Como resulta lógico en cualquier análisis histórico, la República de Venezuela, y la República Bolivariana de Venezuela siempre han manifestado temas sólidos y sostenidos en el tiempo, con respecto al diferendo en torno al territorio de la Guayana Esequiba; sobre el que hemos reclamado derechos soberanos ante la Guayana Británica y República Cooperativa de Guyana.
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Dos de ellos tienen que ver, por un lado, con la no aceptación del Laudo Arbitral de París de 1899, cuestión reclamada desde el punto de vista jurídico ante las arbitrariedades cometidas en dicho laudo, básicamente injusto en todo sentido, y desfavorable en el propósito de un acuerdo satisfactorio para ambas partes; así como la componenda que años después fue revelada en su testamento por Severo Mallet Prevost, abogado de la delegación estadounidense que, inciertamente representó, como no lo hizo, los intereses venezolanos.
El segundo aspecto es la clara disposición de resolver este diferendo con el uso de los dispositivos establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se nos reconocen derechos legítimos sobre un territorio cuya diferencia no fue resuelta por un Laudo de París, para nosotros inexistente, írrito y nulo; siendo una posición que jamás se movió del centro estratégico de cada uno de los gobiernos que pasaron por Miraflores, fuese el de Rómulo Betancourt o del Comandante Hugo Chávez; teniendo suficientes elementos de la realidad para demostrarlo.
Pero existe, junto a estos dos, un tercer elemento; y tiene que ver con el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, o de cualquier otro mecanismo jurídico que pretenda inmiscuirse en un asunto que es relativo al interés y necesidad de acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana.
Este elemento, que es consultado en la tercera pregunta del Referéndum Consultivo del venidero 3 de diciembre, posee tres cuestiones afirmadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, cuando hizo su exposición magistral en torno a los aspectos centrales de la actual situación de tensión en nuestra fachada oriental.
En aquella exposición donde reafirmó que sea cual sea la ruta diplomática que se escoja, en el marco del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la misma debe estar previamente «… consensuada, escrita, firmada y aceptada por las partes. Venezuela jamás aceptó la Corte Internacional de Justicia, porque de la Corte Internacional de Justicia jamás va a emanar una sentencia que sea satisfactoria para las partes (…) Guyana procedió de manera unilateral a patear el Acuerdo de Ginebra (…) Como se lo dije personalmente en múltiples ocasiones y consta por escrito. En la Secretaría General de la ONU, en público, en privado, por escrito. Porque cualquier opción tenía que ser firmada por nosotros, por el Gobierno venezolano», el Presidente ratificó estos tres aspectos vitales para entender nuestra postura.
- Es la posición histórica por parte de todos los gobiernos anteriores el no reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia, «solo reconocemos el Acuerdo de Ginebra».
- «El Acuerdo de Ginebra obliga a que si se tomara la opción de la Corte, tiene que ser firmado y aprobado por el Estado venezolano».
- «Los estatutos de la Corte obligan a que los Estados reconozcan la jurisdicción de la Corte para dirimir cualquier controversia, cualquier diferencia».
Y es que la Corte Internacional de Justicia ha entrado en el tema del territorio Esequibo como un tercer factor, bastante cuestionable, tan solo cuando desconoce por completo la existencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 que, de suyo, sustituye los términos del Laudo de París de 1899, documento inexistente que pretenden tomar como base para decidir sobre su validez o no.
Esta instancia entra en el juego político de los factores que pretenden concretar el despojo territorial contra la República Bolivariana de Venezuela, luego que de manera errática los Secretarios Generales de Naciones Unidas: Ban Ki Moon y António Guterres, decidieron remitir este caso a la Corte, obviando los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966. Y un asunto que resulta esencial para poder avanzar en una solución práctica y satisfactoria del diferendo: la aceptación de la República Bolivariana de Venezuela para ir junto a la República Cooperativa de Guyana ante esa instancia.
Como era lógico de esperar, Guyana acudió unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, en marzo de 2018, violando de nueva cuenta el Acuerdo de Ginebra, el cual impone que todo movimiento debe ser consensuado entre las partes y llevado a cabo en tal sentido, para pedir que se pronuncie sobre la vigencia del Laudo de París de 1899.
En plena pandemia, la Corte se declaró competente para juzgar la validez del Laudo arbitral de 1899 que estableció una frontera entre Guyana y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo, en el contexto de la Exxon Mobil y un poderoso lobby petrolero actuando a sus anchas luego de los descubrimientos realizados en 2015.
El alto tribunal de la ONU decidió en aquel momento, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar: “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”.
A las razones expuestas por la República Bolivariana de Venezuela, se suma la natural desconfianza en este tipo de árbitros quienes se presentan como neutrales y transparentes pero generan suspicacias; hoy más visibles que en 1899.
