú de los medios de comunicación chileno, el nazi Alexis López, según el cual en Colombia, y también en otras partes de América Latina, se está dando un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal para deconstruir el estado del orden establecido: a través de conductas “que normalizan paulatina y cotidianamente las disposiciones y conductas con miras a alterar el estado de normalidad social del sistema dominante, con el fin de derogarlo y reemplazarlo”.
Con esto en mente, se estaría produciendo un nuevo adoctrinamiento de los jóvenes a través de las redes sociales para llevarlos a nuevas formas de comunismo. Tesis que López también ha difundido recientemente en la Universidad Militar de Nueva Granada.
Gustavo Petro dijo que Uribe y López tienen visiones similares a las de la secta Trumpista norteamericana Qanon. Sin embargo, reposicionado en su contexto adecuado, el concepto de revolución molecular como lo ha escrito Guattari, fotografía las formas de respuesta de clase en el desastre posterior al siglo XX y las formas a través de las cuales se busca una nueva unidad de clase fuera de las representaciones institucionales burguesas, y en los contextos comunitarios del continente.
Los pueblos indígenas colombianos, particularmente afectados por la contaminación y destrucción alternativa del cultivo de coca, de hecho, han sido los protagonistas de anteriores oleadas de protesta que han preparado la actual. La lucha del pueblo colombiano indica el cuadro de problemas y posibles soluciones en esta fase de reinicio global del capitalismo.
“Detrás del miedo, está el país que quiero”, dicen los carteles de los jóvenes que luchan contra el terrorismo de un estado que reivindica su arrogancia; respaldado por el gran gendarme occidental. Y los objetivos internacionalistas están muy presentes en las marchas. Por otro lado, en la economía de guerra de Colombia, en segundo lugar en gasto militar, las relaciones del gobierno colombiano con el israelí se vislumbran en el control del territorio, y la solidaridad de quienes protestan hacia el pueblo palestino es visible en estas luchas.
En Colombia, los pueblos indígenas y afrocolombianos pobres viven, de hecho, la misma situación de apartheid. Cali, una de las ciudades más combativas, tiene el puerto más importante del Pacífico, pero el 90% de sus habitantes es pobre. La ciudad en sí fue diseñada para marcar la división entre ricos y pobres. Sin embargo, estas protestas, que también tienen un fuerte valor simbólico, como sucedió en Estados Unidos, están cambiando la geografía del territorio, reemplazando estatuas y nombres de calles y reclamando espacios. Uno de los nombres más populares es Plaza de la Dignidad. La dignidad de la lucha de clases, que desafía la visión acomodaticia según la cual el mundo está dividido en víctimas y victimarios, como quieren que creamos en Europa.
Y mientras el gobierno acusa al socialismo bolivariano de ser el inspirador de las protestas, circulan carteles que dicen: “entre los manifestantes colombianos se ha descubierto un caraqueño peligroso: un tal Simón Bolívar”.
Concluimos con una invitación a ver un emocionante video filmado en Medellín. Una ciudad colombiana en lucha en la que una orquesta dirigida por una compañera (ya amenazada de muerte), rodeada de una multitud de banderas y carteles, toca la melodía de Inti Illimani, siempre verde: “El pueblo unido, jamás será vencido”. Con el deseo de que se vuelva a tocar también en nuestros países, donde, en vez de pedir poder popular, los jóvenes protestan para poder ir a tomar un aperitivo sin normas de bioseguridad.
