Todo el mundo, apelando al más común de los sentidos que es el sentido común, sabía que con el inicio del año electoral, en la República Bolivariana de Venezuela y también en EEUU, se iban a desarrollar todo tipo de maniobras para alterar la paz nacional y, de no ser posible esto, promover una especie de tenaza, o tutela de los pasos del sistema político o cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Venezolano, como un medio alternativo para influenciar hacia sus intereses estratégicos o lograr lo que no han podido, hasta ahora, por vías de fuerza.
Cúal piezas de un botín de guerra contra nuestra patria, se lanzan discursos y proclamas, se vulneran nuestros derechos, haciéndolos pasar como asuntos propios de otras investigaciones, o abiertamente se afirman cuestiones en forma injerencista no sólo para el Estado Venezolano sino para cualquier Estado del mundo, no por ser escrito acá sino porque así lo dispone ni más ni menos que la Carta de las Naciones Unidas.
Entonces, es evidente que la República Bolivariana de Venezuela no puede aceptar, ni mucho menos tolerar, acciones de este tipo, o que tengan como propósito dañar moralmente al país o socavar sus derechos como Nación, como pueblo o como Estado.
Tres piezas se nos presentan dentro de esta parte de una nueva escalada salvaje, para tratar de socavar la institucionalidad democrática venezolana con acciones básicamente inaceptables e imposibles de ser pasadas por debajo de la mesa:
- El robo definitvo del avión de carga de EMTRASUR, filial de la empresa CONVIASA, luego de la anuencia del gobierno de Argentina y la determinación de la tutelada justicia de esa Nación que, a pesar de no haber podido implicar a ningún miembro de su tripulación vilmente secuestrados y luego liberados gracias a la actuación diligente de abogados y la presión política de Venezuela, decidieron entregarle a EEUU un avión que es patrimonio de nuestra Nación para posiblemente seguir construyendo falsos positivos tendentes a fortalecer esta etapa de escalada, buscando probablemente hacernos ver como Estado promotor del terrorismo.
- La declaración del fundador de la empresa estadounidense de mercenarios Blackwater, Erik Prince, afirmando que su país debe reasumir su rol colonial tomando territorios como el de Venezuela, aprovechando para ello la controversia actual con respecto a la Guayana Esequiba y donde factores militares de EEUU se han puesto del lado de la República Cooperativa de Guyana tratando de fraguar un nuevo despojo; esta vez de parte de nuestra integridad territorial, sumando a ello un conflicto que puede irradiar negativamente en toda la región.
- Un cúmulo sucesivo de declaraciones provenientes de agencias de Naciones Unidas, como la del Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos, que no sólo vienen acompañados de infamias propias del coro de extremistas que tratan de imponer de nueva cuenta una narrativa de Venezuela como Estado fallido y dictatorial, sino además asumiendo posturas reiterativamente violatorias de la Carta de Naciones Unidas, así como de los acuerdos que se han suscrito con el Estado Venezolano; protegiendo a su vez a los autores intelectuales y materiales de nuevas maniobras violentas para alterar la paz del país.
En referencia a este último asunto, y sin entrar a considerar a fondo los dos primeros que son demostrativos de un ejercicio arrogante y monroista que debemos enfrentar con determinación desde la República Bolivariana de Venezuela, la respuesta del Gobierno Bolivariano, como era lógico de esperarse, ha sido contundente y clara.
Se basa la misma en la necesidad de revisar los acuerdos suscritos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante los próximos 30 días, y dar un plazo de tiempo perentorio para el retiro de todo el equipo de la oficina técnica en Caracas, al tiempo de exhortar a una rectificación profunda de esta oficina sobre sus posturas hacia Venezuela.
Esto fue expuesto de manera clara a través del siguiente comunicado:
«La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad.
Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional, que sin condenar estos hechos ni solicitar un alto al fuego inmediato, se mantiene pávida e inerte ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.
En cambio, esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.
Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de `respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados´.
Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.»
En razón de este comunicado, y apelando como escribimos ─al principio de este artículo─ al sentido común; es más que evidente que dentro de esta escalada agresiva en contra de Venezuela y su institucionalidad, factores solapados en agencias de Naciones Unidas y acompañados de factores que pretenden fungir como imparciales Organizaciones No Gubernamentales, se prestan como agentes al servicio de intereses foráneos que han venido promoviendo nuevas acciones de agresión en contra del país, mientras promueven sus actos bajo el barniz de una supuesta «promoción de la democracia y los Derechos Humanos».
Dicha suspensión llega en un momento preciso, cuando Venezuela acciona para impedir que, bajo ninguna circunstancia, solapada o abierta; estos factores procuren alterar la paz nacional, la estabilidad republicana y mucho menos tutelar parcial o totalmente el funcionamiento de las instituciones del Estado venezolano, cómo si fueramos colonia de alguien.
Tal determinación, de manera ineludible, implica plantar cara ante quienes sin tapujos vulneran sus propios compromisos de imparcialidad y actuación apegada al derecho internacional, y además pretenden que nada pase cuando desde infames e inaceptables posiciones tratan de presionar el funcionamiento de un Estado cuya acción está obligada a preservar la paz nacional; más cuando factores extremistas planifican e intentan fraguar nuevas demencias como las que en otros tiempos, incluso en tiempo presente, llevaron a cabo y que a las claras muestran las consecuencias, por ejemplo en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, de una tortura salvaje al cuerpo político, social y económico de nuestro país tan evidentes que ni siquiera estas agencias de propaganda pueden ocultar.
De suyo, es muy claro que la conducta de estos actores debe respetar la autodeterminación y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, si es que pretenden seguir funcionando en el país, donde fueron invitados justamente por el Estado venezolano, desde el Gobierno Bolivariano que hoy, dadas sus evidentes violaciones, les llama a capítulo.
Venezuela no es una colonia, y toca hacer entender esto a quienes transiten el sendero equivocado.