Un ejemplo de ello es la Jueza Presidenta de la Corte, Joan Donoghue, quien ni más ni menos fue parte del Departamento de Estado de los EEUU entre los años 2000 al 2010, pasando luego de varias tareas cumplidas en favor de su Estado, al área jurídica, a formar parte de la Corte Internacional de Justicia donde resultó electa Presidenta en 2021.
Es absolutamente claro que una instancia judicial presidida por alguien cuya base de acciones tiene a un tercer Estado, interesado y la zaga, aupando la escalada amenazante, nada dialogante, de la República Cooperativa de Guyana, como es EEUU a través de sus aparatos petroleros transnacionales como ExxonMobil; y el Comando Sur brindando apoyo militar directo, sin mayores rubores; no puede gozar de confianza de ningún tipo por la República Bolivariana de Venezuela.
Más aún con el antecedente histórico de un Tribunal Arbitral, emitiendo un Laudo que dio vida a un despojo tan evidente y bárbaro, de más de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio venezolano, que en 1966 se tuvo que reconocer a través del Acuerdo de Ginebra, que Guyana ahora pretende negar, a sabiendas no sólo de que es parte de este Acuerdo, sino que también es arbitraria toda la maniobra unilateral impuesta para tratar de entronizar a la Corte Internacional de Justicia como una instancia posible de encontrar una solución «práctica» y «satisfactoria» para «ambas partes», como bien dispone el documento parte del sistema de Naciones Unidas sucrito en febrero de 1966.
Posiblemente con esta convicción clara, y en el contexto de ratificación de nuestra negativa a aceptar a la Corte Internacional de Justicia, es que el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha remitido una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para que rectifique los errores cometidos al activar un mecanismo violatorio del Acuerdo de Ginebra de 1966.
«El secretario general puede hacer mucho si se pone las pilas, puede ayudar a un proceso de retoma del Acuerdo de Ginebra, diálogo directo cara a cara (…) [es necesario que el secretario general] actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra Venezuela (…) [debemos exigir] la rectificación de los errores cometidos que afectan la soberanía de Venezuela», afirmó el jefe de Estado.
Finalmente, y en el convencimiento de que no resulta aceptable dejar de lado el Acuerdo de Ginebra, razón por la cual debemos rechazar a la Corte Internacional de Justicia, tal posición ha sido ratificada por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al asistir ante dicha instancia para defender a la República Bolivariana de Venezuela, tanto en su sistema político en general así como en los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas ante la pretensión guyanesa de conculcar la democracia y el derecho al voto en nuestra patria, ante una instancia jurídica internacional que no tiene fuero para eso; también le ha permitido ratificar la posición histórica en la cual: mientras más nos amenacen, menos nos movemos.
Su exposición lo detalla claramente: «Señora Presidenta; respetados miembros de la Corte. Es un honor comparecer ante ustedes en nombre del pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en este asunto que involucra los más altos intereses constitucionales, históricos e internacionales de nuestra Nación.
Deseo iniciar mi intervención destacando que nuestra participación en esta audiencia no significa, en modo alguno, el reconocimiento de la jurisdicción y competencia de esta honorable Corte sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba ni sobre las pretendidas medidas provisionales requeridas por Guyana, en clara violación de la Carta de la ONU y del Estatuto de esta Corte.
Es inadmisible pretender derogar el orden constitucional de Venezuela impidiendo la realización del referendo consultivo del 3 de diciembre. Venezuela no lo aceptará.
Señora Presidenta; respetados miembros de la Corte.
Como consecuencia del intento de despojo territorial cometido contra nuestra Nación mediante el fraude perpetrado por el Tribunal de París en 1899, Venezuela ha desarrollado una doctrina desde su posición histórica de no someter a decisión de terceros el arreglo de controversias relacionadas con sus intereses vitales, incluyendo la independencia y la integridad territorial. Busca cuidar los intereses más sagrados de nuestra Nación en todos los espacios y mecanismos internacionales.
En el seno de la ONU, desde su creación hasta la actualidad, Venezuela ha realizado 12 manifestaciones expresas de su posición en contra de la jurisdicción obligatoria y automática de la Corte, mostrando así su coherencia en este respecto.
Por tal razón, Venezuela forma parte de los 119 países que no han realizado la declaración prevista en el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte, al igual que países como Estados Unidos de América y la propia República Cooperativa de Guyana.
La postura histórica de Venezuela está expresamente contenida en el Acuerdo de Ginebra de 1966 que no reconoce la sede jurisdiccional como la vía amistosa para el logro de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.»
Es evidente que la solidez de la posición venezolana no va a moverse con respecto a la Corte Internacional de Justicia, decida esta lo que decida.
Ni las bravatas del Presidente de Guyana, ni sus panitas de la Exxon Mobil y el Comando Sur, ni la culipandeada de algunos panas de la oposición haciéndose los locos con su «libre albedrío» acá, sacarán a la República Bolivariana de Venezuela de nuestra posición histórica para enfrentar una trampa jaula dispuesta; como ya sucedió en 1899.
